vitoria - La extinta Agencia para la Revitalización del Casco Histórico de Vitoria, Arich, nació, tal y como su nombre indica, para tratar de insuflar nueva vida a la almendra medieval. Un objetivo loable perseguido con tesón por Gonzalo Arroita, cabeza visible del ente municipal. En el momento de su creación, corría el año 2008 y la palabra crisis aún no producía urticaria entre las autoridades. Se respiraba prosperidad y el optimismo parecía impregnarlo todo, hasta la forma de hacer o no hacer las cosas. Hoy, tan sólo ocho años más tarde y con la Arich liquidada por el Ayuntamiento, empiezan a brotar los problemas. Falta documentación y varios de los acuerdos que se alcanzaron con vecinos y comerciantes del Casco Viejo parecen no haber quedado plasmados jamás en papel. El Síndico de Vitoria, Martin Gartziandia, ha comenzado a recibir reclamaciones vecinales y se ha visto “tremendamente sorprendido” cuando, al solicitar los expedientes a la sociedad urbanística municipal Ensanche 21, heredera de la Arich, no ha recibido respuesta. “No es que no me faciliten la información, es que, simplemente, parece que los documentos no existen”, manifiesta con incredulidad.

No hablamos tan sólo de pequeñas actuaciones de escaso montante que pudieron traspapelarse por un descuido. Nos encontramos ante rehabilitaciones urbanísticas de particulares de hasta 140.000 euros que la Agencia asumió y ejecutó con dinero público pero sin, al parecer, rellenar un solo formulario. Es el extraño caso de un piso perteneciente a una comunidad de propietarios de la calle Chiquita. Su propietario se declaró incapaz de asumir el pago de la reforma que se planteaba por la cantidad anteriormente citada y la Arich recogió el guante.

Realojó al vecino y pagó íntegramente la rehabilitación. El problema es que, como no hay ni un solo papel que aclare los términos en los que se produjo esta operación, nadie se hace cargo del pago del IBI, las basuras y las cuotas de la comunidad desde hace años. La cuenta ya se eleva por encima de los cuatro mil euros de impagos. Nadie sabe quién es, a día de hoy, el titular de la vivienda, aunque en las escrituras sigue constando el anterior dueño, actualmente en una residencia de mayores. Se desconoce si el Ayuntamiento tiene que reclamar la propiedad o qué hacer. Gartziandia pregunta, pero nadie parece ofrecerle respuestas. Los vecinos aguardan desde hace años que alguien regularice la situación ya que ni siquiera pueden realizar la escritura de obra nueva con los volúmenes actualizados. Cansados de esperar, han decidido recurrir a la vía judicial y demandar, pero no queda claro a quién. “Sinceramente, no sé a quién han denunciado”, admite el Síndico al valorar el despropósito administrativo.

Algo parecido sucedió con uno de los caños del Casco Viejo. Una comunidad de propietarios acordó llevar a cabo una rehabilitación y la Arich y el propietario de uno de los bajos que ostentaba el derecho de uso del pasaje en cuestión alcanzaron un acuerdo. Pactaron conceder una subvención para la sustitución de las ventanas de la vivienda a cambio de la cesión del pasillo al Ayuntamiento. La iniciativa formaba parte de un amplio e ilusionante programa de recuperación de los caños medievales emprendido por la agencia municipal. Pasado un tiempo, uno de los residentes comenzó a quejarse de la suciedad e insalubridad que imperaban en el lugar, de manera que en virtud del acuerdo alcanzado, emplazó al Consistorio a limpiarlo. Se buscaron los papeles que atestiguaran el cambio de titularidad y no aparecieron. Gartziandia reclamó la documentación y nadie supo dar razón de la misma. El caño sigue, por lo tanto, siendo propiedad del vecino que no se hace cargo de su mantenimiento. Eso sí, cuenta con ventanas nuevas pagadas con el dinero de todos los vitorianos.

Otra situación diferente, en la que no se da falta de documentación pero que sorprende por su aparente improcedencia, estuvo relacionada con unas obras realizadas en un edificio de la calle Nueva Dentro. El edificio finalmente se desplomó y la Arich, con los fondos públicos que manejaba, costeó el realojo no de un vecino del inmueble, sino del inquilino que ocupaba la vivienda. Una situación con “poco sentido”, según reconoce el defensor vecinal, que se prolongó durante muchísimo tiempo y que alcanzó cotas de surrealismo cuando también se realojó a un segundo inquilino del mismo domicilio. “Lo cierto es que no sé muy bien cómo calificar este caso”, manifiesta Gartziandia.

Lo ocurrido con un pequeño comercio de la calle Pintorería resulta igualmente ilustrativo. La Arich ofreció a las propietarias mudarse a una lonja de la calle Zapatería porque los dueños del local que regentaban querían venderlo y ellas no tenían dinero para pagarlo. Ilusionadas, abordaron la rehabilitación de la nueva ubicación, para lo cual solicitaron un préstamo, pero los planes se torcieron. Se dieron cuenta de que, desde el punto de vista comercial, su nuevo emplazamiento no funcionaba y acudieron de nuevo a la Arich en busca de cobijo. Se les ofreció una nueva alternativa, esta vez en Cuchillería. También había que hacer obras, pero esto no representaba un problema. La agencia adelantaba el dinero que luego repercutiría en el alquiler mensual. Arrancaron el proyecto pero hubo que frenar, porque no había licencia de obra. En ese tiempo les comunicaron que había alguien interesado en comprar el local de la calle Zapatería, pero todavía no podían mudarse a la nueva lonja. Todo estaba a medias y había entrado agua por la parte del caño.

A pesar de que las llaves del local de Cuchillería obraban en su poder, las dos comerciantes no habían firmado nada en absoluto relacionado con este último espacio. Se suponía que iba a producirse un acuerdo de cesión o intercambio de locales supervisado por la Arich y que abrirían la persiana en un mes, pero el traslado nunca llegó a materializarse. “Aparentemente se transmitían locales sin que quedara una constancia documental ni se plasmaran las condiciones. Eso es lo extraño”, aclara el Síndico. Este caso se solventó adecuadamente ya que, como resume Gartziandia, se llegó a un acuerdo con Ensanche 21 y se les facilitó un nuevo local.

El defensor vecinal retoma el capítulo referido a Chiquita, por ser el de mayor trascendencia económica. “Parece que todo esto se veía de otra manera en 2008, pero hoy en día, con la perspectiva que tenemos, no parece serio. Hablamos de cuantías importantes de las que nadie tiene un sólo papel. Si estas cuestiones acaban teniendo más recorrido quizás aparezca algo y todos podamos entender qué ocurrió, pero lo que me manifiestan desde Ensanche 21 es que no hay documentación. Hemos hablado con Intervención del Ayuntamiento y el interventor no controlaba estrictamente las cuentas de la Arich porque no era su competencia. Daba el visto bueno al cómputo anual pero no miraba las facturas. También hemos hablado con la empresa auditora que llevaba las cuentas de la entidad, pero es que todo esto no tiene tanto que ver con una dejación en la custodia de la documentación como con que, realmente, no había documentación. Estoy abierto de corazón a que mañana se presenten los papeles y comprobemos que todo está en orden, pero no aparece nada. En la recomendación que hemos presentado, instamos al Ayuntamiento a que, si hay documentación, la entreguen. Y si no la hay, que realicen las indagaciones oportunas para clarificar esto”, concluye Gartziandia.