Dos décadas después de su puesta en marcha, allá por 1995, la norma foral de concejos, la biblia que rige el funcionamiento de las juntas administrativas alavesas, se ha quedado obsoleta. Asociaciones, partidos y la propia Diputación son conscientes de ello. La diputada de Desarrollo Económico y Equilibrio Territorial, Pilar García de Salazar, apuntaba ya en octubre del pasado año que actualizar la norma sería una de las líneas estratégicas de su departamento para esta legislatura.
Unos días después adelantaba en una entrevista a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA algunas de las novedades sobre las que se sustentaría, como establecer un sistema de control financiero aleatorio para los concejos, similar al del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas con los ayuntamientos, o introducir la figura de la moción de censura ante los presidentes que no cumplen con sus funciones. Mejoras que, entre otras cosas, deberían evitar más casos como el Aretxabaleta, con su presidente en paradero desconocido acusado de desfalco, o el caso de Caranca-Mioma, que acumuló más de dos años sin alcalde pedáneo porque el elegido no quiso tomar posesión de su cargo ni facilitar la entrada de una comisión gestora.
Cuestionada por Patxi Martínez de Albéniz, procurador de EH Bildu, en el Pleno de Juntas Generales sobre el punto en el que se encuentra el proyecto -“la norma está obsoleta y tiene errores y olvidos”, apuntó el juntero-, García de Salazar avanzó su intención de disponer “en enero” del primer borrador para trasladar en marzo el documento definitivo a la cámara foral, con vistas a su aprobación para el mes de mayo o las primeras semanas de junio. Entre medias, instará a los partidos y, especialmente, a las dos asociaciones de concejos, Acovi -que reúne a los de Vitoria- y ACOA -que engloba a los del resto del territorio-, a aportar sus propuestas.
Su objetivo, que la norma entre en vigor antes de que se celebran las elecciones a las juntas administrativas, que tendrán lugar a finales de 2017, cuatro años después de la última cita celebrada el 1 de diciembre de 2013. Por el momento, la diputada de Equilibrio Territorial trasladó a las Juntas las líneas básicas que formarán parte de la renovada norma foral. Una decena de puntos con los que poner al día un sistema que necesita “actualizar algunos aspectos e introducir algunos nuevos para dotar a los concejos de los instrumentos adecuados para las necesidades de hoy en día”. De este modo, dotarán a las juntas administrativas de un sistema de organización interna modernizado que garantice la participación de los ciudadanos, nuevas fórmulas para la elección de los regidores y la constitución de cada junta, los instrumentos necesarios para el acceso electrónico a la información y reconsiderar la figura del padrón concejil, ilógico al existir ya uno municipal.
Los cambios principales, en cambio, tendrán que ver con las medidas citadas: mejorar el control financiero, posibilitar la revocación de un presidente, impedir que un concejo quede bloqueado por inacción, facilitar su equilibrio presupuestario y regular las tasas. Recalibrar la tarta tributaria es, de hecho, la gran petición de ACOA, que exige “una participación fija y de mínimos” de los concejos en el reparto de los impuestos municipales, solicitando el derecho a recibir porcentajes que oscilan entre el 30% y el 100% de los impuestos que se generen en sus respectivos términos concejiles de cinco tributos distintos: el Impuesto de Actividades Económicas , el Impuesto de Bienes Inmuebles, el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras, el tributo sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana y el Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica.
Actualización. La teniente de diputado general y diputada de Equilibrio Territorial, Pilar García de Salazar, anunció su intención de tener finalizado en enero el primer borrador de la nueva norma foral de concejos. Su objetivo es trasladar el documento en marzo a las Juntas para su aprobación posterior en mayo o las primeras semanas de junio.
Cambios. La norma foral que regulará el día a día de las juntas administrativas introducirá cambios para modernizar sus estructuras y su funcionamiento, dotarlas de mejores instrumentos de gestión administrativa, facilitar su equilibrio financiero e instaurar medidas para revocar al presidente de una junta, entre otras.
Tributos. ACOA, la asociación de concejos de Álava, solicita desde hace meses que la nueva norma foral introduzca una nueva regulación tributaria, con “una participación fija y de mínimos” en el reparto de los impuestos municipales. La agrupación considera que los concejos tienen derecho a recibir porcentajes, que oscilan entre el 30% y el 100%, de los impuestos que se generen en sus respectivos términos concejiles de cinco tributos distintos.
La diputada de Equilibrio Territorial adelantó que si nada se tuerce la norma estará aprobada antes de la celebración de las elecciones a las juntas administrativas, a finales de 2017.
1995
La actual norma foral de concejos data del año 1995 y carece del procedimiento a seguir para poner en marcha cuestiones que por entonces no se atisbaron, como establecer mociones de censura contra un presidente.
