vitoria - Gorka Urtaran se puso ayer el traje de negociador, pero no consiguió su propósito: terminar el día llegando a un acuerdo sobre el IAE con EH Bildu. Fue un mal final, porque el equipo de gobierno necesita el pacto para poder sacar adelante sus subidas, o al menos algunas de ellas, en tasas y precios públicos. La izquierda abertzale ya le advirtió hace tiempo de que si rompía el pacto que suscribió el año pasado con el PP y con el PSE para suavizar la presión fiscal sobre las grandes empresas y diseñaba una nueva hoja de ruta para de aquí a 2019 subir el coeficiente hasta 2,20, el tope de la norma foral, se podrían estudiar otros gravámenes que afectan al conjunto de la ciudadanía. De lo contrario, se encontraría con un rechazo frontal y todos esos tributos quedarían congelados. Fue lo que sucedió este miércoles en la comisión y es el escenario con el que arrancará el Pleno de hoy para la aprobación inicial de las ordenanzas fiscales de 2017. Al menos, en principio.
A estas alturas, nadie duda de que el gobierno podría intentar llegar a una alianza de última hora antes de que empiece el Pleno, previsto para las doce. Y tampoco se descarta que esta vez logre su objetivo. Ayer, según ha podido saber DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, no quedó tan lejos. En parte, gracias a la actitud conciliadora de la oposición. EH Bildu e Irabazi -que pese a no tener peso numérico quiere formar parte activa de los acuerdos- se habían reunido por la mañana y habían acordado una propuesta aún más flexible que la que la coalición abertzale había presentado en la comisión del jueves. En vez de un coeficiente de 1,95 para 2017, decidieron ceder un poco más y proponer 1,93 para, a partir de ahí, llegar al 2,20 en 2019. Ése fue el planteamiento que, de acuerdo a las informaciones obtenidas por este periódico, pusieron sobre la mesa cuando ya por la tarde se sentaron a hablar con Urtaran.
La reunión, en la que también estuvo Podemos invitado por el alcalde, discurrió en un ambiente cordial dentro de las circunstancias. Según las fuentes consultadas por DNA, Urtaran mostró su disposición a aceptar la exigencia de los tres partidos de la izquierda de rebajar el volumen de operaciones de dos millones a uno para la aplicación del IAE, como sucede de forma general en todo el Estado. Y parecía, incluso, que podía haber acuerdo con la propuesta de coeficiente de EH Bildu y de Irabazi -la formación morada mantiene su exigencia de aplicar un 2,04-, que existía la posibilidad de dejar los deberes hechos para el Pleno de hoy. Pero entonces, en un momento dado, siguiendo el relato de estas mismas fuentes, Urtaran se ausentó para atender a una persona y al regresar puso una cifra sobre la mesa: 1,90. De ese punto dijo, no se iba a mover. La otra parte se negó a aceptarla, todo el mundo recogió sus bártulos y el encuentro acabó ahí.
Tras la reunión, todo lo que dijo el gabinete de Urtaran a preguntas de este periódico es que iba a hacer números “sobre la recaudación global de los diferentes escenarios que se dibujan”. En realidad, son dos. El de EH Bildu-Irabazi por un lado, que pasaría por subir el IAE y negociar con más facilidad todo lo que no quedó cerrado el miércoles. Y, por otro, el del PP. En la comisión, los populares anunciaron que no estaban dispuestos a aceptar el coeficiente del 1,88 anunciado por el gobierno, cifra que sale de sumar al 1,71 contemplado en el pacto con la patronal alavesa para el próximo ejercicio el incremento medio aplicado al conjunto de tributos, cifrado en un 10%. El acuerdo, según dijeron, no contemplaba ese condicionante. Sin embargo, a lo largo de la tarde de ese día suavizaron su postura. Ahora, ya sí, aceptan el 1,88, aunque manteniendo la aplicación del IAE a las empresas que facturen más de dos millones y sin ningún intercambio de favores.
el precio del autobús Urtaran, por tanto, deberá decidir dentro del margen que le da estar entre la espada y la pared de un gobierno en minoría. Si consigue el acuerdo con EH Bildu antes del mediodía, lo que queda de proceso para la aprobación definitiva de las ordenanzas fiscales podría discurrir mucho más suave. Es posible que salieran adelante las subidas propuestas por el gobierno de entre el 10% y el 15% en las tasas y precios públicos de segundo orden y, a cambio, se facilitaría la negociación de las tarifas de Tuvisa, que han quedado fuera del debate fiscal como en su momento pasó con el IBI.
Los partidos de izquierdas entienden, como el equipo de gobierno, que Tuvisa necesita financiación para adquirir nuevos vehículos y afrontar los futuros retos de la movilidad sostenible. También son conscientes de que, en comparación con las ciudades del entorno, los precios son inferiores. Y además, la legislación estatal obliga a cubrir un porcentaje del servicio que actualmente no se cubre. Ahora bien, prefieren mitigar las subidas. Y han presentado diferentes fórmulas para, según dicen, lograr el mismo objetivo final. EH Bildu plantea que la BAT pase a costar 60 céntimos en vez de los 64 que propuso el gobierno, separar la tarifa de bonificados en dos rangos, manteniendo el precio de este año (once céntimos) para las personas con menos recursos, hacer gratuito el Gautxori con la 30-D y la tarjeta Gazte 26, una subida de 25 céntimos del billete ocasional y de cinco para la 30-D.
Irabazi apuesta por una subida gradual en los próximos tres años, que empezaría en 2017 con un incremento de diez céntimos del billete ordinario, de cinco para la BAT y de dos para los billetes bonificados. Y Podemos insiste en la necesidad de buscar financiación supramunicipal .
Vehículos. Sube un 10%. Se aplican bonificaciones: del 90% los vehículos eléctricos y del 50% los vehículos ECO. Se suprimen las demás. En el caso de las familias numerosas, estas bonificaciones se incrementan un 10% adicional. Los vehículos históricos tendrán una rebaja del 50%.
ICIO. El ICIO se congela. Además, se ha establecido una deducción del 85% para obras que engloben rehabilitación energética y accesibilidad. Hay bonificaciones del 80% para obras e instalaciones que obtengan etiqueta A y del 50% si es de clase B. Se incorpora otra del 80% para aquellas obras destinadas a habilitar puntos de recarga para vehículos eléctricos en garajes de viviendas.
Plusvalía. La plusvalía se fija a partir de una propuesta del gobierno para minimizar el impacto del descenso en la recaudación por este impuesto derivada de la actualización a la baja de los valores catastrales que entra en vigor el próximo año. El Ayuntamiento dejará de ingresar aproximadamente 6.300.000 euros. Supone una bajada media del 35%.
Basuras. En esta tasa se aplica el plan de EH Bildu. Por un lado, un incremento del 3% para viviendas y locales de tamaño pequeño o medio en las áreas de comercio, alimentación, hostelería, clínicas, industrias y restaurantes; del 8% a todos los establecimientos de tamaño grande; y del 15% para bancos e iglesias. Por otro, se firma un pacto por el reciclaje con campañas para duplicar la tasa actual, mejorar la separación de residuos y lograr ingresar de Ecoembes un millón más.
Escuelas infantiles. Se mantienen las tarifas, con gratuidad en el tramo de 0 a 2 años de familias vulnerables.