Vitoria - Cuando los integrantes del clan de los pichis ocuparon una casa en Abetxuko, la titular del inmueble presentó la preceptiva denuncia y se le indicó que la tramitación legal podría llegar a resolverse en el plazo de dos meses. Esta información habría sido correcta en el caso de que la afectada hubiera dado todos los pasos necesarios para permitir que el proceso discurriera por el carril rápido de la ley, pero no fue el caso. De ahí que tuviera que, tras presentar aquella primera denuncia y por indicación de la Fiscalía, presentar un segundo escrito solicitando que se ejecutara el lanzamiento o desalojo de los okupas de manera cautelar. A partir de ahora, con el fin de que este tipo de situaciones no se demoren en el tiempo más de lo necesario, el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava, Josu Izaguirre, ha ordenado a los diferentes cuerpos policiales que actúan en el territorio que ofrezcan información legal detallada a las víctimas de ocupaciones para que puedan ejercer sus derechos de una manera más eficaz.

Tal y como manifestó ayer el fiscal jefe a DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA, a resultas del análisis de la situación registrada en Abetxuko, su oficina ha dictado una orden general dirigida a todas las policías con instrucciones a seguir en el caso de intervenir en un nuevo caso de ocupación irregular de un inmueble. La primera indicación va dirigida a los propios agentes, ya que se les solicita que realicen una tramitación de diligencias urgentes, DUD, lo cual permite que se pueda celebrar un juicio rápido. En el caso concreto de la ocupación de Abetxuko, según constató la propia Fiscalía, no se cumplió este requisito.

La segunda parte de la orden del fiscal conmina a los policías a incorporar dentro de su protocolo de actuación ante estos supuestos la comunicación a los perjudicados de que cuentan con la posibilidad de solicitar a la autoridad judicial la ejecución del lanzamiento como medida cautelar. Las medidas cautelares son disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, con lo cual, en el caso de las ocupaciones de inmuebles, podría agilizar enormemente el desalojo legal de la vivienda. “En los medios de comunicación se ha hablado de dos meses hasta la ejecución del lanzamiento, pero sin la medida cautelar nos podemos ir al año”, puntualizó Izaguirre. Desde el punto de vista técnico, la solicitud se realiza por la vía del artículo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Para demandar este lanzamiento acelerado, los afectados deben acreditar ante los juzgados la titularidad de la vivienda y presentar el escrito de solicitud. A partir de ese momento, queda en manos del juez decidir si concede o no la aprobación. No obstante, la jurisprudencia juega en esta ocasión a favor de los propietarios, ya que existe al menos un precedente de desalojo cautelar concedido a Kutxabank, con lo cual no parece que sea necesario justificar la necesidad de disponer de la propiedad para uso como primera vivienda.

Consultado por si esta tramitación legal es aplicable a todos los casos de ocupación irregular de viviendas, Izaguirre aseguró que sí y señaló que si no se realiza en todas las situaciones es, posiblemente, por desconocimiento. “Cuando los miembros de la asociación se reunieron conmigo no sabían que existía esta posibilidad y les informé al respecto. De ahí que pidiera a la Policía que a partir de ahora se informe a los perjudicados, porque hasta ahora no se hacía”, detalló el fiscal jefe.

periplo legal En cuanto al proceso de tramitación de la denuncia de ocupación de la casa de Abetxuko, Izaguirre explicó que inicialmente recaló en el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria, pero que este se inhibió por considerar que no era competente en esta materia. El viernes por la tarde, la Fiscalía realizó una nueva consulta y comprobó que el asunto había pasado a corresponderle al Juzgado de Instrucción número 2, aunque no había incoado diligencia alguna aún.

Al día siguiente, sábado, el presidente de la asociación de vecinos Uribe Nogales de Abetxuko, Óscar González, acompañó a los titulares del inmueble ocupado a presentar el nuevo escrito que pide la ejecución del lanzamiento judicial como medida cautelar ante el Juzgado de Guardia -se daba la circunstancia de que este fin de semana estaba de guardia el Juzgado de Instrucción número 2-, pero según aseguró, no se lo admitieron a trámite. Ante esta situación, el fiscal jefe les aconsejó que lo presentaran en el Registro General para que éste, a su vez, lo derivara a la sala competente.

En cuanto a la denuncia presentada por la responsable de la panadería de Abetxuko que fue objeto de un intento de robo cometido al parecer por varias mujeres jóvenes pertenecientes al grupo de personas que habita la casa ocupada del barrio, Izaguirre aseguró que él únicamente tiene conocimiento de la presentación de la misma ante la Ertzaintza a través de los medios de comunicación, pero que la Fiscalía aún no ha recibido ninguna comunicación a este respecto.

Mientras tanto, los vecinos continúan con sus protestas pacíficas, paseando todos los días ante la casa que ha sido ocupada. Aunque la tensión se mantiene, los paseantes no han caído en lo que consideran provocaciones por parte de los okupas, quienes aseguran haber mejorado las condiciones de la vivienda. De hecho, el alcalde de Vitoria, Gorka Urtaran, aplaudió públicamente la semana pasada su comportamiento cívico y aseguró que, en cuanto exista una orden judicial el Ayuntamiento actuará “con contundencia”. Los responsables municipales ya se han entrevistado con el grupo de ocupantes de la vivienda para exponerles su postura y comunicarles que sus expedientes se encuentran en Bilbao, por lo que es imposible que reciban ayuda alguna por parte del Consistorio. Ellos, por su parte, les han asegurado lacónicamente que no quieren problemas.

Orden de la Fiscalía. Dentro de las competencias de la Fiscalía, existe la posibilidad de emitir órdenes para que sean aplicadas por los cuerpos de policía que actúan en un determinado territorio.

Diligencias urgentes. La primera parte de la orden que el fiscal jefe de Álava ha trasladado a las policías con jurisdicción en el territorio va dirigida específicamente a los agentes. Les pide que, ante nuevos casos de ocupación irregular de viviendas, tramiten las diligencias por vía urgente. Así, permitirán que se celebre juicio rápido y se agilizarán los trámites.

Asesoramiento legal. La orden también pide a los policías que informen a los perjudicados por una ocupación de que pueden presentar un escrito solicitando a la autoridad judicial la ejecución del lanzamiento como medida cautelar, lo cual recorta enormemente los plazos. Si el juez encargado aprueba la medida, puede llegar a lograrse el desalojo en dos meses. Sin recurrir a esta alternativa, los tiempos legales pueden dilatarse hasta un año.

Jurisprudencia. La jurisprudencia está del lado de los propietarios ya que, al menos en una ocasión, Kutxabank ha solicitado y obtenido la aprobación de un lanzamiento como medida cautelar.

El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Álava asegura que todos los afectados por la ocupación de un inmueble pueden solicitar esta medida. Para evitar que no se pida por desconocimiento, ha emitido la orden a las policías.