En suspense. El compromiso que el Ayuntamiento de Vitoria adquirió para poner coto a las contrataciones de empresas vinculadas con paraísos fiscales está en ‘stand-by’. La concejal de Hacienda, Itziar Gonzalo, reconoció a preguntas de Irabazi, grupo impulsor de la iniciativa que salió adelante en el Pleno del 22 de julio, que todavía no se ha llevado a cabo el plan solicitado por mayoría municipal.

El plan. El objetivo del plan era controlar la situación tributaria de las compañías para dejar fuera de cualquier procedimiento a todas las que se demuestre que tienen una relación irregular con estados de regímenes laxos y poder romper peras si, realizada la adjudicación, se detectaran maniobras ilegales.

UE y “excusas”. Según Gonzalo, no existe todavía directiva europea que se pueda trasponer a una administración local, pero aseguró que se está haciendo seguimiento de los avances de la UE para aplicar medidas en cuanto haya seguridad jurídica de que no se atenta contra la libre concurrencia. Al portavoz de Irabazi, Óscar Fernández, las justificaciones del gobierno le sonaron a excusas. Puso ejemplos de otros ayuntamientos, como el de Barcelona, que ya han puesto límites y los están aplicando sin, de momento, contratiempos.

Vitoria - Fue un comienzo expectante el de la comisión de Hacienda de ayer. Por los pasillos del Ayuntamiento había corrido el runrún de que si EH Bildu daba el visto bueno sin aspavientos a los mismos puntos que había cuestionado en la sesión de septiembre -modificaciones presupuestarias propuestas por el equipo de gobierno para restituir los 4.000 euros que sacó hace meses de varios convenios para cuadrar ingresos y gastos- “es que ya tienen un acuerdo de ordenanzas fiscales y de cuentas”. Y así sucedió. Enfáticas expresiones como “si ponen un euro, nosotros dos huevos duros”, “esto no es un concurso de ideas” o “¿y por qué no en vez de un euro dos o 2.000?” de la anterior vez pronunciadas por el concejal Antxon Belakortu, responsable en su grupo de los asuntos relativos a las arcas públicas, dieron paso a la aprobación de los procedimientos con una brevísima intervención de su colega Ane Aristi para justificar el sentido del voto por el bien de esos colectivos “aunque esto es un apaño presupuestario y seguimos cuestionando las formas”.

Quienes habían predicho el cambio de actitud de EH Bildu tras meses de duras críticas compartieron gestos de complicidad. En cualquier caso, será dentro de muy poco tiempo cuando se sepa, a ciencia cierta, si la postura conciliadora de la izquierda abertzale fue el guiño inequívoco de la reedición de las alianzas del primer año de legislatura. Ayer a mediodía, el alcalde convocó una Junta de Portavoces extraordinaria para informar a todos los grupos municipales de que iba a poner en marcha ya la tramitación del proyecto de ordenanzas fiscales con la idea de tener los deberes terminados para antes del periodo navideño y poder comenzar 2017 con nuevos impuestos, tasas y precios públicos.

Como el tiempo apremia, y no sólo por la necesidad de que las ordenanzas entren en vigor el 1 de enero sino porque con el último cambio normativo los sábados computan, el primer paso se dará hoy mismo. A las 8.00 horas habrá una Junta de Gobierno para aprobar el proyecto de ordenanzas fiscales que han preparado nacionalistas y socialistas. Y a las 12.30, tendrá lugar una comisión extraordinaria de Hacienda. La idea inicial del gabinete de Gorka Urtaran era acordar en esa sesión el calendario de tramitación, presentar el documento y empezar a intercambiar impresiones. “Es lo que se ha hecho siempre”, explicaron a este periódico fuentes municipales. Sin embargo, como los grupos han pedido unos días para estudiar la propuesta, se aplazará el debate al lunes de la semana que viene, con una nueva comisión a las 10.30 horas.

El proceso, por lo demás, seguirá el curso habitual. La oposición dispondrá de quince días, a contar desde hoy, para preparar sus enmiendas al proyecto de ordenanzas fiscales. Un plazo de tiempo en el que podría fraguarse, si es que no se ha empezado a cocinar ya, el acuerdo entre el equipo de gobierno y EH Bildu. Una posible alianza que sumó el primer eslabón con el acuerdo del IBI de 2017 y un segundo con la aportación de 110.000 euros a Udalbiltza. Se trata de una partida que el grupo liderado por Miren Larrion logró incorporar al presupuesto de este año y que ha puesto en pie de guerra al PP, que se pregunta cómo es que si la situación económica del Ayuntamiento es tan difícil se ha ofrecido soporte a la asociación de municipios de la izquierda abertzale antes que aplicar, por ejemplo, a toda la ciudadanía una reducción en el impuesto de bienes inmuebles mayor acorde a la bajada del valor catastral.

El trámite de las ordenanzas fiscales acabará por definir, al menos por un año más, los bandos del Ayuntamiento. Gorka Urtaran reconoció ayer, a preguntas de este periódico, que “ha habido conversaciones con algunas formaciones”, pero matizó que han sido “generales, no de forma concreta” porque su objetivo es “respetar el debate”. Pronto se sabrá si es así. A finales de octubre tendrá lugar una nueva comisión de Hacienda para poner en común las enmiendas de los grupos y votar. El documento resultante será llevado a Pleno para su aprobación inicial, luego tendrá lugar su exposición pública y el plazo de alegaciones ciudadanas y, finalmente, el Pleno de ratificación definitiva. “Un poco antes de Navidad”, puntualizó.

El alcalde confía en cuadrar un proyecto que “tenga en cuenta la situación de las familias y también la del Ayuntamiento, con la prioridad de garantizar los servicios públicos”. El esbozo presentado en julio planteaba subidas moderadas en basuras, impuesto de vehículos, el billete de Tuvisa y el IAE, a cambio de bajadas del IBI y del IAE. Puro equilibrismo financiero para que el Ayuntamiento vaya recuperando, poco a poco, músculo económico y poder contar con un presupuesto que garantice la calidad de vida de la ciudadanía, acelere iniciativas de promoción económica y ayude a modernizar Gasteiz .