vitoria - La Diputación ha trasladado tanto a Osalan, el Instituto Vasco de Seguridad y Salud Laboral, como a Inspección de Trabajo, la denuncia que los trabajadores de la planta de clasificación de envases de Jundiz pusieron sobre la mesa el pasado jueves en las Juntas Generales, donde relataron que los problemas de higiene, con “miles de ratas” campando a sus anchas, las malas condiciones laborales y el tóxico ambiente de trabajo en general que sufren desde hace meses no ha variado un ápice pese a sus protestas ante la empresa.

El recinto, de propiedad foral pero gestionado por la UTE compuesta por FCC y Yárritu, recibe los residuos que los alaveses depositan en los contenedores de reciclaje amarillos, alrededor de 5.000 toneladas al año. A cambio de su gestión, la adjudicataria percibe 1,5 millones de euros durante diez años por el control de la planta. Una cantidad de dinero “considerable”, admitió ayer el diputado general, Ramiro González, que llega directa de las arcas públicas y que sin embargo no parece ser suficiente para que la UTE mantenga la planta y a sus empleados en las condiciones adecuadas.

Ante esta situación, el diputado general apuntó que “el mismo día de la comparecencia de los trabajadores, el Departamento de Medio Ambiente y Urbanismo dio traslado a Osalan y a Inspección de Trabajo de su contenido para que inicie, si lo considera oportuno, las investigaciones correspondientes para saber si esa denuncia responde o no a la realidad”. Un proceso, la posible investigación, que la Diputación confía en que “se realice con la mayor celeridad posible”.

Mientras tanto, el ejecutivo foral anunció que ha incrementado los controles de la actividad de la planta porque “si se demuestra lo que dicen los trabajadores” la UTE estaría incumpliendo el contrato, pues los dos empleados, Ernesto Villate y Qamel Benkaddaour, manifestaron el jueves que el proceso de separación de residuos se realiza de forma inadecuada para alcanzar una baja tasa de fracción rechazo, obteniendo un reciclaje deficiente. Además, ambos insistieron en que la presencia de ratas se mantiene constante desde hace más de un año, cuando presentaron las primeras denuncias al respecto, y aseguraron que el mal ambiente con los responsables de la UTE ha provocado situaciones de acoso y humillación. Benkaddaour, de hecho, acabó ingiriendo una garrafa de lejía como forma de protesta tras una fuerte discusión con los encargados, debiendo ser trasladado al hospital de Santiago.

Extinción del contrato A la espera de que Osalan e Inspección de Trabajo determinen si abren una investigación -los primeros realizaron una inspección hace un año relacionada con la proliferación de ratas, aunque entonces consideraron que se trataba de un problema esporádico-, la problemática situación descrita hace unos días por los dos empleados de la planta de Jundiz ha provocado también la presentación, por parte de EH Bildu, de una moción para su debate en las Juntas Generales en la que se insta a la Diputación a “poner en marcha el procedimiento para la suspensión del contrato existente con FCC y Yárritu”, gestoras del recinto de reciclaje desde 2013. Un documento en el que la coalición abertzale propone además que a partir de ahora sea la propia institución foral la que asuma la gestión de la planta, en lugar de sacar un nuevo contrato a adjudicación.

Al mismo tiempo, desde los grupos junteros de Podemos y el Partido Popular han reclamado la comparecencia del diputado foral de Medio Ambiente y Urbanismo, Josean Galera, para que explique a la Cámara foral si su departamento conocía la situación denunciada por los dos trabajadores de una planta que, curiosamente, en 2014 fue renovada con una inversión de casi medio millón de euros para la adaptación y mejora de los equipamientos y lograr una mayor eficiencia en el tratamiento de residuos.