Vitoria - En noviembre una moción de las Juntas Generales impulsada por el llamado bloque de izquierdas -EH Bildu, Podemos e Irabazi- instaba a la Diputación alavesa a elaborar un nuevo plan de reforma fiscal para el nuevo curso. La propuesta con una fecha de caducidad fijada para el 31 de marzo, fue descartada por el gobierno foral, al considerar completamente innecesario, e inapropiado, acometer una reforma de la fiscalidad en el territorio cuando el último pacto, firmado en diciembre de 2013 por PNV, PSE y PP, apenas podía aportar aún conclusiones claras sobre su beneficio, al ser demasiado reciente. Ahora, en una fecha aún por concretar de octubre, la Cámara foral acogerá el primer debate sobre los posibles cambios en la fiscalidad alavesa.
Tras finalizar el plazo propuesto al ejecutivo de Ramiro González, EH Bildu, Podemos e Irabazi iniciaron de forma conjunta los trabajos para elaborar su propio borrador de reforma fiscal, una iniciativa que acabó cristalizando en cuatro normas forales para alcanzar “una fiscalidad más justa y progresiva”, aseguraban. Los tres partidos consideran necesario “abrir el melón de la fiscalidad del territorio para garantizar unos servicios públicos en cantidad suficiente y de calidad, así como para poder reducir las diferencias sociales”, porque el sistema fiscal que rige en Álava “es insostenible a medio plazo” y derivará “en una constante privatización de los servicios”, por lo que reclaman al ejecutivo foral “un ejercicio de transparencia” para avanzar en la igualdad, “acabar con los privilegios” fiscales mediante impuestos progresivos, y lograr que “quien tenga mayor capacidad económica contribuya más”.
Los tres grupos políticos plantean introducir cambios en el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Patrimonio, que quieren rebautizar como Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas. Sobre este último, el pasado martes, el diputado general, Ramiro González, anunció que, aunque el gobierno foral se opone a la propuesta de estos tres partidos, que entre otras cosas introduciría un gravamen que abonarían aquellos alaveses con rentas que superen los 600.000 euros anuales, al considerarla “inapropiada y desajustada con la realidad de nuestro territorio”, el Consejo de Diputados acordó posicionarse a favor de la toma en consideración de la reforma por parte de las Juntas Generales.
Un visto bueno “a la tramitación de la norma para facilitar su debate en las Juntas y que cada grupo se posicione, aunque estamos totalmente en contra del contenido de esa reforma porque colocaría en desventaja a los contribuyentes alaveses respecto a los territorios vecinos”.
Para la Diputación, cambios como eliminar el escudo fiscal en el Impuesto sobre el Patrimonio, el límite que establece que la cuota íntegra del Impuesto sobre el Patrimonio y la del IRPF no pueden superar el 65% de la base imponible general y el ahorro del IRPF, podría llevar a muchas personas a verse obligadas a vender su patrimonio para pagar los impuestos, pues según señalan el citado escudo está pensado para proteger a las personas con renta baja y un patrimonio que no sobrepase ciertos parámetros, como sucede con los pensionistas.
Sobre el Impuesto del Patrimonio, según los datos de recaudación fiscal del año pasado un total de 609 alaveses disponen de un patrimonio superior al millón de euros, y junto a ellos otras 1.027 personas contarían también con un patrimonio suficiente para abonar el nuevo impuesto sobre la riqueza y las grandes fortunas que EH Bildu, Podemos e Irabazi quieren implantar en Álava en sustitución al actual, aunque asumen que “el impuesto de grandes fortunas no tiene una gran repercusión en la recaudación, pero creemos que debemos dar ejemplo”.
De cualquier forma, la propuesta de reforma fiscal del bloque de izquierdas que mayor revuelo ha causado tiene como protagonista al IAE y el Impuesto de Sociedades, que se ha topado con la rotunda oposición de los empresarios del territorio, especialmente cuando la propuesta de EH Bildu, Podemos e Irabazi encontró el 22 de junio el apoyo del Partido Popular, que unió sus votos a los de estos tres partidos para que las Juntas Generales debatan en las próximas semanas la posibilidad de abordar una modificación en ambos impuestos. No porque el PP se muestre partidario de secundar la propuesta de la izquierda en sus mismos términos, sino por que la iniciativa pueda ser debatida en la Cámara foral.
Desde SEA Empresarios Alaveses mostraban entonces su “preocupación” por las “nefastas consecuencias que un incremento de la presión fiscal tendría en la economía alavesa y el empleo” ante los borradores elaborados por los tres partidos citados para el IAE y el Impuesto de Sociedades, al que también proponen rebautizar como Impuesto sobre el Beneficio de las Empresas.
La patronal incidió en que la “controvertida” propuesta que se abordará en las Juntas Generales “supone una clara pérdida de la competitividad de las empresas alavesas en un momento de especial trascendencia para dejar definitivamente atrás las severas consecuencias de la crisis”, además de “reforzar la lenta pero progresiva recuperación del empleo” en Álava. Algo que “supondría un nuevo varapalo fiscal”, especialmente “para las pymes y micropymes”, por lo que, de encontrar nuevamente el apoyo suficiente en la Cámara foral, se crearía un escenario “alarmante” para las empresas del territorio, pues entre las medidas que forman parte del borrador “destacan un recorte de deducciones como las referidas a la inversión en investigación y desarrollo, una progresividad del Impuesto de Sociedades y elevar el coeficiente general del IAE”.
recaudación Tras un primer semestre asentada en números negativos, la recaudación fiscal en Álava inició la segunda parte del año revirtiendo la tendencia económica. Un primer paso hacia el extremo contrario que en julio arrancó con una subida del 2% para las arcas forales y que con los datos de agosto en la mano, los últimos disponibles por ahora, confirmaban el cambio de tendencia, con un nuevo incremento de casi el 3% hasta alcanzar un montante total en lo que llevamos de año de 1.206,2 millones de euros. Con todo, habrá que esperar a la próxima reunión del Consejo Vasco de Finanzas, que tendrá lugar el próximo 14 de octubre, para que la Hacienda alavesa anticipe, junto al resto, la previsión con la que esperan cerrar el año, que aunque no llegará al 5% previsto inicialmente la institución alavesa prevé concluya en términos positivos.
Entonces, llegará el momento de poner las cartas sobre la mesa y debatir si es necesario acometer una reforma fiscal en Álava en profundidad, como reclaman los grupos de izquierdas, o bastará simplemente, como apunta el gobierno foral, con abrir un debate entre los tres partidos que sellaron la última reforma para introducir algunas mejoras.
El debate, entonces, estará servido. Más impuestos para recaudar más y poder invertirlo en políticas públicas o, por el contrario, reducir la carga impositiva para facilitar mayor inversión privada que facilite, a su vez, una mayor recaudación. Sea como fuere, hay que tener en cuenta que en Euskadi y en España la presión fiscal está por debajo de la media de la Unión Europea, según se desprende de los datos aportados por Eurostat, que es el servicio estadístico comunitario.
En concreto, la presión fiscal del Estado en 2014 (ingresos totales en relación al PIB) representó el 37,8% de la riqueza nacional. Esto se traduce en que de los 28 socios europeos en tan sólo cinco (Bulgaria, Irlanda, Letonia, Lituania y Rumania) se recauda menos que en el conjunto estatal. De hecho, la media de ingresos públicos en la UE se sitúa en el 45,2% del PIB, que se eleva hasta el 46% en la Eurozona. Es decir, la recaudación española se sitúa a la cola unos 80.000 millones de euros menos. Una circunstancia que se reedita en Euskadi en términos relativos.
Normas forales. Los tres grupos políticos del bloque de izquierdas (EH Bildu, Podemos e Irabazi) plantean “abrir el melón de la fiscalidad” e introducir cambios en el IRPF, el Impuesto de Sociedades, el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre el Patrimonio, que quieren rebautizar como Impuesto sobre la Riqueza y las Grandes Fortunas.
Críticas. Desde SEA Empresarios Alaveses mostraban antes del verano su “preocupación” por las “nefastas consecuencias que un incremento de la presión fiscal tendría en la economía alavesa y el empleo” ante los borradores elaborados por los tres partidos citados para el IAE y el Impuesto de Sociedades.
Presión fiscal. En Euskadi y en el resto del Estado la presión fiscal está por debajo de la media de la Unión Europea, según se desprende de los datos aportados por Eurostat, el servicio estadístico comunitario.
5%
La Diputación viene señalando desde hace meses que no se cumplirá la previsión inicial de recaudación, que anticipada un incremento del 5%. Sin embargo, desde el gobierno foral señalan que la cifra será positiva en cualquier caso.
