vitoria- Quedan, desde hoy, dos días para que el gobierno de Gorka Urtaran cobre el IBI a las VPO con la repentina y polémica subida del 28%. Eso, o 48 horas para apagar la mecha, reconducir el conflicto y evitar que el Ayuntamiento explote como un polvorín. Todo dependerá de lo que suceda mañana a partir de la una y media. Los grupos políticos se reúnen en un Pleno extraordinario y urgente, solicitado por toda la oposición con el único propósito de conseguir que el equipo de gobierno dé marcha atrás a los más de 20.000 recibos afectados por la revisión de los valores máximos de venta. Se trata de la última intentona tras semanas de críticas públicas, reuniones internas baldías y propuestas rechazadas.

Ningún partido de la oposición se ha resignado a creer que el proceso no se puede detener, por mucho que el alcalde haya insistido en que la única opción ya es buscar soluciones a posteriori. Los recelos vienen de abril, cuando la ciudad entera supo a través de una exclusiva de este periódico que el IBI de las VPO se iba a disparar. Urtaran tuvo que reconocer la mayor, pero alegó que la culpa de la subida la tenía el PP porque en 2012 solicitó a la Diputación una revisión de los valores máximos de venta dentro de su Plan de Lucha contra el Fraude y, para justificar su silencio, dijo que hasta marzo no supo que había habido una actualización al alza que afectaría a 2016. Ahí es donde empezó la secuencia de versiones. El ejecutivo foral aseguró que transmitió las modificaciones en septiembre de 2015, de cara a que el Ayuntamiento notificara la subida del tributo a los contribuyentes para el año siguiente. El primer edil continuó defendiendo su teoría pero, lejos de buscar una solución, giró los recibos mientras la oposición le pedía tiempo para encontrar alguna argucia que permitiera evitar el cobro con ese 28% de incremento. Y ahora, a un suspiro del fin de la cuenta atrás, hay dos sobre la mesa.

EH Bildu, Podemos e Irabazi van a presentar una moción conjunta por la que piden que el gobierno de Urtaran respete los valores públicos del primer día del periodo impositivo, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 16 de la Norma Foral. Ahí se dice que “el impuesto se devenga el primer día del periodo impositivo”, que el periodo impositivo “coincide con el año natural” y que las variaciones “de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en los bienes gravados tendrán efectividad en el periodo impositivo siguiente a aquél en que tuvieran lugar”. Por tanto, si es cierto que las modificaciones fueron comunicadas en marzo y, en cualquier caso, el Ayuntamiento no informó oficialmente a las familias hasta abril de los cambios, estos tres grupos entienden que por ley hay que aplicar la base imponible de enero, anterior al incremento, y dejar la subida para 2017.

El PP, por su parte, defiende congelar el recibo este año “mediante el fraccionamiento en Junta de Gobierno y una posterior bonificación en la ordenanza fiscal”, sin necesidad de implicar a la Diputación ni de modificar ninguna norma. Es una fórmula diferente en las formas, pero exactamente igual en el fondo. Los cuatro partidos están de acuerdo en que la subida no se puede cobrar porque no se comunicó de forma correcta, porque es abusiva y porque se ha producido antes de la entrada en vigor de los nuevos valores catastrales, que con seguridad conllevarán para el resto de viviendas unas drásticas bajadas. Y los cuatro siempre acaban igual sus intervenciones. “Se trata”, dicen, “de voluntad política”.