vitoria - La de ayer fue una ponencia de fiscalidad informativa y fugaz. Apenas hora y media de reunión para presentar a los grupos un dossier de 17 páginas sobre el Impuesto de Actividades Económicas, con su evolución a lo largo de los años y el impacto que tiene en las arcas municipales. Otra cosa será cuando llegue el momento de debatir y acercar posturas. Se trata de un gravamen para las empresas con más de dos millones de euros de facturación al año que abre viejas y nuevas heridas, como quedó demostrado cuando el gobierno de Gorka Urtaran buscó en el PSE y el PP el acuerdo para rebajarlo. Fue una decisión controvertida, que puso en pie de guerra a los partidos de la izquierda. Con ese pacto, que redujo el coeficiente del 2,2 al 1,146, el más bajo de al menos la última década, el Ayuntamiento de Vitoria ingresará este año a través del IAE alrededor de 8,5 millones de euros. Apenas el 9,6% de los ingresos tributarios en un año que pinta francamente complicado.

La intención del equipo de gobierno es, no obstante, buscar la forma de aumentar la recaudación del IAE para 2017 y ejercicios venideros. Aunque el acuerdo con socialistas y populares mantiene congelado el coeficiente el año que viene, sí que existe la opción de aplicar la subida genérica de los principales impuestos. Y el PNV baraja aprovechar esa puerta abierta porque, presión de la patronal aparte, dentro del Ayuntamiento contaría con el apoyo de la mayoría de la Corporación. De todos los grupos salvo el PP, que ha reconocido estar inquieto por cómo podría crecer la presión sobre los negocios más potentes de la ciudad. “Sólo la propuesta barajada para el IBI supone la subida del tipo en un 66,6% y eso es preocupante”, alertó.

Pero el gabinete de Urtaran parece tener las ideas claras. De hecho, también valora la posibilidad de “revisar el límite de actividades no sujetas a este impuesto por no superar determinados límites de volumen de operaciones”, cuestión en la que coincide con el ala izquierda del Ayuntamiento. A la salida de la ponencia, Podemos destacó cómo el informe elaborado desde Hacienda evidencia que “hay campo de actuación para que Gasteiz tenga un IAE más justo, rebajando a un millón la cantidad desde la que se empieza a facturar, pero también aumentando el índice por situación, porque lo que no es lógico es que las grandes empresas paguen 5.000 euros de media por este impuesto”.

Irabazi se sumó a la petición y añadió su deseo de que, si no en 2017, para 2018 el Ayuntamiento aplique un incremento en el coeficiente hasta alcanzar el tope de la Norma Foral, el 2,2. Fue precisamente el que se fijó en 2015, año en que se ingresaron más de 14 millones a través del IAE, y aunque el gobierno de Urtaran no ha sido tan contundente su informe sí que apuesta por “recuperar en próximos años la línea de subida seguida en ejercicios precedentes” en las actividades económicas mientras mitiga el impacto que puedan sufrir las familias a través del IBI o las plusvalías.

La subida del IBI de las VPO, este año. Los grupos políticos quedaron el miércoles en que el gobierno remitiría una nueva carta a la Diputación para que aclarara definitivamente si era posible atrasar la subida del IBI en las VPO a 2017, ya que la oposición interpretaba, de acuerdo a la Norma Foral, que había margen porque el Ayuntamiento no había notificado la revisión de los valores máximos de venta en 2015. Sin embargo, no ha habido tiempo ni de empezar a escribirla. Ayer, el titular foral de Hacienda, José Luis Cimiano, salió al rescate de Gorka Urtaran y afirmó con contundencia que el incremento no puede aplazarse porque los recibos se han de girar ya conforme al padrón cobratorio de 2016.

El portavoz de la Plataforma por un IBI justo criticó la gestión del equipo de gobierno tras la presentación de dos recursos: uno para que se dé marcha atrás al giro de los recibos del IBI a las VPO y otro para que la plusvalía se adapte a los valores catastrales reales.