agurain - Vecinos de Salvatierra han vuelto a alzar su voz exigiendo “el derribo inmediato” y la descontaminación de la fábrica de Curtidos en la localidad. El riesgo que supone la situación de las instalaciones y los continuos retrasos que acumula su demolición ha llevado a colectivos de aguraindarras a iniciar acciones para garantizar la salud de los vecinos.
La fábrica Curtidos Salvatierra vivió su mayor esplendor en la década de los noventa del pasado siglo. De aquella factoría, que daba empleo a un buen número de familias, apenas quedan varios edificios ruinosos e importantes cantidades de residuos contaminantes y peligrosos fruto de la actividad de antaño. Lo que comenzó siendo un proyecto urbanístico para trasladar la fábrica a la zona industrial y rehabilitar el terreno para construir viviendas, pronto se ha convertido en un quebradero de cabeza para la empresa propietaria de los terrenos, para el Ayuntamiento y para los residentes en la zona. En ese sentido, voces vecinales creen que “éste se ha convertido en un problema medioambiental y social”.
Los citados portavoces están dispuestos a acudir allí donde se les pueda dar una solución y en los próximo días remitirán distintos escritos al Gobierno Vasco y a la Diputación Foral de Álava para su implicación en la resolución del “grave problema ambiental, social y urbanístico” que supone la fábrica.
Sea como fuere, lo cierto es que los vecinos no descartan emprender las acciones necesarias para velar por su seguridad “no sólo por la contaminación de los terrenos, sino también por el mal estado de las instalaciones”. Según explican los residentes de la zona, “en 1998 comenzamos a habitar en las viviendas contiguas de Curtidos. En documentos urbanísticos tramitados por el Ayuntamiento en el año 1997 se planteaba un período de seis años tras el que se trasladaría la empresa. Han pasado 18 años desde que habitamos estas viviendas y 13 años desde el incumplimiento de dicho compromiso”.
La actividad industrial cesó en el año 2009 y desde entonces las instalaciones han ido deteriorándose a pasos agigantados. Con la empresa cerrada el problema medioambiental sigue latente pese a la cercanía de los pisos y del cauce del río Urzabal, afluente del Zadorra. Fue su estado lo que provocó que las instalaciones fueran declaradas en ruina por decisión municipal en marzo de 2015.
“En el año 2013 impulsamos una recogida de firmas con el objetivo de lograr compromisos de los propietarios y el Ayuntamiento para solucionar el problema”. En pocos días, se recogieron más de 1.300 rúbricas. Actualmente los propietarios de los terrenos son una empresa constructora, con un 66,32%; la sociedad Txingurrimendi formada por los antiguos trabajadores, con un 31,18%; y el propio Consistorio de la localidad, con un 2,49%.
En un informe encargado sobre el inventario de materiales abandonados durante la pasada legislatura por la administración local de Salvatierra se señala la presencia de más de 1.600 toneladas de material contaminado y fibrocemento con amianto. Pese a que una parte de las instalaciones están valladas, los vecinos consideran que “éstas no garantizan la seguridad de las personas, porque no impide el acceso al interior de estas instalaciones”. “La gestión de los residuos es responsabilidad de los causantes y subsidiariamente de los propietarios de los terrenos”, señalan los vecinos que vieron algo de luz al final del túnel cuando en 2014 el Consistorio logró el permiso del Gobierno Vasco para demoler los edificios y descontaminar el suelo, cuyo coste se presupuestó en 450.000 euros. Para poder ejecutarla se necesitaba disponer del importe total, pero la sociedad de trabajadores Txingurrimendi se encontraba en concurso de acreedores y el Ayuntamiento se comprometió a adelantarle esa parte que recuperaría en la subasta posterior. La empresa constructora propietaria del 66% de los terrenos “se negó a abonar la derrama”, según explican los vecinos y el Ayuntamiento recurrió a la vía de apremio con el apoyo del Departamento foral de Hacienda.