Gasteiz - El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, y Javier Maroto, ahora en el gabinete de Rajoy, tendrán que resarcir a Vitoria con 400.000 euros, más intereses, junto al resto de miembros del gobierno de la legislatura 2003-07, por el perjuicio económico causado a las arcas públicas durante su mandato. Dinero que -si el recurso del PP no prospera- ingresarán en la cuenta del Ayuntamiento gasteiztarra que, por cierto, presenta un importante agujero económico. Dinero que, según la sentencia del Tribunal de Cuentas, viene a compensar el daño causado hasta ahora al bolsillo de los gasteiztarras al alquilar unos locales de la calle San Antonio a un precio muy superior al que la ciudad tendría que haber pagado. Dinero que, sin embargo, los vitorianos, mediante el pago de sus impuestos, seguirán abonando puntualmente cada mes al conocido empresario Gonzalo Antón porque el contrato sigue en pie, ya que se firmó por veinte años y si el Ayuntamiento lo rescindiera de forma unilateral tendría que pagar una indemnización millonaria, a pesar de que la sentencia del máximo órgano fiscalizador censura claramente esta operación económica. Por tanto, Vitoria seguirá sufriendo durante los próximos años las consecuencias de la mala actuación del gobierno del PP, según corroboró ayer Gorka Urtaran.
El alcalde calificó como “demoledora” la sentencia que condena a Alonso y Maroto, entre otros representantes políticos del PP, ya que el fallo les acusa de cometer una “negligencia grave” durante su mandato y “les responsabiliza directamente” del daño económico hecho al Ayuntamiento de Gasteiz con su decisión, un perjuicio que el Tribunal de Cuentas tasa en 400.000 euros, más intereses, perdonándoles otros 50.000 únicamente porque ya han prescrito. Pero “desde el punto de vista ético y moral deberían pagarlos”, opina Urtaran.
Así las cosas, el regidor jeltzale anunció ayer que el Ayuntamiento impugnará el recurso de apelación que prepara el PP al no compartir el fallo de la Justicia, dijo Maroto. De hecho, los abogados de los populares preparan ya la argumentación de un recurso, cuya deliberación final, espera Maroto que se dé a conocer antes de las elecciones del 26J. Recursos al margen, para Urtaran, la sentencia demuestra que “el contrato de las oficinas de San Antonio sólo beneficia al empresario Antón”, y que lo que tienen que hacer ahora Alonso y Maroto es abonar al Ayuntamiento los 400.000 euros, dar la cara explicando lo ocurrido y pedir perdón a los vitorianos por el daño causado. Deja el alcalde en manos de la Justicia decidir o no si el contrato de San Antonio es un caso de corrupción o no, así como la responsabilidad de Gonzalo Antón en este negocio.
La condena a Alonso y Maroto por el caso San Antonio ha estallado en plena precampaña electoral. Las críticas a la actuación de los dos exalcaldes populares se han sucedido desde que el pasado viernes se conociera el fallo y no sólo dentro del ámbito local de Gasteiz sino también a nivel estatal. Desde las filas del PP se defienden como pueden subrayando que “esto no es corrupción”. El propio Maroto extendió culpas ayer en las redes sociales: primero, argumentando que el contrató se firmó en condiciones “lesivas” para Vitoria porque así lo aconsejaron los técnicos y, en segundo lugar, denunciando que es el PNV quien tiene 26 imputados en su partido por corrupción por cobro de comisiones para los que se piden 458 años de cárcel y más de 63 millones de euros en multas, en referencia a los casos Hiriko y De Miguel. A lo que el presidente del ABB, José Antonio Suso, respondió que Maroto, que acostumbra a pedir dimisiones en actuaciones “ni tan siquiera parecidas a la actual”, que ahora “se aplique el cuento”. E ironizó sobre el hecho de que el vicesecretario sectorial del PP haya estado el fin de semana en Estocolmo viendo el Festival de Eurovisión y, quizá por eso, no ha dado la cara. “Siempre he dado la cara por mi ciudad y por mis ideas, con la cabeza muy alta. Y lo voy a seguir haciendo. Y luchando contra la corrupción”, contestó Maroto.
El eco de la sentencia también ha llegado al Congreso de los Diputados, desde donde el socialista Patxi López pidió a Alonso y Maroto que se apliquen la misma receta que pedían para la exalcaldesa valenciana Rita Barberá cuando fue imputada: “Lo curioso es escuchar a Maroto pedir la dimisión de Barberá y otros imputados en casos de corrupción y cuando le toca a él no asumir ningún tipo de responsabilidad”, declaró. Quien no se ha pronunciado hasta la fecha es el ministro en funciones Alonso. Tampoco el empresario Antón, quien ayer señaló a través de su gabinete de prensa, que hay un contrato vigente y nada ha cambiado tras la sentencia, por lo que nada tiene que declarar. El contrato de alquiler de los locales de San Antonio se firmó en 2007 con Alonso en la Alcaldía de Gasteiz. Tras una comisión de investigación en el Ayuntamiento se concluyó que el gobierno del PP rubricó unas condiciones mucho más onerosas para el Ayuntamiento que las establecidas por los técnicos municipales. Conclusiones con las que el Tribunal de Cuentas ha acabado dando la razón a quienes denunciaron aquel contrato al entender que la ciudad abona a Gonzalo Antón más dinero de lo que debiera por el arrendamiento de San Antonio.
Y únicamente beneficia al empresario Gonzalo Antón. Es la conclusión que extrae el alcalde de la sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a pagar 400.000 euros a Alonso y Maroto.
Se defiende Maroto, quien ayer dijo que “no comparte” la sentencia del Tribunal de Cuentas ni considera que el de San Antonio sea un caso de corrupción.
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Millones de euros supuso el monto global de toda la operación de alquiler de las oficinas de la calle San Antonio, propiedad de Gonzalo Antón, con incrementos de hasta el 9% del IPC cada año. El local dispone de casi mil metros cuadrados de espacio.
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Mil euros al mes, excluido el IVA, paga aproximadamente cada mes el Ayuntamiento por los locales después de que Maroto renegociara con Antón las cuotas cuando era alcalde y el caso saltó a la arena estatal.
