gasteiz - El cronómetro se ha detenido. Ante el rechazo de los partidos de la oposición a la propuesta del gobierno municipal de subir el tipo del IBI del 0,222% al 0,37%, ayer el PNV ofreció pedir a la Diputación alavesa que retrase a septiembre la notificación a los vitorianos del valor catastral de sus casas, junto con los nuevos tipos que se acuerden y la cuota final que habrá que pagar en 2017. El gabinete Urtaran quería solventar el asunto antes de las vacaciones de verano, y alegaba razones jurídicas para ello, pero al parecer el tope legal es el 31 de diciembre, y por ello se ha decidido parar, tomar aire, y debatir con calma sobre este impuesto, para satisfacción de EH Bildu, Podemos e Irabazi.

Hace falta tiempo, además, porque el equipo de gobierno aceptó ayer la exigencia de los grupos de izquierda el Pleno municipal de debatir todos los impuestos en su conjunto. El PNV presentó en la reunión de ayer una propuesta de un solo tipo del 0,37%, frente, por ejemplo, al 0,32% para viviendas y el 0,41% para otros usos que planteaba EH Bildu; o el 0,3% y 0,355% que proponía Podemos; y visto que no era posible salir de la ponencia con una cifra concreta, el gobierno resolvió que los técnicos saquen la calculadora, estudien los efectos reales y concretos de cada propuesta, y sobre esas cifras ya trabajadas se negocie con cierta calma hasta las vacaciones. El gobierno cree, en todo caso, que no es viable legalmente habilitar dos tipos diferentes, y esa duda también es necesario solventarla.

Así, el próximo día 12 habrá una nueva reunión, ya sin un calendario tan estricto como el fijado hasta ahora y se irá informando a los grupos de los efectos que tendrían en los bolsillos de los ciudadanos cada una de las propuestas planteadas.

Había además otra espinosa cuestión que tratar en la reunión de ayer, la de la subida del IBI de las VPO en un 30% de media, este mismo año. El gobierno municipal se comprometió a buscar una manera legal de congelar el impuesto, o a lo sumo subirlo mínimamente. Por ejemplo, el PP planteaba fraccionar este año el impuesto, para dejarlo como estaba, y cobrar el resto en mayo del año que viene. Entonces se aplicaría una bonificación del 30% y la subida quedaría anulada. EH Bildu, por su parte, planteaba sus dudas jurídicas sobre la legalidad de subir el IBI a las VPO según una actualización que llegó al Ayuntamiento con el 2016 ya empezado y que no se notificó a los afectados. La coalición proponía, ante la inseguridad jurídica, iniciar el procedimiento de cobro a 1 de enero, con las cantidades que habría correspondido pedir antes de la actualización.

En esta cuestión del IBI a las VPO la postura de toda la oposición en conjunto era una e inflexible. PSE, PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi se negaban a avalar un incremento tan acusado al impuesto, y ahora se tratará de buscar la manera legal de hacerlo.

La convocatoria de la ponencia de fiscalidad era uno de los pasos clave del plan del nuevo gobierno municipal vitoriano para revertir los problemas financieros estructurales que arrastra desde hace años la Hacienda municipal. El PNV pretendía fijar una guía de actuación para todos los tributos que establezca subidas paulatinas y proporcionadas. Ha sido a la hora de entrar en el detalle de cada tributo cuando el equipo de gobierno se ha topado con las reticencias de toda la oposición.