vitoria - La jueza argentina María Servini, que instruye la causa que investiga los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil, ha solicitado tomar declaración a 19 exaltos cargos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado español durante la dictadura franquista. Entre ellos, los acusados de ser los responsables intelectuales de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando la Policía Armada disparó contra centenares de obreros en huelga, matando a cinco de ellos.
Así, Servini quiere escuchar su versión sobre los hechos de aquel día del exministro de Gobernación en el Gobierno de UCD Rodolfo Martín Villa; de Alfonso Osorio García, ministro de presidencia entre 1975 y 1976; o de Jesús Quintana, capitán de la Policía Armada al mando en Gasteiz el día que se abrió fuego contra los huelguistas reunidos en la iglesia de Zaramaga.
Servini, titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, ha enviado un exhorto en el que solicita que su petición sea cursada a la Audiencia Nacional a fin de que las declaraciones indagatorias puedan celebrarse entre el 4 y el 22 del próximo mes de abril.
Además de a Martín Villa y a Osorio, la jueza quiere interrogar al ex ministro de Franco José Utrera Molina (suegro del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), al expolicía Antonio González Pacheco, Billy el Niño, o al excapitán de la Guardia Civil Jesús Muñecas. Servini dirige su investigación también contra Antonio Carro Martínez (ministro desde 1974 a 1975), José María Sánchez Ventura (ministro en el último gobierno franquista), el abogado Carlos Rey (antiguo capitán auditor del cuerpo jurídico del Ejército) por redactar la sentencia de Salvador Puig Antich; Antonio Troncoso (coronel auditor del Cuerpo Jurídico Militar); al jurista Fernando Suárez González; al exjuez Jesús Cejas Mohedano; y al médico Abelardo García Belaguer.
Además, investiga a los antiguos miembros de las Fuerzas Armadas Jesús González Reglero, Ricardo Algar Barrón, Félix Criado Sanz, Pascual Honrado, Jesús Martínez Torre, Benjamín Solsona Cortés, Antonio González Pacheco y Jesús Muñecas.
La magistrada invoca el artículo 40 del tratado de extradición y asistencia judicial firmado entre España y Argentina a fin de arbitrar los medios necesarios para tomar declaración a los investigados e instar en las comparecencias a que aclaren respuestas “confusas”, así como repreguntar aquellas cuestiones que “no hayan sido debidamente contestadas”.
En concreto, acusa a Utrera Molina y Carro de haber convalidado con su firma la sentencia de muerte de Salvador Puig Antich en 1974. La hermana del último condenado en el garrote vil en España es una de las querellantes de la causa. Al ex ministro de Presidencia Antonio Carro le acusa de convalidar la sentencia de muerte de Puig Antich y de los últimos fusilamientos del régimen franquista el 27 de septiembre de 1975 en Madrid, Barcelona y Burgos, en las que fueron ejecutados José Humberto Baena Alonso, José Luis Sánchez Bravo Sollas, Ramón García Sanz, Juan Paredes Manot, y Ángel Otaegi.
Contra Sánchez Ventura se dirige por haber firmado las sentencias de muerte de los últimos fusilamientos del régimen franquista, al igual que contra Fernando Suárez.
Además de estos cargos políticos, la querella se dirige contra antiguos miembros de las Fuerzas Armadas, auditores del Cuerpo Jurídico del Ejército o un médico ginecólogo acusado de sustracción de menores. Abelardo García fue denunciado por el caso de Flor Díaz Carrasco, quien busca a su hermano desaparecido el 6 de noviembre de 1967 en el Hospital Municipal de La Línea de la Concepción, donde García trabajaba como ginecólogo. - E.P. / Foto: Josu Chavarri
