El diputado general de Álava, Ramiro González (PNV), ha informado hoy de que la institución foral alavesa no podrá pedir penas para los acusados en el llamado "caso de Miguel", ya que el juez "no permitió en su momento" que se personara como acusación particular.
Vitoria. La Fiscalía de Álava pide más de 54 años de cárcel y 25 millones de euros de fianza para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de 27 delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.
El fiscal la apertura de juicio contra un total de 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés, para quienes pide 32 años de cárcel, respectivamente.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Diputados, el diputado general ha aclarado, a preguntas de los periodistas, que "pese a los intentos del gobierno que encabezó Xabier Aguirre (PNV)" para personarse como acusación particular, el juez sólo permitió la personación de la Diputación como actor civil.
De este modo la entidad foral alavesa sólo podrá participar en el procedimiento "en la parte de las responsabilidades civiles", y no podrá solicitar penas para los acusados.
González ha recordado además que la Diputación de Álava se ha personado en el procedimiento judicial a través de una letrada que designó el anterior gobierno del PP encabezado por Javier De Andrés, y que mantiene "plena confianza" en dicha letrada, y "en su valía".
En este sentido ha explicado que lo que le ha pedido a la letrada es que cuando se produzca la vista oral "defienda el interés público y el de la Diputación Foral de Álava por encima de todo".
González no ha querido opinar sobre la petición de penas del fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, pero sí ha pedido la máxima celeridad en el proceso", ya que "cuanto antes se conozca la verdad será mejor para todos".
