vitoria - La aprobación del Real Decreto 954/2015 sobre prescripción, indicación y uso de medicamentos ha generado una importante controversia y muchas dudas entre los profesionales sanitarios alaveses durante las últimas semanas. Consciente del “desencuentro” y el “enrarecimiento” de las relaciones que se ha generado, el Colegio Oficial de Médicos de Álava ha decidido clarificar su postura ante el polémico decreto impulsado desde Madrid habida cuenta de que las principales organizaciones médicas estatales sí lo han apoyado en su integridad. Lo hace después de que varios profesionales médicos de la atención primaria vitoriana mostraran su desacuerdo público con el decreto a través de un escrito firmado y rechazaran, además, “la postura oficial de apoyo que ha tomado el Colegio en este asunto” , como avanzó DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA.
La entidad, que a su vez ha distribuido una nota informativa entre sus colegiados, defiende que la prescripción de cualquier medicamento sujeto a receta debe ir ligado a un diagnóstico, que “determinado por ley y por el sentido común es potestad y competencia del médico”, pero al mismo tiempo apoya la actual indicación de fármacos por parte de la profesión enfermera, siempre sujeta a protocolos. “Como se ha venido haciendo hasta ahora, exactamente igual. Como sucede con el Sintrom o con la heparina con pacientes oncológicos”, explica en declaraciones a este periódico Kepa Urigoitia, presidente del Colegio.
La entidad, incluso, cree que se debería elaborar un listado concreto de medicamentos y productos sanitarios ahora sujetos a prescripción médica para que sean “susceptibles de pasar a ser de indicación enfermera”, tomando como base las actuales funciones de este colectivo profesional. Un listado que debería ser, en todo caso, consensuado entre los Consejos Generales de Médicos y Enfermería y validados después por la autoridad correspondiente. Una cuestión “sumamente importante” a juicio de Urigoitia. En el escrito repartido entre los médicos, en todo caso, su entidad defiende que, excluyendo ese posible listado, la indicación, uso y autorización de fármacos sujetos a prescripción por parte de la enfermería “deben quedar acotados a situaciones específicas que se puedan derivar de guías o protocolos consensuados”, y “siempre previa prescripción del médico que emite el diagnóstico”. Por otra parte, considera “innecesaria” la adquisición de una acreditación por parte de la enfermería para la dispensación de medicamentos y productos no sujetos a prescripción, donde entrarían, aunque parezca increíble, desde una venda a un paracetamol.
El Colegio considera también importante “dejar claras cuáles son las competencias propias” de cada profesión, definir sus funciones y dotarlas con los medios necesarios para que los diferentes colectivos puedan seguir trabajando de forma satisfactoria. “La Sanidad está avanzando porque lo está haciendo de una manera pluridisciplinar, no basada en compartimentos estancos. Es un trabajo en equipo. Eso lo defendemos y lo defenderemos siempre. Y la norma debe favorecer que esto siga así, porque el beneficiario es el paciente”, remarca Urigoitia. Su entidad, acompañada por las organizaciones colegiales de Gipuzkoa y Bizkaia, darán cuenta de esta postura compartida este próximo lunes en el Parlamento Vasco en una comparecencia conjunta.
La norma impulsada por el Gobierno central, que trata de poner orden en esta actividad, condiciona la indicación de los fármacos por parte del gremio enfermero a la adquisición de una acreditación específica durante un régimen transitorio de cinco años, tanto los sujetos a prescripción médica como los que no. En el segundo de los casos, en el de esos medicamentos y productos sanitarios con receta, el Decreto establece que el facultativo siempre debe determinar previamente el diagnóstico, la prescripción y el protocolo o guía práctica a seguir antes de que el profesional enfermero autorice su dispensación.
Estos y otros aspectos de la norma han situado en un limbo legal algunas de las funciones que cotidianamente ha cumplido la enfermería en perfecta coordinación con los médicos, han derivado en su impugnación ante el Tribunal Supremo por parte del Sindicato de Enfermería (Satse), han sumado también un recurso contencioso administrativo del Gobierno Vasco y, de paso, han viciado el ambiente a pie de hospital y centro de salud.