Vitoria - El presidente del PP de Álava, Javier de Andrés, exigió ayer una “completa revisión” de la ley que regula la Renta de Garantía de Ingresos porque la actual, insistió, “permite que se produzca fraude e injusticia social”. De Andrés, en una comparecencia ante los medios de comunicación, se refirió a una respuesta del Gobierno Vasco a una iniciativa de su grupo en el Parlamento de Vitoria sobre las revisiones de oficio hechas por Lanbide a los perceptores de ayudas sociales.
El año pasado, el Servicio Vasco de Empleo revisó más de 19.000 expedientes de los casi 65.000 existentes, entre los que detectó un 47,5% de irregularidades. En los dos años anteriores, se revisaron otras 14.000 y 12.000 expedientes, con irregularidades en el 55% y el 71% de los casos.
A juicio del presidente de los populares alaveses, estos datos “exigen” una modificación de la ley porque demuestran que el “fraude” en las percepciones de las ayudas sociales llega casi al 50%, sostuvo.
Esta constatación de casos de personas que rechazan trabajos o los abandonan, que no declaran patrimonio, que no tienen su residencia en el País Vasco o que no declaran vínculos familiares con otras personas con las que conviven para cobrar dos RGI demuestran, según De Andrés, que lo que el PP ha venido denunciando era “absolutamente cierto”.
Por ello, pidió al Gobierno Vasco que pida “disculpas”, no tanto a su partido sino a los que se “movilizaron” para promover una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la RGI, cuya normativa actual “permite que se produzca fraude”.
Insistió en que hay fraude en un 50% de los casos, que hay una mala gestión, con pagos indebidos de 100 millones de euros, y una injusticia y “agravios” con una ley que “va dirigida a unos colectivos que se benefician de ella, pero que perjudica a otros que tienen tanta o más necesidad”.
De Andrés exigió al Gobierno Vasco que reconozca “lo mal que ha hecho las cosas” en esta materia y que proceda a una “completa revisión” de la ley. - Efe
