gasteiz - Por cada euro de inversión pública en dar empleo a enfermos mentales en Álava retornan a la sociedad en forma de beneficios sociales y económicos 5,35 euros. Ésta es una de las conclusiones del estudio elaborado por la Asociación Alavesa de Familiares y Personas con Enfermedad Mental (Asafes) sobre la actividad de una treintena de personas del Centro Especial de Empleo (RAEP) de la capital alavesa.
Este estudio constata que este centro ha recibido subvenciones y ayudas públicas por un importe superior a los 126.000 euros y que el retorno social y económico ha sido de casi 678.000 euros. Este retorno viene dado, entre otras cosas, por el ahorro en prestaciones por desempleo, de pensiones no contributivas y en los servicios sociales y sanitarios.
También se estima que se ha producido un ahorro de casi 192.000 euros relacionado con las familias de los enfermos, por oportunidades laborales que han podido aceptar y el ahorro directo en costes de cuidado. En ese sentido, se calcula que en el conjunto del Estado la repercusión de las enfermedades mentales tiene un coste total anual superior a los 3.000 millones de euros.
RAEP, el centro de rehabilitación de enfermos psíquicos que ha servido de referencia para elaborar este informe, es el único centro especial de empleo en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV) que trabaja exclusivamente con personas con enfermedad mental en ámbitos laborales relacionados con la limpieza, la jardinería, los servicios auxiliares, el manipulado industrial y la venta de prensa.
Participación de instituciones Al acto de presentación de este informe en las instalaciones del Palacio de Congresos Europa asistieron representantes institucionales de la Administración autonómica, de la foral y del Ayuntamiento de la capital alavesa. Todos ellos coincidieron en resaltar la importancia de la colaboración entre las administraciones y el denominado “tercer sector”. El director general de Lanbide, Adolfo Alustiza, recordó que el Gobierno Vasco destina 70 millones de euros a centros especiales de empleo para ayudar a la empleabilidad de unas 10.000 personas. En ese sentido, explicó que el reto fundamental de los poderes públicos en esta materia es pasar del empleo protegido para estas personas al empleo ordinario, así como implicar a las empresas en el desarrollo de la responsabilidad social.
Por su parte, el viceconsejero de Salud del Gobierno Vasco, Guillermo Viniegra, apeló al desarrollo del espacio socio-sanitario en Euskadi y puso en valor la rentabilidad de la inserción laboral de las personas con más dificultades para el acceso al mercado de trabajo.
Aparte, la diputada foral de Servicios Sociales, Beatriz Artolazabal, y la concejala de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Vitoria, Nerea Melgosa, coincidieron en la conveniencia de intensificar la colaboración entre las administraciones públicas y el tercer sector para el beneficio de las personas con mayores dificultades. - Efe / Foto: Josu Chavarri
