Vitoria - Después de una legislatura marcada por los desencuentros y la tensión entre la plantilla del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) y la Diputación alavesa, una relación que terminó dinamitada por completo, el relevo al frente del Ejecutivo foral constituyó un bálsamo en toda regla. Sin embargo, la recuperación del buen clima entre ambas partas parece haber durado poco tiempo. El detonante, los primeros pasos dados por la Diputación para remodelar la residencia de ancianos de Amurrio, cuyas instalaciones serán mejoradas en materia de accesibilidad y seguridad. Las obras, en principio, se extenderán durante cinco meses y tendrán “consecuencias” tanto para los usuarios del centro, como para sus familiares y los trabajadores.

Así lo denunció ayer la Junta de Personal de IFBS, integrada por los sindicatos CCOO, ELA, LAB, Satse, ESK y SAE, que censuró que las propuestas de los trabajadores del centro en relación con la dependencia de sus mayores y el tipo de ayudas que necesitan en el marco de una residencia en obras “han ido directamente a la papelera”. “La diputada -Beatriz Artolazabal-, la gerente y la subdirectora de área no ven personas sino números y les importa muy poco la calidad del servicio”, criticaron las centrales.

Los sindicatos denunciaron que, como consecuencia del inicio de las obras, se ha procedido al “despido” de ocho funcionarias interinas. “El personal estaba a la espera de contestación a su propuesta de dejar la residencia con cinco auxiliares de enfermería en el turno de mañana, tres de tarde y una de noche y una enfermera en el turno de mañana y tarde adecuado a la situación. La respuesta desde la gerencia y la subdirección de área ha sido una llamada de teléfono informando que ese mismo día se produce el cese de las primeras personas que van a la calle”, puntualizaron las centrales.

El tercer punto censurado por los sindicatos es que, mientras duren las obras, las personas que van a ser trasladadas a otros geriátricos -17 de las 36 que actualmente están en Amurrio- irán “al sector privado”, a las residencias Albertia, Caser, Murguia, Ariznabarra, Ajuria, Txagorritxu, Oion y Agurain. “El PNV sigue negociando al igual que lo hizo el PP en la anterior legislatura con los recursos sociales enviando los beneficios al sector privado”, advirtió la Junta.

Los trabajadores del centro también denunciaron a última hora de la tarde, mediante una dura carta, la actitud “soberbia” de la Diputación: “Sabíamos que se iban a producir obras de mejora y que de alguna manera nos iba a afectar. Lo que no podíamos ni imaginar era que nos iban a informar con siete días de antelación sin poder opinar ni tomar parte en el proceso. Ése es el tiempo que nos dieron para lanzar alguna propuesta. Antes de recibir una respuesta se va llamando al personal interino para rescindir sus contratos”, criticaron. Se trata, a su juicio, de una forma de actuar basada en “hechos consumados” y que “desde luego no tiene en cuenta a estas trabajadoras”, a quienes “se utiliza como si fueran un objeto”.