Vitoria. El tribunal también ha acordado en una sentencia hecha pública hoy absolver a las otras cuatro personas vinculadas con dos empresas de publicidad y marketing -SAA y FATCO- que estaban también imputadas en este proceso.
El Ministerio Público pedía para estas cuatro personas seis años y un día de cárcel por falsedad en documento oficial, estafa y fraude al entender que colaboraron para distraer esos fondos.
La Fiscalía consideraba que Jiménez, -al que se le acusaba de varios delitos, entre ellos estafa y fraude-, y los otros cuatros imputados idearon un "mecanismo engañoso" en las subvenciones a empresas concesionarias de transporte deficitarias con el propósito de "defraudar" a la Diputación de Álava.
Para ello se elaboraban facturas "ficticias" con unos gastos de publicidad "desorbitadamente exagerados" por servicios en algunos casos "inexistentes".
Este juicio se celebró a finales del pasado junio después de que el Tribunal Supremo acordara en 2014 anular, tras un recurso de la Fiscalía, un fallo de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava que sobreseyó la causa al considerar que no había indicios racionales de que los cinco imputados hubieran cometido delito.
Ahora, la sección la sección segunda de la Audiencia Provincial de Álava absuelve a todos los acusados y afirma que el trabajo de publicidad existió y se acreditó en el juicio, y que además el "contenido de lo facturado se correspondía con la realidad del trabajo encomendado".
El tribunal recuerda que esas facturas pasaron "todo tipo de controles" en la Diputación Foral de Álava durante seis años y considera que el incremento de la facturas estuvo justificado por el aumento en las líneas de transporte y la elaboración de una "información global" de las mismas que hasta el momento no se había hecho.
Por todo ello, el tribunal "descarta" la existencia de falsedad y estafa a la Diputación de Álava y añade que se han analizado las cuentas de todos los acusados sin que se haya encontrado un "beneficio o lucro económico".
Contra esta resolución cabe interponer recurso de casación ante el Tribunal Supremo.Durante la vista oral Jiménez reivindicó la honradez de su actuación y negó cualquier fraude.
Jiménez fue destituido el 22 de noviembre de 2006 de su cargo en la Diputación alavesa, que también se personó en esta causa y se sumó a las penas solicitadas por la Fiscalía.
