gasteiz - Una de las principales preocupaciones de los grupos de la oposición en el último tramo de la pasada legislatura era qué iba a pasar con Tuvisa, la sociedad municipal de transportes. El anterior alcalde, Javier Maroto, recortó en 5,5 millones de euros el dinero que reserva el Consistorio para la empresa en 2015, y se encendieron las alarmas, pues con ese recorte en la asignación este mismo verano la compañía se iba a ver sin dinero para pagar nóminas y combustible. Ayer su gerente, María José Ajuriaguerra, compareció ante los grupos municipales, junto con los responsables de las demás sociedades municipales, y lanzó un mensaje tranquilizador.

Tuvisa precisaba en 2015 de 17,6 millones de euros y en la prórroga se consignaron sólo 16,4 millones, pero debido a que los ingresos en la sociedad han aumentado este año (entre otras cosas porque sigue creciendo el número de usuarios), y a que ante la época de vacas flacas que se avecinaba la gerencia pospuso algunas inversiones, las necesidades rondarán a final de año los 17 millones justos, por lo que el desvío presupuestario no será muy importante. Eso sí, habrá que esperar para renovar la muy envejecida flota de autobuses de la capital alavesa.

El problema de la sociedad es más bien de tesorería. Cada mes, Tuvisa, que es una empresa deficitaria, le dice al Ayuntamiento cuánto dinero necesita, y el Consistorio lo toma de la partida habilitada al efecto, la que se ha visto recortado en los citados 5,5 millones. “Necesitamos crédito para llegar a septiembre”, dijo Ajuriaguerra al respecto. El crédito llegará, porque los autobuses no se van a quedar aparcados en las cocheras, pero la cuestión es de dónde, de ahí que los problemas en torno al transporte público sean más cosa del propio Ayuntamiento que de la empresa.

El PP lo quería sacar de Amvisa, una empresa pública que sí da dinero, pero que a medio plazo tiene que renovar buena parte de la tuberías de la ciudad y que necesita de fondos para acometer las necesarias inversiones, como recordó también ayer su gerente, Ángel Llamazares. En todo caso, todos los grupos salvo el PP están en contra de organizar un asalto de envergadura en la sociedad, entre otras cosas porque la UE dice que el dinero que genera el agua se gasta en el agua, y por ello la opción de retirar 10 millones de euros de Amvisa para cubrir los gastos de Tuvisa y otros, como quería Maroto, queda definitivamente descartada.

Comparecieron también ayer los responsables las otras dos sociedades municipales, Ensanche 21 y Gilsa, también participada por el Gobierno Vasco. En el primer caso, su gerente, Iñaki Díez Unzueta, dibujo un panorama muy similar al ya conocido, aunque quizá desde dentro de la empresa ven el vaso medio lleno, al contrario de lo que ocurre en la Casa Consistorial. Díez Unzueta confirmó que Ensanche 21 debe entre 15 y 17 millones de euros a la caja común municipal, el cash pool, a causa de la encomienda de gestión de los realojos de Aretxabaleta, Errekaleor y Olarizu. Eso sí, también puso en valor la “elevadísima solvencia” de la empresa pese a haber duplicado su plantilla tras absorber la Arich, y los 178 millones de euros que posee en fondos propios. Claro que esos fondos no son dinero contante y sonante, sino pisos y parcelas imposibles de vender a día de hoy. En ese sentido, el gerente de la empresa señaló que el mercado inmobiliario vitoriano presenta signos contradictorios en los últimos meses, pero para nada “es un sector en quiebra, se sigue urbanizando y las empresas que siguen son más fuertes y solventes”.

Gilsa, por su parte, sobrevive sin ahogos financieros pero sin actividad. Desde 2011 no ha vendido un solo metro cuadrado de terreno, explicó su gerente, Carmen Calles, quien desveló que la sociedad cerró 2014 con un resultado negativo de 2,3 millones de euros, debido a la drástica paralización de la venta de suelo industrial a causa de la crisis. No obstante, contaba con 11,6 millones en su tesorería.

Los gerentes de las sociedades públicas vitorianas comparecieron a instancias de la concejala de Políticas Sociales, Empleo, Desarrollo Económico y Convivencia y Diversidad, Nerea Melgosa.

“medidas desagradables” Por otro lado, ayer el concejal de Función Pública, Iñaki Prusilla, compareció para dar cuenta de la situación de los gastos de personal en el Ayuntamiento, para cuya cobertura harán falta este año 1,7 millones de euros más de los presupuestados. El gasto en plantilla ha crecido, añadió, entre otras cosas, por el aumento de la tasa de absentismo en casi un punto, o por las sustituciones. Aunque hoy viernes se presentarán las medidas concretas para ajustar el presupuesto de su departamento, Prusilla avanzó que probablemente habrá que adoptar “medidas desagradables”. En todo caso, el edil afirmó que el PNV mantiene su intención de no realizar recortes en la plantilla municipal, “el bien más preciado del Ayuntamiento”.

La jornada matinal se cerró en el Ayuntamiento de la capital alavesa con la celebración de una comisión extraordinaria de Hacienda en la que el PP pedía la comparecencia del edil del ramo, Borja Belandia, para que explique sus planes de gobierno. Una vez más, como ocurriera el miércoles hasta en tres ocasiones, todos los grupos rechazaron pedir explicaciones al nuevo equipo de gobierno hasta que no hay un plan de saneamiento del Consistorio.