Burgos - Greenpeace reclamó ayer que en los trámites de evaluación de renovación de licencia de la central nuclear de Garoña sea “obligatoria” la participación pública mediante el trámite de información pública y el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental con carácter transfronterizo. En un comunicado de prensa, la asociación ecologista sostuvo que los dos procedimientos son de obligado cumplimiento antes de decidir si se reabre una central, de acuerdo con el Convenio de Espoo.

Ayer se cumplían dos años desde que el Ministerio de Industria emitiera la orden de cese definitivo de explotación de la planta atómica burgalesa, y más de uno desde que la propietaria del recinto -Nuclenor, subsidiaria a su vez de las multinacionales eléctricas Iberdrola y Endesa, que la poseen al 50%- solicitara una licencia para operar hasta el año 2031.

Greenpeace reclamó reiteradamente -la última vez, el pasado 22 de junio- que se lleven a cabo el trámite de información pública, así como el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), con carácter transfronterizo, de este proyecto de prolongación del ciclo de vida de la central nuclear. “No puede ser que se iniciara el proceso de reapertura de Garoña sin permitir a la ciudadanía presentar sus alegaciones”, señaló Raquel Montón, responsable de la campaña nuclear de la asociación ecologista. “Más grave aún resulta que en dos años no se haya enmendado el error, ya que la legislación no deja lugar a dudas: es obligatorio permitir la participación de pública y evaluar el impacto medioambiental también ante un proyecto de ampliación de una central nuclear”, observó la citada.

En espera En la actualidad el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) está esperando los informes que solicitó a Nuclenor para evaluar su solicitud de licencia y, al mismo tiempo, el CSN está aplicando procedimientos de seguridad ante la situación legal y real de cierre de la central nuclear. - Efe