el pistoletazo de salida llegará mañana. Los ocho diputados, cuatro hombres y cuatro mujeres, que acompañarán a Ramiro González en el gobierno foral tomarán posesión de sus cargos a las 11.30 horas. Sus despachos les aguardan, pero los cajones no estarán precisamente vacíos. En su interior esperan mil y un temas, aunque teniendo en cuanta la hoja de ruta marcada en su investidura por el diputado general, algunos estarán encima de la mesa. Documentos, por cierto, con espacio suficiente para que además de las firmas de PNV y PSE puedan quedar selladas las de otros partidos de la cámara, pues con un gobierno en minoría la búsqueda de consenso tendrá que ser una constante durante los próximos cuatro años.

En los cinco días que han pasado desde que recibiera el bastón de mando uno de esos documentos ha saltado al primer puesto de la lista, la Norma Foral para la reducción del Impuestos de Actividades Económicas (IAE), aunque ahora, con las carteras definidas, la Diputación tendrá que ir rellenando paulatinamente el resto de espacios en blanco de un cuaderno de bitácora que jeltzales y socialistas han desgranado en 78 puntos. Este acuerdo programático entre ambos será, al menos durante el inicio de legislatura, la Biblia sobre la que sustentar el gobierno de coalición. No tiene Antiguo y Nuevo Testamento, pero sí dos áreas fundamentales: reactivar la economía alavesa y recuperar las políticas sociales.

Junto a ellos, Ramiro González fundamentó la campaña, y por tanto así debería hacerlo en el gobierno. Las prioridades deberán pasar por alcanzar un mayor equilibrio territorial entre Vitoria y el resto de localidades, para evitar así que la famosa macrocefalia de la capital no acabe por fagocitar a los pueblos. La creación de una nueva cartera bajo el nombre explícito de Desarrollo y Política Territorial, y la persona sobre la que ha recaído su peso, Pilar García de Salazar, responden entre otras cosas a priori a dicho objetivo, pues la secretaria del Euzkadi Buru Batzar será la mano derecha de Ramiro González como teniente de diputado general.

De cualquier forma, el acuerdo programático destaca un reto por encima de todos: trabajar para reducir al mínimo posible los 25.782 parados con los que cuenta Álava en la actualidad. Aunque la Diputación no tiene competencias directas en materia de empleabilidad, algo que corresponde a Lanbide, sí puede sin embargo allanar y facilitar el camino, ayudando a las empresas a fomentar la contratación y a instalarse en la provincia.

Para, entre otros, dicho objetivo, emerge la figura de Cristina González, secretaria general del PSE alavés y nueva diputada del Departamento de Función Pública, que engloba Empleo, Comercio, Turismo y Administración Foral. El segundo diputado socialista, Josu López Ubierna, tendrá que hacerse cargo como diputado de Infraestructura Viarias y Movilidad -el Departamento de Obras Públicas y Transporte de toda la vida- de revisar el plan de transporte que tantas críticas cosechó tras ser presentado por el gobierno de De Andrés, además de revisar el Plan Integral de Carreteras (PICA) y avanzar en la mejora de las conexiones ferroviarias.

Para situar de nuevo a los servicios sociales al frente de las políticas forales, los jeltzales han nombrado diputada del área a Beatriz Artolazabal, exdirectora económica-financiera de Osakidetza, a la que le tocará en primer lugar retomar las relaciones, dinamitadas por anterior gabinete, con los trabajadores del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS), donde además abordarán una Oferta Pública de Empleo (OPE). El objetivo del nuevo gobierno pasa también por impulsar los programas de atención personalizada en su domicilio a las personas mayores de 80 años, ampliar el servicio de ayuda a domicilio y elaborar un plan especial contra la violencia machista.

En materia fiscal, PNV y PSE sellaron hace un año y medio un acuerdo de reforma que ahora, con ambos formando gobierno de coalición, se verá refrendado con medidas concretas de la mano del diputado de Hacienda, José Luis Cimiano, que regresa al cargo tras haberlo ocupado durante la etapa de Xabier Agirre. Tres son las iniciativas que se pondrán en marcha a corto plazo: la revisión del plan foral de lucha contra el fraude, una convocatoria de plazas para incrementar el número de personas destinadas a la prevención y lucha para atajarlo y modernizar el sistema informático de la Hacienda foral para que el almacenamiento y cruce de datos sea más accesible.

batallas La tarea de cercenar la cuesta abajo del sector primario en la provincia está en manos de Eduardo Aguinaco, exsecretario general de la UAGA. El diputado de Agricultura pondrá sobre la mesa un programa para rejuvenecer el sector agrario en colaboración con el Gobierno Vasco e impulsará un polígono agroalimentario en la Llanada para mejorar la competitividad de las empresas del sector. En su mano estará también comandar la batalla de la Denominación de Origen Rioja Alavesa, buscando su diferenciación y avanzando hacia su propia marca, para lo que se topará de bruces con el Gobierno de La Rioja.

José Antonio Galera, diputado de Medio Ambiente y Urbanismo, deberá tomar las riendas de otra guerra, la de la reapertura de Garoña, y gestionar la sombra del fracking, que el propio Ramiro González rechazó de plano durante el discurso de investidura. “Vivo en un pueblo cercano a los pozos y tengo dos hijas, no quiero fracking en Álava”, aseveró el diputado general. Por su parte, Igone Martínez de Luna tiene mucho trabajo por delante para devolver la cultura al espacio que le corresponde tras los recortes sufridos durante los últimos años, con Icíar Lamarain al frente. Su mano también tendrá que notarse en el euskera, denostado por De Andrés, que lo utilizó como arma electoral durante la campaña y que ahora será tratado -o debería- con más mimo.