VITORIA/burgos - Cinco partidos políticos -PSOE, IU, Podemos, Equo y PCAS- suscribieron ayer un pacto propuesto por Ecologistas en Acción para tomar las medidas necesarias que permitan el cierre de la central nuclear de Garoña e impulsar un plan de reactivación económica de la zona. Esta planta nuclear, propiedad de Nuclenor -empresa participada al 50% por las multinacionales eléctricas Iberdrola y Endesa- está ubicada a escasos 40 kilómetros de la capital alavesa, dentro de la comarca burgalesa de las Merindades.

Tras la firma, el candidato del PSOE a la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, expresó su compromiso con ambas medidas y recordó que la instalación nuclear está parada desde diciembre de 2012 y “no ha pasado nada”, lo que, en su opinión, demuestra que la aportación energética de Garoña no era “imprescindible”.

Tudanca se comprometió a impulsar medidas legislativas que acaben con el cierre definitivo de Garoña y elaborar un plan alternativo para el desarrollo de la zona, con incentivos a la inversión y mejora de las infraestructuras, que hagan la zona más atractiva para las empresas. Tras la firma, el portavoz de Ecologistas en Acción, Luis Oviedo, insistió en que el cierre de la nuclear debe ir acompañado de un plan alternativo para evitar el hundimiento económico del entorno de Garoña. En este sentido, el portavoz de Podemos, Pedro María de Palacio, consideró que hay tiempo suficiente para impulsar un plan de reactivación, porque el desmantelamiento de la central tardará entre 7 y 10 años en estar terminado.

La propietaria de Garoña, Nuclenor, sigue esperando la respuesta del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a su petición de prórroga de actividad de Garoña hasta 2031, con lo que se convertiría en la primera planta nuclear española con permiso para operar hasta los 60 años. Cabe recordar que la empresa remitió al Consejo de Seguridad Nuclear la información complementaria que pidió el órgano regulador para seguir estudiando su solicitud. En todo caso, la decisión de este organismo sólo será definitiva si informa en contra, dado que un informe en el que se considere la central segura para seguir operando dejaría la decisión última en manos del Consejo de Ministros.

Nuclenor asegura que la planta sigue contando con sus trabajadores, que desempeñan dos tareas en paralelo: los preparativos para un posible desmantelamiento y el mantenimiento de la planta en las mejores condiciones posibles para seguir funcionando si consigue la prórroga.

Nuclenor contaba antes del cierre con 342 trabajadores directos en Garoña, aunque la plantilla ha descendido estos años un 34%, hasta los 226, después de 116 jubilaciones y prejubilaciones que no se han cubierto con nuevas contrataciones.

Todo ello deriva de la actual situación de la instalación del Valle de Tobalina. No en vano, ésta está desde hace dos años con el reactor parado después de que los propietarios decidieran a las 22.57 horas del 16 de diciembre de 2012 desacoplarse de la red eléctrica. Pese a ello, las presiones para reenganchar la central no se detienen. De hecho, la Sociedad Nuclear Española (SNE) -lobby nuclear en el Estado- consideró hace escasas fechas que la central “está en condiciones de volver a operar” y podría hacerlo hasta completar los 60 años en 2031, si así lo dictamina el CSN. Así lo advirtió ayer el presidente de este foro, Francisco López. - DNA/Efe / Foto: Alex Larretxi

Último simulacro. La asociación ecologista Eguzki denunció que el simulacro realizado en la central de Garoña hace unos días, conforme a los requerimientos establecidos en su Plan de Emergencia Interior, pone de manifiesto que Nuclenor, propietaria de la central, “no tiene planes de emergencia ni evacuación de más de un millón de personas”. Eguzki explicó que las medidas planteadas se limitan al control de accesos, evacuación de las poblaciones, confinamiento y distribución e ingesta de tabletas de iodo.