Vitoria. La concejala de Asuntos Sociales de Vitoria, Ainhoa Domaica, ha dado a conocer las ocho enmiendas que ha presentado el equipo de gobierno al borrador de la Comisión especial sobre Ayudas Sociales creada en el Ayuntamiento a instancias del PSE.
Según las conclusiones de este borrador, el actual sistema de prestaciones sociales en el País Vasco es bueno, no genera un efecto llamada entre los inmigrantes y como prueba de ello es que cada vez hay menos extranjeros.
Sin embargo, a juicio del PP, "casi todas" las personas que han pasado por esta comisión durante los cinco meses que lleva trabajando "han coincidido en que hay supuestos que generan grandes injusticias, la mayoría relativos a cuestiones de patrimonio".
También ha aludido a las 40.000 firmas recogidas por la plataforma "Ayudas + Justas", que defienden un cambio legislativo para evitar abusos en la RGI.
Domaica ha defendido por lo tanto homologar el sistema de garantía de ingresos en el País Vasco "al de los países europeos más avanzados" como Suecia, Noruega, Holanda o Dinamarca,donde se exige el requisito de tener "residencia legal" para optar a estas ayudas.
Ha recordado asimismo que el "67,5 % de los ciudadanos vascos considera que el acceso a las ayudas sociales debe estar vinculado a la situación de regularidad", según datos del Observatorio de Ikuspegi de 2013.
En otra de sus enmiendas el PP acredita con distintos informes municipales que sí existe un "efecto llamada" entre los inmigrantes por la existencia de estas ayudas, en contra de las conclusiones del borrador.
Además, el Gobierno municipal destaca la "incidencia que el proceso de nacionalización de personas extranjeras tiene en la reducción de la tasa de inmigración de Vitoria al computarse en las estadísticas de población como personas nacionales".
La concejala ha puesto de relieve que el Gobierno Vasco destina a la RGI y a la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV) "460 millones frente a los 5,5 millones del Ayuntamiento de Vitoria" y que durante 2012 y 2013 se han detectado "cobros indebidos" por valor de 63,3 millones "de los cuales 20,9 millones de euros corresponden a fraudes".
"Periódicamente afloran casos y tramas organizadas de fraude en torno a la RGI que ponen en evidencia que el sistema tiene que ser mejorado y que existe más fraude del que aparece en las estadísticas oficiales", ha añadido la edil, quien ha insistido en la necesidad de abrir el debate sobre el sistema vasco de ayudas para "mejorarlo y hacerlo más justo".
