vitoria - Visto el cariz que han tomado los acontecimientos en torno al alquiler de las oficinas de la calle San Antonio, con la intervención del Tribunal de Cuentas de por medio, el aval personal de medio millón de euros que van a tener que poner los miembros del equipo de gobierno de Alfonso Alonso por firmar aquel contrato, y la extrema cercanía de las elecciones municipales, al PP no le queda otra que defenderse atacando, y a eso se dedicó ayer.
Coincidían en el tiempo la comparecencia del alcalde Maroto para dar explicaciones sobre el criterio de la instructora del caso, que recomendó abrir un juicio contable contra el exalcalde y ahora ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y parte de su equipo; y el Pleno en el que la oposición iba a pedir la apertura de ese juicio. La instructora lo cree necesario porque, como recordó el edil de EH Bildu Antxon Belakortu, constata la existencia de “dolo, culpa o negligencia” en la actuación de aquel gobierno.
Para que se celebre ese juicio lo tienen que pedir el ministerio fiscal, las partes implicadas, o algún particular que se sienta perjudicado, y si nadie lo hace, el caso se archiva. Evidentemente alguna de estas partes iba a pedir la apertura del juicio, pero ayer la oposición quería que lo hiciera el Ayuntamiento como tal, a través de su Pleno, y buscó la forma de poner al alcalde entre la espada y la pared. O se sumaba a la moción de la oposición, que se iba a aprobar de todos modos, o se desmarcaba en un inútil gesto que además iba a dejar la impresión de que el PP quiere evitar dicho juicio.
Pues bien, Maroto se decantó por la segunda opción. El PP se abstuvo en la votación, y dejó claro que, como gobernante en el Ayuntamiento, no obedecerá el mandato del Pleno de personarse en la causa y garantizar así la apertura del juicio. “Quien tiene que decidir si hay acciones judiciales es la Junta de Gobierno Local, y no vamos a presentar la demanda porque estamos convencidos de la legalidad de lo que se firmó”, señaló la edil del PP Ainhoa Domaica.
La concejala tiene razón, la Ley no obliga a los gobernantes locales a obedecer a su Pleno, aunque estén en minoría, circunstancia que ha metido al Ayuntamiento de Vitoria en un complejo enredo jurídico. Resulta que el PP vitoriano, como presunto mal gestor, tiene su propia representación legal en la causa, y que el Ayuntamiento, como perjudicado por esa gestión, tiene la suya. Pero, ¿quién es el Ayuntamiento? Según la Ley, la Junta de Gobierno Local, o sea, el PP. Y el PP es el que le va a decir a la abogada del Ayuntamiento que no pida la apertura de juicio. Y todo para nada, además, pues toda la oposición va a pedir por su cuenta que siga el proceso, es probable que la Fiscalía también lo haga, y además cualquier pagador de impuestos vitoriano puede personarse en la causa si lo desea. “El que conducía el coche no puede decidir quién es el abogado del atropellado”, señaló el portavoz del PSE, Patxi Lazcoz, para subrayar la paradoja que se está produciendo.
Más allá del fondo de lo que sucedió ayer en el Pleno, cabe subrayar que las formas, tanto de la reunión de la Corporación como de la comparecencia de Maroto, delataban lo que se juega todo el mundo en este asunto. Por un lado, todos los grupos de la oposición introdujeron las correspondientes cuñas de campaña en sus intervenciones, y por otro estaban Maroto y Domaica, singularmente agresivos con sus rivales y agarrados como clavo ardiendo a sus argumentos. El primero, dijo Maroto, que no hay delito en la actuación de aquel febrero de 2007, porque si el tribunal lo hubiera descubierto habría derivado el caso a la Justicia ordinaria. El segundo, que todo esto sale ahora porque estamos en campaña, aunque la oposición le recordó que el caso resucitó hace ya un par de años, con la aparición de los correos electrónicos en los que el arrendatario le dictaba al arrendador los términos del contrato.
El tercero, que el PP benefició a la ciudad firmando un contrato blindado por veinte años que suponía pagar más de seis millones de euros de alquiler por un local que costaba 2,7, y guardando en un cajón el informe técnico municipal que recomendaba (y según el Tribunal de Cuentas ordenaba) fijar precios más bajos. “Nosotros no hemos hecho nada más que defender el interés general; no tenemos nada de qué arrepentirnos”, señaló Maroto, a pesar de que él mismo renegoció a la baja ese alquiler cuando se creó la comisión de investigación, y a que achacó a Lazcoz no haberlo hecho cuando era alcalde. Es más, Maroto acusó a los ediles de la oposición de calentar la silla durante ocho años, “cobrando un sueldo” y sin investigar el caso.
Y, por último, Maroto y Domaica aludieron en varias ocasiones a las dos decenas largas de imputados que le acaban salir al PNV a cuenta del caso De Miguel, ante la estupefacción de los ediles jeltzales y de su portavoz, Gorka Urtaran. “Nosotros no tenemos ningún imputado en el PP vasco, ¿pueden decir ustedes lo mismo?”, preguntó Domaica.
