Vitoria. Los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Vitoria van a pedir la celebración de un pleno extraordinario para reclamar que el consistorio se persone ante el Tribunal de Cuentas y pida la apertura de un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable por el alquiler de los locales de San Antonio.

Los portavoces de los tres partidos, PNV, PSE-EE y Bildu, que suman mayoría en el pleno, han opinado que la única forma de defender los intereses de los vitorianos es que el Ayuntamiento acuda como parte a esta causa y pida que no se archive.Han optado por tomar la iniciativa para evitar el archivo, después de que el alcalde de Vitoria, Javier Maroto (PP), haya dejado claro que él no va a impulsar esta actuación, que deja en manos del fiscal del Tribunal de Cuentas.

Son las partes en el procedimiento, el Ayuntamiento de Vitoria, la Fiscalía y la Abogacía del Estado, las que tienen que tomar la iniciativa de presentar o no una demanda para que se abra un procedimiento de exigencia de responsabilidad contable y no se archive este caso.

El organismo fiscalizador ha impuesto una fianza de casi medio millón de euros al exalcalde de Vitoria y actual ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, y al resto de su equipo de gobierno de entonces, entre ellos el actual regidor, Javier Maroto, por un alquiler gravoso de los locales de la calle San Antonio al empresario Gonzalo Antón por un importe de 6 millones de euros, más del doble de lo que él había pagado un año antes por su compra (2,7 millones).

En una comparecencia de prensa, Maroto ha dejado claro que como alcalde él no va a pedir que se siga adelante con este procedimiento al entender que lo va a hacer el fiscal del Tribunal de Cuentas.

No obstante, fuentes del Tribunal de Cuentas han señalado a Efe que el Ministerio fiscal está analizando el caso y que, por lo tanto, no ha decidido todavía si presentará o no una demanda.

A juicio de Maroto, este proceso no va a decaer, sino que va a continuar gracias a que los afectados por la fianza han decidido no recurrir porque no tienen "nada que esconder".

Ha reclamado que el tribunal elabore un dictamen antes de las elecciones municipales del 24 de mayo y ha criticado la "estrategia" y la "doble moral" de los que "tienen el 'caso Hiriko'", en referencia al PNV, y de "los del 'caso Kronos'", en referencia al PSE-EE.

Tras las explicaciones del alcalde, los portavoces municipales del PNV, Gorka Urtaran; Bildu, Kike Fernández de Pinedo; y PSE-EE, Patxi Lazcoz, han ofrecido una rueda de prensa conjunta en la que han dejado claro su deseo de que el órgano fiscalizador se pronuncie sobre este caso antes de las elecciones de mayo.Los tres grupos tienen mayoría en el pleno para sacar adelante su moción, pero su aprobación no garantiza que el Ayuntamiento se vaya a personar en la causa.

Por un lado, las mociones no son de obligado cumplimiento y, por otro, el gobierno municipal del PP estima que el órgano con potestad para tomar esa decisión es la Junta de Gobierno Local y no el pleno.

En este sentido, Urtaran ha subrayado que "no cabe escudarse en quién es el competente" porque "políticamente, la única forma de defender el interés general" es, en su opinión, la apertura del juicio contable.Así, ha acusado a Maroto de "jugar al engaño" y de tratar de "confundir a la ciudadanía" para que el caso se archive y "se cierre en falso".Fernández de Pinedo ha defendido que los intereses de los vitorianos deben estar defendidos, al tiempo que ha denunciado que la corporación presidida por el actual ministro de Sanidad "está en una huida hacia adelante diciendo que no ha pasado nada".

Ha insistido en que la secretaria general del pleno es quien debe representar al Ayuntamiento ante el Tribunal de Cuentas porque es la figura "más neutra posible" para hacerlo.

Por su parte, Lazcoz ha criticado que mientras que el abogado de los componentes de la citada corporación alegó ante el tribunal que el asunto había prescrito, el representante del Ayuntamiento nombrado por el actual alcalde "no dijo nada".Por ello, ha señalado que "Maroto puede hacer lo que le dé la gana con su abogado particular, pero no con la persona que representa al Ayuntamiento".