trebiño - Multitud de vecinos acudieron ayer al Pleno del Ayuntamiento de Condado de Trebiño para estar presentes en otro de los pasos cruciales que se están llevando a cabo para lograr la segregación del enclave de Castilla y León y su integración en Álava como la octava cuadrilla. Muchos asistentes entre el público en una cita que, sin embargo, contó con espacios vacíos en la mesa de los corporativos, pues los concejales del Partido Popular no estuvieron presentes ni comunicaron su ausencia formalmente. Ignacio Portilla, alcalde de Condado de Trebiño, empezó resumiendo lo vivido por los trebiñeses en los últimos meses tras el Pleno del Congreso de los Diputados del pasado 18 de noviembre, que rechazó la proposición de ley aprobada por el Parlamento Vasco para iniciar el proceso de desanexión.

Portilla explicó que ahora comienza una nueva etapa de gestiones que se prolongará como máximo una legislatura. Y es que ésa es la fecha de caducidad que se propone para dejar cerrado el procedimiento con el que se están prestando servicios en este territorio “a través de convenios y otros apaños institucionales entre Castilla y León y el País Vasco”, lo que “supone una situación de transitorialidad, precariedad e inseguridad jurídica para los treviñeses”. Portilla planteó que a partir de la próxima semana se emplazará a todas las partes -Junta de Castilla y León, Diputación de Burgos, Gobierno Vasco y Diputación Foral de Álava- a que propongan una fecha de caducidad a los convenios con los que se están prestando muchos de los servicios en el enclave, en especial los relacionados con la cultura, la salud, la promoción económica y el desarrollo rural.

En Condado de Trebiño no quieren seguir funcionando más como hasta ahora y reclaman que el Estado sea el que ponga fin a la situación, porque, en opinión del alcalde, “después del 18 de noviembre ha quedado claro que la respuesta definitiva a esta situación está en manos del Estado. Es el Estado quien debe hacer uso de sus competencias para solucionarlo, y por eso esperamos los planteamientos de todas las partes para saber su intención y cuando acabará esta situación, que confiamos no sea más allá de la próxima legislatura”.

En Trebiño creen que “se empieza a ver la luz al final del túnel” tras la constatación, al menos para Condado, de que Castilla y León no tiene la competencia para seguir manteniendo la dependencia del enclave. “Podrán reclamar audiencia, pero no pueden imponer condiciones ni plazos, ni imponer el uso de convenios para prestar servicios”, afirmó ayer Portilla en el Pleno.

álava y gobierno vasco Por eso, piden a las instituciones de Burgos y Castilla y León que constaten su “incapacidad” de prestar los servicios en Trebiño de forma “racional, directa y de pleno derecho” y a las del País Vasco que fijen una fecha límite para que le sea transferida la titularidad del enclave “como única garantía de estabilidad y pleno derecho competencial”. Además, consideran que la “solución racional” pasa por la trasferencia administrativa del enclave burgalés a las instituciones de Álava y el País Vasco. En este sentido, volvieron la mirada hacia la ponencia del Senado que estudió la situación de los enclaves, entre ellos el de Trebiño, donde quedó establecido que los servicios deben ser prestados por la Administración más próxima, y cuyo informe, conclusiones y recomendaciones “siguen sin aplicarse”.

En la misma propuesta en la que se emplaza a las instituciones a fijar la fecha de caducidad para la prestación de los convenios, también se reitera a los trebiñeses la necesidad de establecer como actuación permanente la presentación de denuncias puntuales ante los organismos correspondientes por la vulneración de derechos derivados de la situación administrativa actual, tanto de índole público como particular. Esta invitación ya se trasladó a los vecinos en el mes de octubre del año pasado, cuando el Pleno de Condado de Trebiño decidió denunciar los convenios tras constatar la situación de abandono en la que se encontraron varios vecinos.

Portilla recordó que los vecinos de Trebiño se topan con situaciones irregulares, como la imposibilidad de crear mancomunidades de gestión con sus vecinos próximos del País Vasco o la diferente aplicación del céntimo sanitario en las dos comunidades.

La propuesta de acabar con la política de convenios fijando una fecha de caducidad fue aprobada, en medio de muchos aplausos, por los concejales de las dos agrupaciones independientes, más el de PNV y el de EH Bildu, en el transcurso del Pleno extraordinario al que no asistieron los tres concejales del PP. Ignacio Portilla recordó la efemérides de ayer, rememorando que un 8 de marzo se celebró en 1998 la consulta popular en la que más del 68% de los vecinos mostró su apoyo a iniciar el proceso de incorporación a Álava.

La ausencia del PP en el Pleno fue criticada por los asistentes. Para el alcalde “porque estos son momentos de clarificar cuál es la postura de los representantes de los vecinos” y para otros porque con su ausencia “da la espalda al sentir mayoritario de la gente”. En octubre del año pasado, cuando el Pleno aprobó la denuncia de los convenios, la portavoz del PP, Inmaculada Ranedo, aseguró que quienes promueven estas iniciativas “son unos corruptos morales, porque para ellos el fin justifica los medios”. Renedo no se cortó al señalar que lo que hacen “es engañar a la población y manipularla”.