El Tribunal de Cuentas decreta ‘juicio contable’ contra Alonso y Maroto

Así lo indica el tribunal en el informe que ayer entregó a las partes llamadas a declarar en Madrid, y a las que impone fianzas por un importe superior a los 500.000 euros que deberán ser abonadas en un plazo no superior a los diez días. Es así porque la instructora delegada del caso, Mónica Rino García-Camacho, no considera prescrito el hecho, tal y como argumentaba la defensa contratada por el entonces alcalde, Alfonso Alonso, y su equipo, al constatar que el alquiler se sigue pagando al empresario Gonzalo Antón, y a pesar de que Maroto renegoció el arrendamiento cuando el escándalo salió a la luz.

Alfonso Alonso y el resto de miembros de aquella Junta de Gobierno Local (Javier Maroto, Idoia Garmendia y Alfredo Iturricha, hoy en día también en el gobierno municipal; y Encina Serrano, Miguel Ángel Echevarría, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos) tendrán que pagar 496.223 euros de su bolsillo, algo más de 55.000 euros por cabeza. Esa es la cantidad que la instructora considera que perdió la ciudad como consecuencia de esta operación. Además, el actual edil de Hacienda, Manu Uriarte (PP), su predecesora, Marian Gutiérrez (PSE), y Javier Maroto, en la misma condición de responsable contable del Ayuntamiento con Alonso, tendrán que hacer frente a fianzas de 13.366, 5.228, y 1.696 euros, respectivamente, al entender el Tribunal de Cuentas que en su día se calculó mal el IPC para subir el precio del alquiler, también en perjuicio del Ayuntamiento, y que se ha persistido en el error hasta el día de hoy.

Ayer estaban citados en la sede del Tribunal de Cuentas Alonso y su equipo de 2007, que rehusaron acudir a declarar y lo hicieron a través de un abogado, una procuradora del Ayuntamiento vitoriano, y Marian Gutiérrez. Y tras escucharles, el Tribunal mantiene su hipótesis de que Alonso perjudicó económicamente al Ayuntamiento, por lo que el proceso sigue adelante. Así, si hasta ahora lo que se ha desarrollado han sido las actuaciones previas, a partir de la declaración de ayer se entra en la fase jurisdiccional o de juicio contable, una figura no penal que no tendrá más consecuencias para los encausados que el abono de las citadas cantidades.

El tribunal encargado de fiscalizar la actuación de las administraciones públicas españolas cree que Alfonso Alonso, en la actualidad ministro de Sanidad, tiene responsabilidad contable en lo sucedido porque acordó pagar por el alquiler más de lo que señalaron los técnicos municipales y porque los incrementos, en lugar de ceñirse al IPC, lo llegaban a superar incluso en nueve puntos. Además, el Consistorio corría con los gastos de IBI y de comunidad.

El caso San Antonio comenzó cuando Gonzalo Antón compró el local, de casi 1.000 metros cuadrados, por 2,7 millones de euros, y lo empezó a ofrecer a las instituciones para alquilarlo. La Diputación lo rechazó, pero el Ayuntamiento dijo que sí, que le interesaba.

El equipo de gobierno hizo caso omiso de las estimaciones de los funcionarios del Ayuntamiento y redactó junto con Antón un contrato que establecía el pago de más 6,5 millones de euros durante veinte años. Si al Consistorio no le interesaba seguir en el local, podía irse cuando quisiera, eso sí, abonando previamente todo el alquiler pendiente, con lo que Antón, sí o sí, ingresaría los seis millones de euros. El Ayuntamiento, además, pagó las obras del local, que les costaron a todos los vitorianos alrededor de 1,6 millones de euros.

“no hay delito” Alfonso Alonso, abordado ayer en el Senado por la prensa, dijo no estar preocupado por la fianza, sino por “la demora en que se acredite el interés público en aquella decisión, que es clarísimo”, según informa Efe. Por su parte, el actual alcalde, Javier Maroto, lanzó tres ideas. La primera, que el Tribunal de Cuentas no detecta “delito alguno” en la documentación analizada, porque de otra forma estaría obligado a traspasar el caso a un tribunal de Justicia. La segunda, que los concejales del PP a quienes se reclama el dinero han decidido que no van a recurrir la decisión del tribunal y tirarán de avales personales para hacer frente a las fianzas, que perderán si el juicio ratifica las opiniones de la instructora delegada. Y no porque se sientan responsables de haber causado un quebranto económico a la ciudad, sino porque así “este asunto desde hoy no le costará ni un euro a la ciudad” (aunque, eso sí, el alquiler sigue vigente), y sobre todo porque se conocerá antes su desenlace.

En ese sentido, Maroto instó al Tribunal a que falle antes de las elecciones del 24 de mayo. La tercera idea que lanzó Maroto fue un mensaje directo a los gasteiztarras: “Que estén tranquilos y seguros”, dijo, porque “por fin” habrá una opinión independiente sobre el polémico alquiler.

Juicio contable. Una vez finalizada la instrucción, y al entender la responsable del Tribunal de Cuentas que cabe seguir adelante con el proceso, se entrará en la fase de juicio contable. En el mismo, al que deberán acudir los comparecientes acompañados e abogado y procurador, se ratificarán o no las responsabilidades que el TC les imputa.

Ámbito económico. La investigación no tiene relación alguna con los tribunales de Justicia, y se ciñe únicamente a la fiscalización de la actuación de la Administración. Por ello, las únicas responsabilidades a las que se enfrentan Alonso y su equipo son económicas. En diez días deberán ingresar el dinero que, estima el Tribunal, perdió la ciudad con la operación. Si tras el juicio contable resultan eximidos, se les devolverán esas cantidades.

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Millones de euros tendrán que abonar Alfonso Alonso, Javier Maroto y los concejales del PP que aprobaron el contrato.

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Millones de euros es la cantidad aproximada que iba a percibir la empresa Sbayre, propiedad de Antón, durante veinte años, por el alquiler, además de ahorrarse el IBI, la comunidad y el pago de las obras del local, que hizo él y pagó la ciudad, y que costaron más de un millón de euros.

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Millones de euros pagó Gonzalo Antón cuando adquirió el local.