vitoria - La exsecretaria general de la UPV Eva Ferreira García y el ex vicerrector de Profesorado Jon Irazusta Astiazaran deberán comparecer hoy ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria para declarar como imputados por la presunta comisión de los delitos de falsedad documental, presentación de documentos falsos en juicio y estafa procesal.

El procedimiento penal tiene su origen en la querella presentada en noviembre de 2013 por el exprofesor de Derecho Procesal de la UPV José Ángel Ruiz, en la que denunciaba que los ahora imputados presentaron como prueba documental al juicio de su despido -celebrado en el Juzgado de lo Social número 2 de Vitoria- una serie de informes, certificados, contratos y documentos relativos a su relación contractual y a la relación de puestos de trabajo de la UPV que incurrirían presuntamente en falsedad documental. Estos documentos habrían sido elaborados con la finalidad de ocultar la verdadera situación contractual del exprofesor y los puestos que realmente habría ocupado en sus diez años como docente en la UPV, para probar así en juicio una versión de los hechos favorable a la desestimación de la demanda, ya que al tratarse de documentos públicos -emitidos por funcionario público en el ejercicio de sus funciones-, la ley les otorga plena eficacia probatoria. Entre los documentos cuya falsedad se denuncia, se encuentran incluso contratos de profesorado en los que los códigos de los puestos de trabajo se encuentran alterados a mano.

Según se explica, en los diferentes procesos judiciales que el exprofesor ha tenido que iniciar para la defensa de sus intereses -entre los que se encuentra uno por acoso laboral, pendiente aún de sentencia-, la UPV/EHU ha sostenido hasta cuatro versiones diferentes acerca de su situación contractual en el momento de su cese, cada una de ellas acompañada de sus correspondientes documentos y certificados.

En las actuaciones constan informes y escritos del Ministerio Fiscal que confirman la existencia de indicios de los delitos denunciados. Asimismo, la Audiencia Provincial de Álava ordenó en su día al Juzgado de Instrucción número 1 de Vitoria que prosiguiera con la instrucción de la causa penal en la capital alavesa ante la existencia de indicios de estafa procesal agravada, por haberse presentado los documentos en un juicio celebrado en Vitoria, en lugar de dar traslado a Leioa, domicilio de la UPV donde se emitieron los documentos cuya falsedad se denuncia.

Consta también un informe emitido por la Inspección de Trabajo en diciembre de 2012, a raíz de una denuncia presentada por el exdocente, en el que la autoridad laboral, tras examinar los contratos y la documentación aportados por la propia UPV, advirtió objetivamente incongruencias en relación con su trayectoria contractual, con el código numérico de la plaza que ocupaba y con los datos de identificación de la plaza que venía cubriendo en el momento de su cese. - DNA / Foto: Josu Chávarri