Gasteiz - La Diputación alavesa no ha salido demasiado bien parada en el último informe de fiscalización que el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas (TVCP) ha realizado sobre su cuenta general y la de sus organismos autónomos y sociedades mercantiles, un estudio correspondiente al año 2012, cuando José Zurita, ahora diputado foral de Promoción Económica, todavía ostentaba la cartera de Hacienda. Pese a que el organismo “opina positivamente” del cumplimiento general de la legalidad en el citado ejercicio, también tira de las orejas al ente foral en manos del PP por, entre otras cosas, haber aplazado deudas fiscales millonarias incumpliendo su propia normativa, por no atender a los principios de publicidad y concurrencia en algunas contrataciones administrativas o por el empeoramiento de su situación financiera respecto al año anterior.
La última auditoria del organismo, un extenso informe de 297 páginas, se detiene entre otras cosas en los aplazamientos de deudas fiscales de entre cuatro y ocho años a favor de 23 empresas alavesas por un importe de 13,7 millones de euros, así como de otros 7,1 millones a otros 24 terceros “a un tipo de interés del 1% no reflejado en la normativa y sin exigencia de ningún tipo de garantía”, amparándose en el Decreto Normativo de Urgencia Fiscal 3/2012 que en su día convalidaron las Juntas Generales. En sus alegaciones, el Gabinete de Javier de Andrés alude a los “graves problemas de liquidez” de las empresas afectadas por “circunstancias financieras extraordinarias e imprevistas”, como la devolución de las vacaciones fiscales que dictó la Comisión Europea “en un corto periodo de tiempo y en una época de grandes dificultades económicas”.
Además, la Diputación alavesa concedió fraccionamientos de sus obligaciones fiscales a cuatro deudores más por un valor de diez millones de euros por un periodo comprendido entre los tres y cinco años y otros tres aplazamientos a sendos morosos por valor de 7,1 millones de euros por un periodo de 12 mensualidades, “superando en ambos casos el plazo máximo establecido en la normativa reguladora”, según constata el TVCP.
En el ámbito de la contratación administrativa, el órgano fiscalizador señala que la Diputación incumplió en algunos casos las normas que rigen este ámbito, como la aprobación de una prorroga extraordinaria en un contrato de servicios no prevista en pliegos, así como con la contratación de un suministro sin tramitar el correspondiente expediente de contratación, incumpliendo en ambos casos los principios de publicidad y concurrencia.
El TVCP se detiene también en la “incertidumbre” existentes en torno al Instituto Foral de Bienestar Social por los efectos económicos derivados de las discrepancias con la Agencia Tributaria del Estado “en relación con diversas materias” y apunta también a un empeoramiento de la situación financiera del ente foral respecto al ejercicio 2011, puesto que la variación experimentada en el remanente de tesorería disponible después de los ajustes propuestos por el TVCP, que pasó de un importe negativo de 38,7 millones de euros en 2011 a uno positivo de 36,6 millones de euros, “fue inferior al incremento del endeudamiento” del ente foral.
El TVCP destaca también en su auditoría el descenso de recaudación de tributos concertados y la reducción tanto del nivel de gasto corriente como del gasto de capital. Además, hace referencia al incremento del endeudamiento de la Diputación, que incluyendo las sociedades públicas alcanzaba en el ejercicio 2012 los 575,6 millones de euros, lo que supuso un 60% más que en el año 2009, dos antes de lograr los populares el sillón foral.
