Gasteiz - El caso San Antonio va subiendo de tono a medida que se saben nuevos datos y salta a la esfera política nacional al señalar directamente a un ministro del gobierno de Rajoy. Si el jueves se hizo público que el Tribunal de Cuentas ha citado a declarar el 5 de marzo a Alfonso Alonso y Javier Maroto, entre otros miembros del PP, ayer se conoció otro documentos interno, adelantado por El País, en el que el alto órgano fiscalizador abre la puerta a la posibilidad de que el ministro de Sanidad y miembros de su entonces gabinete de gobierno tengan que abonar 439.365 euros para resarcir al Ayuntamiento de Vitoria por el contrato que en 2007 firmaron con el empresario Gonzalo Antón. Considera el alto tribunal que se trata de hacer frente a una “irregularidad” que se produjo durante su mandato al pagar por el alquiler de unas oficinas “un precio muy superior al de compra” por un tercero.

El precio de venta de las lonjas de San Antonio se cifró en 2,7 millones de euros y, sin embargo, el PP aceptó pagar 6,1 millones en concepto de alquiler durante veinte años, un arrendamiento aún vigente, que Maroto ha renegociado a la baja. Además, el acuerdo incluía una cláusula por la que el Ayuntamiento tendría que abonar el cien por cien del pago si rompía el contrato. Ahora, el Tribunal de Cuentas investiga estas “irregularidades contables” para dirimir responsabilidades ante el posible daño económico causado a la ciudad. Y, aunque de momento es el Tribunal de Cuentas quien dirige la investigación, en Gasteiz, EH Bildu ya ha pedido a la Fiscalía de Álava que abra diligencias antes la aparición de nuevos datos en el caso. Ya cuando se conocieron las condiciones del contrato de alquiler el escándalo fue tal en la ciudad que la oposición abrió una comisión de investigación que, en sus conclusiones, hacía responsable al gobierno de Alonso del daño económico hecho a las arcas públicas. Pero al margen del tirón de orejas político, la Fiscalía no vio entonces causa suficiente para abrir el caso por la vía penal.

Ocho años después, mientras que el PP alega que los hechos han prescrito y por ello va a pedir al Tribunal de Cuentas que archive el caso, para el resto de partidos (PNV, PSE y EH Bildu) las acusaciones que el alto tribunal vierte sobre Alonso y Maroto son de “extrema gravedad”, por lo que exigen al PP que si nada tiene que ocultar deje al órgano fiscalizador seguir con su investigación y no ponga trabas al esclarecimiento de los hechos.

Tras conocerse la petición económica que baraja el Tribunal de Cuentas, el gobierno de Maroto se limitó ayer a decir que se trata de un documento interno del alto tribunal del que el Ayuntamiento no tiene constancia de forma oficial. Y no la tiene porque, según el Tribunal de Cuentas, se trata sólo de una petición de indemnización orientativa que se haría efectiva únicamente si cuando todos los citados acudan a declarar el alto tribunal sentencia que ha habido perjuicio económico para el erario público vitoriano. Por su parte, la secretaria general del PP vasco, Nerea Llanos, aseguró que no tiene ninguna duda de que tanto el actual ministro de Sanidad como los concejales que integraron su equipo cuando fue alcalde de Vitoria, ofrecerán en las alegaciones que van a presentar ante el alto tribunal las explicaciones oportunas sobre las presuntas irregularidades en la firma del contrato de alquiler rubricado con Antón. La número dos del PP vasco señaló para quitar hierro al asunto que el caso San Antonio ya se ha debatido de forma profunda en el Ayuntamiento de Vitoria, donde su partido ha dado las explicaciones oportunas.

Al margen de las responsabilidades políticas que puedan recaer en los miembros del entonces gobierno de Alonso, ante el Tribunal de Cuentas tendrá que declarar el 5 de marzo un representante del Ayuntamiento para defender los intereses de la ciudad. El ejecutivo de Maroto ya ha adelantado que dicha representación corresponde a los servicios jurídicos municipales que delegarán la comparecencia en un procurador de Madrid. Una decisión censurada por la oposición gasteiztarra que considera que tiene que ser la secretaria general del Pleno quien se encargue de la defensa de los intereses públicos, o en su defecto el interventor, ya que son los dos únicos cargos que no dependen directa o indirectamente de un partido político. Argumentan PNV, PSE y EH Bildu que el PP no puede ser juez y parte en el proceso porque en el caso San Antonio no se pueden defender los intereses de Vitoria a la vez que los del partido.

Al margen de la decisión que adopte el Tribunal de Cuentas, para el PNV se trata de una acusación de “extrema gravedad” y exige a Maroto que en lugar de poner trabas pidiendo el archivo del caso, colabore y dé todas las explicaciones necesarias al alto tribunal. El PSE ve en la investigación una puerta abierta a la esperanza para que la ciudad pueda resarcirse de su pérdida económica mientras que la coalición abertzale considera que el alquiler de los locales de San Antonio es un ejemplo más de la “nefasta” gestión de los gobiernos del PP en Vitoria.

5 de marzo. Día que el Tribunal de Cuentas ha citado a declarar a miembros del gobierno de Alfonso Alonso durante la legislatura 2003-07. Algunos continúan en activo en el gabinete de Maroto y otros no. Se trata del exalcalde y ministro de Sanidad, Alfonso Alonso; el alcalde, Javier Maroto; el concejal de Hacienda, Manu Uriarte, la teniente de alcalde Idoia Garmendia; el edil Alfredo Iturricha, y los exconcejales del PP Miguel Ángel Echevarría, Encina Serrano, Jorge Ibarrondo, Fernando Aránguiz y Marian Castellanos. También declarará la socialista Marian Gutiérrez, concejala de Hacienda con Patxi Lazcoz.

2,7

Millones de euros es el precio de venta que se fijó para los locales de la calle San Antonio. Sin embargo, el PP dio el visto bueno al pago de un alquiler de 6,1 millones de euros durante veinte años. Además, el acuerdo incluye una cláusula por la que si el Ayuntamiento rompe el contrato tiene que abonar todo el pago. Ahora, el Tribunal de Cuentas investiga si el trato con Gonzalo Antón ha sido perjudicial económicamente para la ciudad.

20

Años es el periodo de vigencia del contrato de alquiler de los locales de San Antonio firmado en 2007 durante el gobierno de Alonso y que el Ayuntamiento de Vitoria sigue pagando cada mes.

0,5

Millón de euros es el precio que baraja el Tribunal de Cuentas pedir al entonces gobierno de Alonso si finalmente el alto tribunal sentencia que el contrato ha sido dañino para Vitoria.