Vitoria - El que fuera primer alcalde de la democracia en Vitoria también quiere ayudas más justas. Que lleguen a todas las personas que las necesiten y que no haya abusos. “Así que cuando leo que esta plataforma se define como un colectivo abierto y plural, creado para dar cobertura a quienes se quedan fuera, digo perfecto. Y cuando habla de fomentar un sistema más equitativo y solidario, pregunto dónde hay que firmar. Pero entonces paso la página, veo en qué consiste la Iniciativa Legislativa Popular y... No, eso no lo comparto. Porque ese texto articulado ni da cobertura a todas las personas que lo necesitan ni contempla una sola medida para combatir el fraude”, afirmó. La intervención de José Ángel Cuerda ayer, en la comisión creada para determinar la veracidad de las acusaciones lanzadas por el PP contra ciertos receptores de la RGI, fue previsible. Su manera de entender la vida y la política siempre ha girado en torno a la solidaridad y la justicia social. Dos conceptos a los que se refirió incansablemente, consciente, tal vez, de que en esta sociedad que se mira el ombligo cuando vienen mal dadas ya no están de moda.

Las circunstancias económicas, sin embargo, nunca fueron una excusa en el mandato de Cuerda. “Cada uno tiene su modelo de ciudad. Y no se trata de que haya mucho o poco dinero, sino de cuáles son las prioridades”. Las suyas coincidieron habitualmente con las de toda la Corporación. Se basaron en la Declaración Internacional de Derechos Humanos y quedaron plasmadas en medidas clave, como la primera RGI del Estado, el 0,7% en cooperación al desarrollo o la creación de los centros cívicos y de otros servicios de apoyo a los más desfavorecidos. El objetivo era “buscar el bienestar individual y colectivo, sin importar la procedencia, el género o la condición sexual”.

No extraña que Cuerda esté “muy preocupado” por la campaña auspiciada por el PP. “Se ha puesto en la picota al extranjero, gente que viene aquí porque en su país no puede vivir. Y se está generando una fisura en la cohesión social”, advirtió. A su juicio, el problema de que muchos inmigrantes sigan en condición irregular y no trabajen no está en la RGI, sino en Madrid, responsable de una Ley de Extranjería “que hace muy difícil obtener el permiso de residencia”. Por eso, está en contra de no dar ayudas a los ilegales, pues esa traba haría aún más difícil su integración. También le parece mal no ofrecer una oportunidad a quien tiene antecedentes penales o que no se pueda enviar dinero al extranjero si se está reduciendo la cooperación al desarrollo. Frente a esas medidas, él aboga por una labor de “cooperación” entre el Ejecutivo autonómico y todos los ayuntamientos que analice el fraude y haga que las ayudas lleguen a quien los necesite, sin mirar el DNI.