Hace un tiempo se decía que en caso de holocausto nuclear sólo sobrevivirían las cucarachas y Cher, pero es muy probable que entre los insectos y la cantante estadounidense asomara también la cabeza de un defraudador, sobre todo si la bomba cae en España. Regatear al fisco es hoy en día es una práctica intrínseca en todos los puntos del Estado, y Álava no es ni mucho menos una excepción. Con una Hacienda foral propia y, por tanto, un público objetivo más reducido, la Administración alavesa intenta también reducir el fraude a su mínima expresión, pero apenas consigue rozar el problema con las yemas de los dedos en lugar de agarrarlo y apretar con fuerza.

El pasado año la cifra de fraude fiscal detectado en la provincia alcanzó los 147 millones de euros, un 8,2% de la recaudación anual. El problema es que esos 147 millones aflorados sólo son la punta de un iceberg contra el que la Hacienda del territorio se choca año tras año. Concretar una cifra exacta del dinero que se defrauda anualmente en Álava es prácticamente imposible, y de hecho las estimaciones de diferentes estudios difieren entre sí.

Un estudio de la Universidad del País Vasco de 2011 cifraba el fraude fiscal en Euskadi en alrededor de los 2.500 millones de euros. Un año antes, otro informe del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, estimaba un fraude en Álava de 786 millones de euros. “Estamos hablando de un 20% del peso de la economía de la provincia, aunque es cierto que el porcentaje se encuentra ligeramente por debajo de la media estatal, que es del 23,3%. Tampoco es algo como para tirar cohetes porque sigue habiendo una quinta parte de la actividad económica de Álava que no pasa por el control fiscal”, explica a este periódico José María Mollinedo, secretario general de Gestha.

Un análisis de los datos del IRPF elaborado por este colectivo permite ver además cómo sólo un 5% de los alaveses declara rentas anuales por encima de los 51.600 euros, mientras que sólo el 1% declara ganar más de 90.000 euros al año. Como apunta Mollinedo, en realidad “de ese 5% tres cuartas partes obtienen esos ingresos de la renta de su trabajo, directivos de empresas que ganan buenos sueldos en general, pero que al menos son sueldos que están sujetos al sistema de retención y son rentas controladas.

En general en el País Vasco el peso del fraude de las grandes fortunas no es tan grande como en otros territorios porque, entre otras cosas, “en ciudades tan pequeñas como Vitoria es más complicado pasar desapercibido. Tampoco hay grandes multinacionales instaladas, que son las que acostumbran a utilizar las prácticas más agresivas para eludir la tributación”, argumentan desde Gestha.

Aunque en Álava el mejor dato de los últimos años en fraude aflorado asciende a los 147 millones de euros de 2013, en el resto del Estado fue 2012 el curso en el que se logró el récord de detección, con 11.500 millones de euros, lo que suponía un 19% de la evasión total estimada en ese año. Un dato que evidencia cómo, por mucho que se intente luchar contra él, la batalla contra el engaño fiscal da al menos para otras tres trilogías de El señor de los anillos. “Con los medios adecuados podríamos alcanzar en tres o cinco años una tasa similar a la media europea, de entre un 10% y un 13%”, auguran los técnicos de Hacienda del Ministerio, aunque eso pasaría también por incrementar la plantilla de funcionarios que luchan contra el fraude.

inspectores en álava Álava cuenta actualmente con 24 inspectores fiscales, lo que supone una media de uno por cada 13.300 alaveses. En el resto del Estado, el Ministerio de Hacienda dispone de 1.844 inspectores, de los que, por cierto, el 48% tiene más de 50 años, aunque al Gobierno de Rajoy no parece importarle pues no ha convocado nuevas plazas desde hace tres años.

Hace menos de un año las diputaciones de Álava, Gipuzkoa y Bizkaia firmaban con el Gobierno Vasco el llamado plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal. Cuatro días después de firmarlo, el Ejecutivo foral alavés, liderado por Javier de Andrés, se desmarcaba del acuerdo porque aseguró no estar dispuesto a investigar de forma concreta a colectivos como médicos, abogados o procuradores, como habían acordado el resto de firmantes del acuerdo.

El apretón de manos del que la Diputación alavesa decidió apartarse a los cuatro días de firmarlo contemplaba también medidas como el intercambio de información entre las tres haciendas vascas, la navarra y la Agencia Tributaria española. Y es que, como subraya el secretario general del Sindicato de Técnicos de Hacienda, los problemas de comunicación y la imposibilidad de compartir los datos de los contribuyentes son una losa enorme contra el fraude fiscal.

“La información que gestiona la Diputación Foral de Álava no se transmite a la Agencia estatal Tributaria, y a la inversa. Tráficos de divisas, titularidades de bienes en otros territorios, movimientos de dinero... Los funcionarios de la Administración alavesa no disponen de toda la información necesaria, y eso está provocando que ni unos ni otros estemos seleccionando bien al contribuyente con riesgo de evasión fiscal”, expone José María Mollinedo, un problema que se multiplica además exponencialmente con las grandes empresas. Al final, los pequeños defraudadores que dejan rastro porque o no disponen de uno o tienen un mal asesor acaban acaparando buena parte de la persecución, aunque el fraude no empresarial, el del dueño de un piso que no declara su alquiler o el trabajador que cobra en b supone apenas un 2,6% del total. También en esto, cuanto mayor es el peso del delincuente, menor es la posibilidad de que le pillen.