- Mientras Javier Maroto y su plataforma Ayudas+Justas abordaban ayer a los clientes de la Plaza de Abastos para que firmaran en favor de su propuesta para endurecer la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), en el Ayuntamiento, cuatro expertos invitados por la oposición hacían oír su voz en defensa del actual sistema vasco de bienestar social porque, gracias a él, en Euskadi hay menos pobres que en el resto del Estado y que en los países de la UE. Por eso, lejos de las tesis del alcalde, y basándose en su experiencia de trabajo y de trato personal con quienes cobran ayudas sociales, así como en las políticas de los países más avanzados, abogan por completar y mejorar la RGI en lugar de dejarla morir como, en opinión de todos ellos, promulga el PP.

El primero en tomar la palabra fue, precisamente, alguien que sabe muy bien de lo que habla, puesto que él fue artífice de la actual RGI cuando era viceconsejero del Gobierno Vasco. Manuel Vigo defiende a capa y espada el actual sistema vasco de protección social y apuesta por ampliarlo para que todo el que lo necesita de verdad pueda cobrar ayudas, en lugar de cargárselo endureciendo el acceso a la RGI como defiende Maroto. Un sistema que permite que el porcentaje de pobreza sea en Euskadi del 3,5% frente al 10% de España. Claro que reconoce fallos en el control, incluso problemas graves en la gestión de Lanbide, errores que la Administración tiene que corregir y que está convencido de que así se hará con el tiempo. Pero siempre perfeccionando la ley, mejorándola, no culpando de los errores de quienes gobiernan, precisamente a los más débiles, a quienes cobran las ayudas porque no tienen nada más a lo que agarrarse, estigmatizándolos y acusándoles de defraudadores.

Vigo recuerda que no es la primera vez que un debate así se abre en la sociedad vasca. En esta ocasión ha sido el alcalde de Vitoria quien ha encendido la llama acusando a los inmigrantes de venir a Euskadi para vivir de las ayudas sociales sin trabajar. Quienes mantienen fresca su memoria saben que la RGI ya se endureció en 2011 y muchas familias quedaron fuera, excluidas del sistema de protección social. Por aquel entonces él estaba en el equipo de la consejera socialista Gemma Zabaleta, a quien Vigo define como una abanderada que luchaba siempre por lograr máximos y no mínimos como ya entonces defendían los populares. “Desgraciadamente ganó la tesis del PP”, valora uno de los padres de la RGI. Y por qué lo dice? Porque la consecuencia negativa de poner más trabas a los ciudadanos para que puedan beneficiarse de las ayudas sociales ha sido que, a día de hoy, hay 50.000 familias vascas que tienen derecho a cobrar estas prestaciones que, sin embargo, no se atreven a pedirlas por miedo a ser tachados de vagos, tirados o defraudadores. Es -para Vigo- el peligro que se corre al utilizar de forma perversa los aislados casos de fraude y estigmatizar a una parte de la población necesitada de ayudas, como a su entender, está haciendo el alcalde de Gasteiz con determinados colectivos de inmigrantes.

El exviceconsejero parte de una evidencia clara. Hay pobreza y pobres. También en Vitoria. Pobreza que afecta, sobre todo, a jóvenes que se acaban de independizar, familias monoparentales, inmigrantes, personas mayores y familias hasta ahora de clase media a las que las cajas y bancos han dejado tiradas. Y ante esta situación, la Administración -responsable del problema- puede actuar de dos formas: con un modelo asistencial, por ejemplo, repartiendo vales de comida más propios de siglos pasados y culpando a los pobres de su pobreza tachándoles de vagos y maleantes, o por el contrario, creando un sistema de bienestar como el que tenemos. “Y la Administración tiene la obligación de proteger este derecho ciudadano que es universal”, considera Vigo. Y es para lo que precisamente nació la RGI, como una ayuda transitoria hasta que el perceptor consiga salir de su bache socioeconómico. “La RGI no debe ser vitalicia sino transitoria, de lo contrario significaría que el sistema ha fracasado”. Pero son los gobiernos quienes tienen que ofrecer a estas personas en situación de exclusión unos itinerarios de inserción sociolaboral. A día de hoy -explica el exviceconsejero- una tercera parte de los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos son personas con un trabajo y un salario tan mínimo que no les da para vivir, por eso tienen que completar su sueldo con ayudas sociales. Si el Gobierno -ahora en manos de Rajoy- incrementase el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), Vigo está convencido de que muchos ciudadanos podrían salir del sistema de ayudas. Y apoya su tesis con un dato claro: la UE fija en 1.200 euros el umbral de la pobreza y el SMI está en España en seiscientos y pico euros.

Considera Vigo que a ninguna persona se le puede culpar de los fallos de la Administración y que si el sistema no funciona hay que mejorar los sistemas de control y corregir los errores, pero no acabar con un modelo de bienestar social que funciona y da sus frutos, y menos culpando, precisamente al más débil de los fallos de los gobernantes, como en su opinión hace el alcalde de Vitoria.

Vigo reconoce problemas graves de gestión en Lanbide que hay que corregir con un mayor control, pero no cargándose el actual sistema de bienestar social.

La pobreza ha crecido entre las familias de clase media y de ello, según Vigo, también son responsables las cajas y bancos por dejar tirados a miles de hogares.

3,5%

Porcentaje de pobreza que existe a día de hoy en Euskadi, por debajo de la media de los países europeos. En el resto del Estado español, la pobreza se dispara al 10% de la población.

1.200

Euros es la cantidad en la que la UE fija el umbral de la pobreza, que cada vez alcanza a más familias, hogares que antes eran de clase media y ahora son pobres. En España, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) es de seiscientos y pico euros.