madrid - Todos los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados salvo PP, UPyD y CiU sellaron ayer un pacto público para que la central nuclear de Garoña no se reabra. PSOE, PNV, IU, Equo, ERC, BNG, Compromís, Amaiur y Nueva Canarias firmaron una declaración en la que se comprometen a clausurar la planta nuclear burgalesa si el Partido Popular no recupera el poder tras las próximas elecciones generales. Los grupos denunciaron que el Gobierno de Mariano Rajoy avale la reapertura de Garoña y opere para que el parque nuclear estatal se alargue hasta los sesenta años.
Durante la presentación de la iniciativa, Pedro María Azpiazu, del PNV, explicó que el grupo vasco se adherirá a todas las iniciativas que promuevan el fin de la central, que desde el punto de vista del suministro eléctrico es “innecesaria”. Por su parte, el diputado socialista Luis Tudanca criticó esta intención del Ejecutivo, que “rompe” con el consenso sobre el periodo máximo de vida útil de las nucleares, establecido en cuarenta años. En su opinión, la paralización de la actividad de Garoña hace ahora dos años demostró que su desmantelamiento no supone un hándicap para el suministro energético.
Para los firmantes del pacto, el cierre de la planta debe ir de la mano de un desarrollo económico alternativo, basado en sectores más sostenibles para dar “oportunidades de futuro” a la población de la comarca. El portavoz de Compromís en el Congreso, Joan Baldoví, sostuvo que el PP “ha perdido el sentido común y prima intereses económicos por encima de los de la sociedad”, opinión compartida por los diputados del BNG, Rosana Pérez, y de Amaiur, Xabier Errekondo.
Finalmente, el líder de Equo, Juan López Uralde, adelantó que la declaración de ayer no acababa en el Parlamento, sino que buscará un mayor número de adhesiones en la sociedad. Pedro Quevedo, de Coalición Canaria, explicó que su grupo se suma a la iniciativa por solidaridad, ya que “los canarios no tienen mucho que ver con los riesgos de las centrales, pero sí sabemos del estímulo de las energías sucias”, en alusión a las prospecciones petrolíferas que tienen lugar en la comunidad autónoma canaria.
Según argumentaron todos los partidos, la declaración de ayer sirve para “mandar el mensaje de que no importan los tejemanejes del PP, porque Garoña no se va a reabrir y no vamos a asumir los costes posteriores”, en referencia a las indemnizaciones que pudiera reclamar Nuclenor -participada al 50 % por Endesa e Iberdrola- en concepto de lucro cesante. La secretaria federal de Cambio Climático del PSOE estimó por último que no queda tiempo para la reapertura de Garoña en lo que resta de legislatura.
“un capricho de zapatero” Por otra parte, la Junta de Castilla y León insistió ayer en que mientras Garoña sea segura debe seguir funcionando porque su producción de energía es necesaria y de su actividad depende el empleo de unas mil familias. Según el portavoz del Ejecutivo autonómico, José Antonio de Santiago-Juárez, el anterior Gobierno socialista defendió el cierre de esta central nuclear por “un capricho político e ideológico del presidente Zapatero”. - Efe
