gasteiz - Pese al poco entusiasmo que las instituciones del Estado han puesto en la investigación abierta en Argentina para arrojar luz sobre las atrocidades de la dictadura franquista y señalar a sus responsables, Álava volvió a enviar ayer un nuevo recado al Gobierno central para que colabore con la jueza encargada de este caso, María Servini. Las Juntas Generales, en concreto, instaron al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que detenga y extradite al país sudamericano a las 19 personas todavía vivas y ya imputadas por Servini por los crímenes cometidos durante y después del franquismo, tales como la masacre del 3 de marzo de 1976 en Gasteiz. Entre ellas se encuentran el que fuera ministro de Relaciones Sindicales entre 1975 y 1976, Rodolfo Martín Villa; el exvicepresidente del Gobierno, Alfonso Osorio García, y el excapitán de la antigua Policía Armada en Vitoria Jesús Quintana, a quienes se les considera “responsables” de la masacre de Zaramaga durante la que murieron a balazos cinco trabajadores.
El texto aprobado fue el resultado de una enmienda transada entre todos los grupos de la oposición al PP, que gobierna en minoría la Diputación alavesa y que ayer votó en contra de esta iniciativa. PNV, EH Bildu, PSE-EE y EB reprocharon a los populares que con su posicionamiento avalen la “impunidad” de lo sucedido durante el franquismo bajo el pretexto de la Ley de Amnistía y de la prescripción de delitos. También el pasado 24 de noviembre el Ayuntamiento de Vitoria instó al Gobierno a detener y extraditar a Argentina a estos 19 imputados por la jueza Servini con el apoyo de todos los partidos y la abstención del PP.
Interpol Argentina pidió a principios de noviembre a España la detención preventiva con fines de extradición de los acusados en la causa abierta en ese país contra los crímenes del franquismo, así como el envío de todos los datos necesarios a fin de tramitar la orden de captura internacional. Estas órdenes fueron bloqueadas a petición de España.
La juntera del PP Carmen Asiaín aseguró ayer que la querella interpuesta en Argentina fue rechazada en el Tribunal de Estrasburgo y que estos delitos han prescrito, algo que también ha sucedido con atentados cometidos por ETA, aunque sea “duro” de aceptar para las víctimas. Asiaín indicó también que en 2004 el Gobierno socialista ya respondió que los hechos del 3 de marzo no tienen encaje en la definición de delitos de terrorismo, pero argumentó que eso no supone que no tengan reconocimiento. Asiaín reprochó especialmente a EH Bildu que “no condene” los atentados de ETA y dijo que no les reconoce legitimidad para erigirse en defensores de las víctimas del 3 de marzo.
Ramiro González (PNV) respondió a Asiaín que el hecho de que haya otros crímenes execrables no impide que se “tape éste” y censuró que el PP intente poner “una pared” para que no se pueda conocer la verdad.
“Los delitos de lesa humanidad ni prescriben ni pueden ser amnistiados”, insistió González, quien recordó que una ley foral de la pasada legislatura determinó que lo ocurrido el 3 de marzo fue una “injustificada masacre ordenada por un gobierno no democrático”.
Gorka Ortiz de Guinea (EH Bildu), entretanto, acusó al PP de “manipular la historia” y de “avalar estas barbaridades”. “Moralmente estamos obligados a colaborar con la justicia argentina”, insistió el portavoz abertzale. Cristina González (PSE-EE) pidió a la “derecha” que deje de “manosear la historia” y de poner impedimentos para esclarecer estos hechos, al tiempo que reclamó apoyo a la investigación de Servini y apeló a desarrollar la Ley de Memoria Histórica para reparar a las víctimas.
“Hoy el PP se posiciona junto a presuntos criminales franquistas y el resto junto a las víctimas del franquismo”, resumió por su parte Nerea Gálvez (EB), quien censuró que los populares no hayan condenado hoy “el terrorismo franquista de un psicópata terrorista”.
La enmienda también reprueba todas las declaraciones que justifiquen y avalen la “actuación criminal” cometida en Vitoria en 1976 en alusión a unas declaraciones hechas por el parlamentario del PP, Iñaki Oyarzábal, que en una entrevista dijo que esa carga fue un “exceso” de una policía acorralada.
Tras el debate, el colectivo de apoyo a las víctimas del 3 de marzo censuro que “una vez más ha quedado en evidencia la hipocresía del PP a la hora de tratar a las víctimas del franquismo y acabar con la impunidad de los victimarios que las provocaron”. - Efe/DNA
