gasteiz - El Ayuntamiento de Gasteiz solicitará una orden judicial para entrar en la granja abandonada de Arkaute en la que han entrado a residir decenas de okupas, que vierten sus aguas residuales al perímetro de la finca y viven allí en condiciones indignas. El concejal de Urbanismo, Miguel Garnica, explicó que el Consistorio acudirá al juzgado para poder entrar en la vieja granja, situada en el extremo sur del pueblo, pues una patrulla de Medio Ambiente de la Policía Local se desplazó allí el pasado 24 de noviembre para comprobar las condiciones en que vivían sus ocupantes y no se les abrió la puerta. Al ser una propiedad privada, los agentes no pudieron acceder.

Según el concejal del PNV Álvaro Iturritxa, quien preguntó por la situación en la parcela, la ropa tendida e incluso las atenciones domiciliarias prestadas allí mismo por los servicios sociales municipales prueban que hay un asentamiento irregular ante el que hay que actuar. “No hace falta entrar para ver que se han abierto los tejados de uralita para instalar chimeneas, que se ha modificado la carpintería o que han agujereado la pared para sacar las aguas residuales al perímetro circundante”, dijo Iturritxa, quien criticó que los diferentes concejales del equipo de gobierno (Policía Local, Medio Ambiente o Asuntos Sociales) hayan derivado el problema a sus compañeros. “El Ayuntamiento -insistió- tiene la certeza desde hace al menos dos años de que allí vive gente”.

“infraviviendas” en Olarizu El edil jeltzale preguntó además por los pisos ocupados del número 2 de la Avenida de Olarizu, y que según los vecinos de la zona son ya tres. Iturritxa explicó que la Policía Local se ha desentendido de las denuncias ciudadanas al alegar que la ocupación de esas viviendas es un asunto que sólo compete a su propietario. Lo que ocurre es que los pisos pertenecen a la sociedad municipal Ensanche 21, y por tanto al Ayuntamiento.

Se da la circunstancia de que en esas viviendas no hay agua corriente ni suministro eléctrico, lo que las convierte en “infraviviendas”, según Iturritxa. Garnica negó que en Vitoria viva nadie en ese tipo de condiciones, y aseguró que en todo caso quienes han entrado en los pisos “no deberían vivir ahí, hay una ocupación ilegal”. El edil de Urbanismo explicó que además ya se han adoptado medidas para evitar que se ocupen más pisos, mediante el tapiado de los accesos. El sellado de las casas no busca sólo evitar que sean ocupadas, sino también acabar con los saqueos de las instalaciones que al parecer se estaban empezando a registrar, tal y como se informó a la Policía Local el día 26.

Iturritxa, por su parte, urgió al equipo de gobierno a acabar con esta situación, pues en estos bloques aún residen antiguos vecinos del barrio que aún no han sido realojados y que “sienten inseguridad”. El edil emplazó personalmente a Garnica por su calidad de presidente de Ensanche 21. - T.D.