gasteiz - Durante los tres años que lleva al frente de la Diputación Foral de Álava, el diputado general, Javier de Andrés, no parece haber encontrado un solo hueco para hacer algo que está obligado a hacer. Ya sea por mala memoria, o quizás por estar muy ocupado en otras cosas, el Gabinete popular admitió ayer que desde que llegó al sillón en mayo de 2011 no ha realizado ni una sola inspección fiscal a los cargos públicos forales. Y eso a pesar de que están obligados a realizarlas, según una Norma foral de 2008.
Curiosamente, las últimas inspecciones realizadas por el Ejecutivo foral del PP fueron para fiscalizar los dos últimos años de legislatura de Xabier Agirre (2009 y 2010). Sin embargo, cuando al Departamento de Hacienda, liderado por Aitor Uribesalgo, le tocaba escudriñar por primera vez las declaraciones de los nuevos cargos populares, las inspecciones se postergaron sine die durante tres años. Hasta ahora.
A instancias del PSE-EE, que había trasladado una solicitud previa de comparecencia para intentar aclarar esta cuestión, el diputado foral de Hacienda admitió ayer lo sucedido y aseguró que las inspecciones no sólo de este año, sino de los dos anteriores, arrancarán en breve. Este mes, concretamente. Y es que la actualidad foral está plagada de casualidades. ”Llevamos desde la pasada legislatura solicitando e insistiendo en que se controle el patrimonio y los movimientos de todos los cargos públicos, como está obligada la Diputación por la norma foral, pero hasta ahora el PP no se ha preocupado lo más mínimo por hacerlo”, explicaba ayer la portavoz del grupo juntero socialista, Cristina González, que por cierto hoy mismo comparecerá ante los medios de comunicación para anunciar que se postula oficialmente como candidata del PSE a diputada general.
de andrés soltó la liebre Por irónico que resulte, el responsable de hacer saltar la liebre de forma involuntaria y poner evidencia que la Diputación no había realizado en estos tres años ni una sola inspección a sus cargos públicos fue el propio diputado general. Fue el pasado 8 de octubre, cuando De Andrés se vio eclipsado en el Pleno de política general por una noticia en la que se le acusaba de haber pagado su chalé en fajos de billete. Ese día, el diputado general se acercó a los periodistas presentes para entregarles un documento del servicio de inspección foral en el que se negaba que se le hubiera abierto una inspección, como también se mantenía en la información. El problema es que, de haber cumplido con la norma foral, al diputado general sí se le debería haber realizado una inspección rutinaria anual, como al resto de cargos públicos. El mismo papel que le sirvió para cerrar una polémica le ha llevado a abrir otra un mes después.
Así las cosas, ahora la Diputación deberá darse prisa para hacer en los seis meses que resta de legislatura lo que no ha hecho en tres años, inspeccionando a junteros, concejales, parlamentarios, presidentes de Juntas Administrativas o a la delegación del Gobierno, entre otros.
Confesión. El diputado foral de Hacienda, Aitor Uribesalgo, admitió en el Pleno de ayer que no han realizado ni una sola inspección a sus altos cargos en los tres años de legislatura ‘popular’, aunque sí lo hicieron al llegar con el Gabinete de Xabier Agirre.
Ahora sí. Tras sus palabras, Uribesalgo adelantó que iniciarán las inspecciones este mismo mes, no sólo las referentes a 2014 sino también las que debían haber acometido los dos últimos años, como les obliga la Norma foral aprobada en 2008.
