El debate sobre la gestión de la RGI ha sido, desde el principio, un debate sobre el uso que los inmigrantes hacen de ella. Y esa circunstancia, pata central de la campaña iniciada por el alcalde, Javier Maroto, bajo el eslogan ayudas sí, abusos no, ha acabado por indignar a quienes llevan toda una vida dedicada a promover la inclusión social sin mirar la procedencia ni el color de la piel. Nunca hasta ahora su labor había sido cuestionada, pero el cóctel explosivo en que se ha convertido la estrategia del PP en plena crisis económica ha hecho que parte de la calle ponga en tela de juicio algunos de los derechos universales que sustentan el sistema vasco de protección del que forman parte. Y no están dispuestos a consentirlo. Les preocupa, y mucho, los efectos negativos que la ola de frustración y xenofobia empujada por el PP pueda generar en la convivencia y en las personas más necesitadas. Por eso, decenas de entidades han decidido elevar la voz. La última, el Colegio Profesional de Trabajadores Sociales de Álava. Un colectivo que, como Cáritas, Cruz Roja, el Banco de Alimentos, Berakah, Comisión Antisida, Bizitza Berria o Cear, resalta el papel de las prestaciones como tablas de salvación para miles de familias, de aquí y de fuera, mientras intentan salir a flote.

Su discurso se sustenta en la defensa de valores universales, opuesto diametralmente a esa fuerza de la calle de la que presume Maroto y que en muchos casos apoya al alcalde con mensajes que hablan de “buitres carroñeros”, “gente que nos viene a chulear” o “gorrones y maleantes que infestan la Green Capital”, y que proponen “echar de aquí a esa gente con papeles o sin papeles con una patada en el culo”. Para el Colegio de Trabajadores Sociales de Álava, su labor nunca podría funcionar sobre esas bases. Sus pilares son la dignidad, la libertad y la igualdad. “Cada persona posee los mismos derechos y deberes compatibles con sus peculiaridades y diferencias”, afirma el colectivo. Y, por eso, no puede evitar expresar su preocupación “ante el cuestionamiento continuo de nuestro sistema de protección social”. Un entramado que es consecuencia de más de 25 años de trabajo, reflexión y consenso entre profesionales, dirigentes políticos, asociaciones del tercer sector e instituciones públicas.

Obviamente, a lo largo de ese tiempo las circunstancias han cambiado. Los ciudadanos autóctonos se han sumido en situaciones de vulnerabilidad que podían no estar contempladas en el origen del sistema. De ahí que los agentes implicados apuesten por continuar mejorándolo, a la vez que se intensifica el control administrativo, pero no mirando nacionalidades. “El sistema ha ido evolucionando con los años y todavía queda mucho por hacer, pero no aceptamos las amenazas de más recortes en el acceso a nuestros derechos”, afirma con severidad el Colegio Profesional.

Desde su punto de vista, que es el de quienes trabajan cada día con las personas más desfavorecidas, el entramado actual “permite la cohesión e impide la fractura social, además de conseguir la brecha entre los sectores más vulnerables y los más privilegiados no sea insalvable”. Un objetivo por el que se lucha batallando con gigantes. Este miércoles, un informe de Oxfam alertaba de que las fortunas más ricas del Estado lo son dos veces más que antes de que arrasara el tsunami económico y que España se ha convertido ya en el segundo país de toda la Unión Europea con mayor desigualdad.

Si no fuera por los programas sociales, ese margen entre extremos sería mayor. De hecho, la Encuesta de Pobreza de 2014 acaba de revelar que, sin RGI, PVC y AES, la disminución de los ingresos entre los sectores más pobres en Euskadi no habría sido del 13,4% sino del 25,7% . “En la actualidad, son miles las personas ciudadanas de Euskadi en situación de vulnerabilidad extrema que gracias a las ayudas sobreviven día a día: mujeres, personas mayores, inmigrantes, parados y paradas de larga duración.... Y son miles los menores que tienen garantizados los derechos básicos gracias a la RGI y las AES”, subrayan los trabajadores. Por eso, no comparten que el papel tan clave que juegan las prestaciones pueda verse empañado y estigmatizado por un discurso que da más importancia a los cobros indebidos propiciados por fallos administrativos o a que el 40% de los perceptores sea de origen inmigrante. Para este colectivo, la mejora de la gestión es precisa, pero “trabajamos con y para las personas sin distinción”, por lo que por encima de todo debe ser “más humana”.

El comunicado del Colegio saltará a la calle el próximo jueves, día 6, con una concentración en la plaza de Correos de 19.00 a 19.30 horas. “Tras los numerosos recortes existentes nos están convirtiendo en agentes de la caridad y la beneficencia, retrocediendo muchos años atrás. Y no lo vamos a permitir. Queremos realizar nuestro trabajo con y para todas las personas con garantías”, advierte. Por eso, estos profesionales animan a participar en la protesta a “todos los trabajadores sociales, a colectivos y asociaciones del tercer sector, a las personas usuarios de los servicios y a todas aquellas personas de nuestra comunidad que apuesten por una sociedad más justa y solidaria sin distinción”. Una invitación que se sitúa en el polo opuesto a la que sigue promoviendo Maroto. Ayer, tras el rechazo en bloque de la oposición a su propuesta para endurecer los requisitos de acceso a la RGI, volvió a animar a los gasteiztarras a través de las redes sociales a apoyar su campaña mediante una recogida de firmas que impulse una Iniciativa Legislativa Popular. “Sólo queda la voz y la fuerza tranquila de la calle”, dijo el primer edil, sumando 289 votos y decenas de mensajes en el que le brindan apoyos para “ganar muchas batallas y así ganar todos juntos la guerra” .