Desde que hace cuatro meses el alcalde de Gasteiz, Javier Maroto, acaparó la agenda política no sólo de su ciudad, sino de todo Euskadi, al acusar a los inmigrantes magrebíes de no querer trabajar y vivir de las ayudas sociales, ha habido una guerra de declaraciones sin fin, una creciente bola de nieve que Maroto lanzó ladera abajo y que va creciendo sin parar. La crispación con respecto al sistema de protección social vasco va en aumento en la Corporación, en el Parlamento Vasco y en la calle, donde el tema también ha fagocitado cualquier otra cuestión de actualidad, con la única excepción de los días en que se producen redadas policiales contra cargos públicos.
Desde ayer ya no hay marcha atrás; la bola seguirá rodando durante al menos cuatro meses, y sólo resta conocer dónde o contra quién acabará estrellándose. El PSE presentó en el Pleno municipal una moción para crear una comisión de investigación sobre el fraude en las ayudas sociales municipales (no la RGI) con el fin, según el portavoz socialista, Patxi Lazcoz, de “poner luz y taquígrafos sobre las falsedades” que a su juicio vierte Maroto. La propuesta contó con el apoyo del PNV, cuya única condición fue retirar la palabra investigación y rebautizar al foro de inminente creación como comisión especial sobre el fraude social en Vitoria-Gasteiz, llamada a “determinar la veracidad o no de los datos denunciados por el gobierno municipal”.
La iniciativa pretende, en ese sentido, recabar todos la información posible sobre el fraude en la ciudad, “además de evacuar las responsabilidades políticas oportunas si ello fuese necesario”. Lo cierto es que uno de los principales problemas de toda esta polémica es la falta de datos unívocos sobre el fraude. Las cifras bailan desde el primer día, cada cual arrima el ascua a su sardina y al ciudadano le es imposible saber, obviando el evidente carácter electoralista que ha motivado este serial, qué requisitos hay que reunir para cobrar la RGI o las AES, cuánto tiempo se pueden percibir o si es cierto ese mantra callejero sobre la primacía del extranjero sobre el nacional en las oficinas de Lanbide.
La comisión versa exclusivamente sobre el fraude -que fue el detonante de la polémica, aunque Maroto ha ido mutando su discurso con el paso de los meses para culpar al sistema, y no tanto al magrebí, que ha pasado de defraudar a abusar-, pero quizá la intervención de técnicos de Asuntos Sociales y especialistas en materia pueda arrojar luz sobre la realidad del Estado del Bienestar en la Euskadi de la crisis económica.
La comisión también puede ser un envidiable altavoz institucional en el que cada semana, y durante cuatro meses, el alcalde y su equipo de gobierno sigan lanzando ese mensaje de dos caras, que insiste en que “inmigración no es igual a fraude” mientras constantemente se divide a los perceptores de la RGI (que sufraga el Gobierno Vasco, y no el Ayuntamiento) en nacionalidades.
Ese es el temor de EH Bildu, que ayer advertía, por boca de la edil Ane Aristi, de que la comisión puede convertirse en un “púlpito” para hacerle “el caldo gordo” al alcalde. “Compartimos el objetivo, pero el camino para alcanzarlo puede tener un coste muy elevado”, alertó.
Por lo pronto, ayer Patxi Lazcoz -que morirá matando, vista la durísima oposición que le está haciendo al PP en sus últimos meses como concejal- dio algunos datos que buscaban desmontar la alarma social sobre un creciente colectivo de argelinos y marroquíes que vienen a Euskadi a vivir del trabajo de los demás. Así, la moción acusa a Maroto de confundir a la ciudadanía al dar datos de personas atendidas en los servicios sociales como si todas fueran perceptoras de ayudas, de decir que la RGI oscila entre los 866 euros y los 1.200, cuando la media es de 584 euros; o de hacer creer que estas ayudas son vitalicias, cuando a día de hoy en Euskadi nadie lleva más de tres años cobrando esta renta. El texto asegura además que el alcalde ha ocultado deliberadamente los datos sobre fraude que maneja, y que ahora, con esta comisión, deberían salir a la luz.
La tremenda crispación que se generó durante el debate sobre la creación de la citada comisión no menguó en el siguiente punto del orden del día. El portavoz del PNV, Gorka Urtaran, pidió la adhesión de los grupos a un pacto municipal por la cohesión social y la convivencia pacífica, fundamentado en la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos. “Quiero que mis hijos crezcan en una ciudad como aquella en la que crecí yo; no quiero que Vitoria se convierta en Badalona”, dijo el edil jeltzale, que obtuvo el respaldo a su propuesta de todos los grupos salvo el PP. EH Bildu añadió la petición de colocar un cartel en la fachada del Ayuntamiento que rechace “actitudes racistas”.
Para la concejala popular Ainhoa Domaica, el texto de dicho pacto se ha redactado “desde el buenismo y para que el PP no pueda adherirse”. Domaica siguió en su discurso en la línea de Maroto y habló de “nuevos supuestos que nos escandalizan a todos cada día” (en relación al cobro indebido de la RGI), y citó hasta en dos ocasiones al ciudadano pakistaní que trató de violar a una mujer en verano y que la percibe, o a los maltratadores condenados, que también la cobran. Enfrente están los autónomos, los propietarios de “una huertita”, quienes han heredado un inmueble rural del que no se pueden deshacer, y demás potenciales votantes en apuros económicos excluidos de las ayudas sociales por tener patrimonio.
La comisión. En un plazo máximo de diez días el alcalde vitoriano, Javier Maroto, deberá convocar a los grupos municipales y poner en marcha la comisión especial sobre el fraude en las ayudas sociales. El foro, creado a petición del PSE y con el apoyo del PNV (EH Bildu se abstuvo) persigue “poner luz y taquígrafos a las falsedades” del alcalde.
El portavoz del PNV en el Ayuntamiento de la capital alavesa respaldó ayer la creación de una comisión especial sobre el fraude social en Gasteiz.
La concejala de EH Bildu advirtió ayer de que la comisión puede servir a los intereses electorales de Maroto.
El portavoz del PSE en el Ayuntamiento vitoriano fue el impulsor de la comisión sobre el fraude social que se desarrollará durante los próximos cuatro meses.
La edil ‘popular’ negó que el alcalde haya relacionado la inmigración con el fraude, aunque insistió en que hay que revisar la Renta de Garantía de Ingresos.
