vitoria - Javier Maroto buscaba el jaque mate cuando, en su condición de parlamentario vasco, solicitó información exhaustiva al consejero de Empleo y Políticas Sociales sobre los perceptores de la RGI. Quería saberlo todo de ellos, convencido de que con los datos oficiales reforzaría uno de los dogmas que sostienen su campaña para endurecer los requisitos de acceso a la ayuda: que los magrebíes vienen a vivir del cuento y no a trabajar, que abusan más que nadie, que estiran la prestación hasta hacerla vitalicia, que impiden que llegue a quien se la merece. Pero su jugada maestra se ha quedado en intención. No se trata de sensaciones ni de empeños, sino de cifras objetivas, de hechos que demuestran que no hay mejores ni peores y que el fraude social no es el gran problema que el PP pintó. Un aperitivo. En lo que va de año, Lanbide ha suspendido o extinguido la renta de 142 personas por incumplir su principal obligación, la de aceptar una oferta de empleo. De ellas, 73 eran autóctonas y 69 extranjeras; y de éstas, tan sólo 16 marroquíes y argelinas. En todo Euskadi, por cierto.

Pero empecemos por el principio, siguiendo el orden de las preguntas del propio alcalde vitoriano. ¿Cuántos perceptores de RGI existen en el País Vasco? 65.337. Sin pensionistas, quedan 48.210. Y de éstos, 22.903 son extranjeros: es decir, que el colectivo inmigrante representa el 35% del total contando a los jubilados y el 47% dejándolos aparte. No parece un porcentaje tan alto como el que insinuaba Maroto. Por nacionalidades, eso sí, tenía razón cuando decía que los magrebíes lideraban el ranking. Hay 9.911 marroquíes beneficiarios y 3.495 argelinos, aunque también hay que tener en cuenta que constituyen el grueso principal de la inmigración en Euskadi, que llegaron para trabajar en sectores que ahora sufren una crisis brutal -la construcción y el campo- y que, en cualquier caso, por continentes, gana América Latina. De hecho, en el top de la lista de titulares extranjeros aparecen 5.021 bolivianos, 4.039 colombianos y 2.198 ecuatorianos. Y de por medio se cuelan además 3.495 ciudadanos rumanos.

Mucho se ha hablado también sobre la cuantía de las RGI. Hace poco el primer edil gasteiztarra volvía a decir que ésos que “no se merecen” la ayuda cobraban más de 870 euros al mes. No es cierto. Lanbide lleva gastados este año 29,3 millones de euros y, de media, el titular de la prestación recibe 584,61 euros al mes. Por nacionalidades extranjeras, más de un centenar en total, marroquíes y argelinos superan ligeramente la cifra: 634,60 y 655,37 euros respectivamente. Pero hay otras veinte que aún están más por encima y nunca se han situado en el punto de mira de Maroto -tal vez porque en total son menos, porque votan en los comicios...-, como los armenios, los procedentes de antiguos territorios de soberanía española, eslovacos, iraquíes, libaneses, checos, palestinos, serbios, rumanos, guineanos, panameños... Con los de Barbados y sus 835 euros de media al mes a la cabeza. Sobre los autóctonos, por cierto, no hay nada que decir porque el primer edil gasteiztarra no pidió los datos.

La cronificación de las ayudas recibidas por los -ciertos- extranjeros es otro de los mantras del alcalde, acostumbrado ya a calificarlas de sueldos vitalicios. Por eso mismo, preguntó al consejero por el tiempo que los titulares actuales llevan cobrando la prestación, una información que solicitó en función de diez franjas: desde menos de seis meses hasta más de ocho años. La horquilla, sin embargo, resultó ser innecesaria. No hay nadie que esté recibiendo la renta desde hace más de tres ejercicios, aunque la crisis haya agravado la dependencia. De los 48.210 titulares, 30.897 llevan entre dos y tres ejercicios cobrándola, 8.605 entre uno y dos años, 4.949 entre seis meses y un año, y 3.759 menos aún. Respecto a los inmigrantes e independientemente de sus países, la tendencia es similar. También coinciden casi todos los beneficiarios en cuanto a su situación familiar, ya que la RGI suele llegar a hogares de tres o más miembros.

Y llegamos a otra patata caliente. La de los cobros indebidos. Lo que Maroto llama abusos. El documento los cifra en 47,6 millones, de los que 34,234 están pendientes de recuperar. De ésos, el 55% afecta a extranjeros. Pero ni aun así los datos lucen a su favor. Aunque los magrebíes sean por nacionalidad los que más ayudas reciben, no son porcentualmente los que más dinero no merecido se han llevado, consciente o inconscientemente. A los marroquíes, por ejemplo, Lanbide les imputa 4,1 millones de cobros indebidos, pero si se compara con los que pesan sobre bolivianos o colombianos, deberían oscilar entre 6,6 y 7,5. El discurso del alcalde hace aguas. Y la puntilla la pone el asunto laboral. Sólo ha habido 142 suspensiones de RGI en toda la CAV por rechazar trabajos, y 69 de ésas corresponden a inmigrantes: catorce en el caso de marroquíes y dos en el de los argelinos -cinco en Vitoria-. Si hay jetas, como dice el PP, están en todas partes.