de forma paulatina, con un goteo constante y un rumbo fijo, los pasos de Nuclenor y el Gobierno central se dirigen hacia la reapertura de Santa María de Garoña sin toparse -al menos por ahora- con grandes obstáculos. Quizás porque el horizonte de atisba aún lejano -es poco probable que suba la persiana antes de 2016, y según la normativa no debería poder hacerlo antes de octubre 2017-, o tal vez porque nadie quiere asumir que la sombra nuclear vaya a sobrevolar de nuevo sus alrededores, la más que posible reactivación de Garoña, que el jueves cumplió un año y diez meses de parada, tal vez no atraiga todavía el amplio volumen de protestas que orbitaban a su alrededor en tiempos pasados.

Aunque todo se andará, porque desde que empezaran a surgir las primeras informaciones sobre el revocamiento del cese de explotación por parte del Ministerio de Industria, Vitoria ha acogido ya dos manifestaciones multitudinarias en contra de la central: la que recorrió las calles del centro de la capital alavesa el pasado 15 de marzo y el 21 de septiembre de 2013.

Ahora, después de que el pasado 29 de septiembre la firma propietaria del complejo atómico pisara el acelerador enviando la documentación adicional requerida por el CSN para obtener la licencia, el penúltimo paso en la hoja de ruta marcada para la reactivación de Garoña llegó la semana pasada, con la reunión celebrada en el Ayuntamiento del municipio burgalés del Valle de Tobalina, donde el subdirector de Energía Nuclear del Ministerio de Industria, Javier Arana, presidió un nuevo encuentro del llamado comité de información de Santa María de Garoña.

En la cita, Arana trasladó a la decena de alcaldes de las localidades cercanas a la central que ésta cumplió “sin retrasos significativos” la puesta en marcha de las medidas de seguridad derivadas del accidente del complejo japonés de Fukushima, cuyo accidente nuclear en marzo de 2011 propició cambios en la legislación relacionada con la seguridad de las centrales, que la planta ubicada a cuarenta kilómetros de Vitoria deberá cumplir -aunque no son las más numerosas- si quiere retomar su actividad.

De hecho, de las 18 instrucciones técnicas complementarias remitidas por el Consejo de Seguridad Nuclear a Nuclenor en 2013 para poder renovar la licencia de explotación, sólo una concernía a las adaptaciones necesarias para cumplir con los protocolos posteriores al accidente de Fukushima. Del resto, 16 estaban relacionadas con el cese definitivo de la explotación de la central, y la última tenía que ver con fuentes radioactivas.

Estas reuniones del comité de información de Santa María de Garoña sirven también para trasladar a los alcaldes las medidas de seguridad y planes de emergencia de unos municipios que cada año se benefician de ayudas para equipamiento e infraestructuras del Plan de Emergencias Nuclear. Diez municipios de los que sólo uno es alavés -Lantarón-, siendo el resto burgaleses -Encío, Bozoo, Cascajares de Bureba, Jurisdicción de San Zadornil, Miraveche, Partido de la Sierra en Tobalina, Santa Gadea del Cid y Oña-. En total, el Gobierno de Madrid destinará en 2015 una partida de 500.647 euros a los diez municipios, con un reparto de 60.000 euros por cabeza para dedicar a obras. Para conceder las ayudas se tienen en cuenta las inversiones que han realizado los últimos cinco años, su cercanía a la central nuclear y el número de habitantes.

la clave electoral Así las cosas, con los principales protagonistas avanzando en silencio, ahora mismo sólo un cambio de Gobierno tras las elecciones de 2015 -uno que dejara fuera del poder al Partido Popular- podría propiciar de forma clara variaciones en el calendario marcado para Garoña. Por ahora, el 2016 se atisba como fecha para levantar de nuevo la persiana nuclear de un recinto inaugurado en 1970, aunque cabría la posibilidad de que la puesta en marcha del reactor pudiera adelantarse a 2015.

Un adelanto a consecuencia de las disposiciones adicionales que el PP incluyó en el Real Decreto aprobado el pasado mes de febrero, que modificaba el reglamento previo para las centrales nucleares fechado en 1999. Una norma ad hoc sin la que Nuclenor no hubiera podido reunir las autorizaciones necesarias antes de tres años una vez solicitada la reapertura. Pero, con la decisión que Rajoy selló en febrero, ese plazo se reducía a un año. De cualquier forma, partidos como Equo insisten en que en ningún caso Garoña se podría reabrir antes de pasados tres años desde la entrega completa de la documentación, por lo que según su valoración, la central no podría reabrir como mínimo hasta octubre de 2017.

A partir de entonces, y siempre que la sombra nuclear acabé finalmente cristalizando en la reapertura, el complejo atómico burgalés podría permanecer de nuevo operativo hasta el 2 de marzo de 2031, fecha límite solicitada por Nuclenor en el requerimiento oficial anunciado el pasado 27 de mayo.

modelo americano De conseguirlo, Santa María de Garoña alcanzaría los sesenta años de vida útil, convirtiéndola en la central más vetusta del Estado, cumpliendo el ansiado deseo de la industria nuclear, que siempre ha considerado que las plantas pueden prolongar su vida sin problemas hasta las seis décadas, siguiendo el ejemplo de lo que sucede en Estados Unidos y desechando las reivindicaciones antinucleares.Mientras tanto, Nuclenor, Iberdrola y Endesa -propietarios de la central al 50%-, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) y el Ministerio de Industria optan todavía por la cautela y el trabajo de despachos antes de salir a la palestra para dar cualquier tipo de explicación sobre los planes de futuro para la central. Sin ir más lejos, para la realización de este reportaje DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA intentó contar con la valoración de todos ellos, pero Nuclenor y el CSN declinaron hacer cualquier tipo de declaración pública sobre el presente y el futuro de la centra, mientras Industria solicitó conocer previamente “el enfoque que se le iba a dar”.

Instrucciones técnicas. En la última reunión del comité de información de Garoña, el CSN informó de que en 2013 remitió un total de 18 instrucciones técnicas complementarias para la posible reapertura de la central.

Fukushima. De estas medidas, 16 correspondían al cese definitivo de la explotación, otra estaba relacionada con fuentes radiactivas y solo una versaba sobre la adaptación del complejo al escenario post-Fukushima, que según la central se había llevado a cabo “sin retrasos significativos”.