vitoria - Por primera vez, y de forma clara, el gobierno de Javier Maroto reconoce que no tiene datos sobre casos de fraude en las ayudas sociales que concede Vitoria. El alcalde, en cambio, lleva afirmando lo contrario, sin dar cifras, desde julio, incluso achacando este mal proceder a nacionalidades concretas, como marroquíes y argelinos; si bien, en sus últimas declaraciones públicas ha sustituido la palabra fraude por abusos.

La insistencia de los partidos de la oposición en pedir datos concretos al PP ha llevado al fin a la responsable de Asuntos Sociales a responder a una batería de preguntas formulada ayer por el PNV. Y por el PSE. Llama la atención que el Ayuntamiento no hace a día de hoy evaluación del control del fraude en las ayudas sociales municipales y que, de existir, es muy poco, tal y como se desprende de las declaraciones de la responsable del área, Ainhoa Domaica. “En este momento realizamos control del fraude, pero no podemos hacer una evaluación real por no disponer de datos”. Atribuye este hecho a varias razones: hay supuestos de fraude que ahora no se contemplan y que el PP quiere incorporar (caso de la justificación documental), como tampoco el dinero no devuelto de los adelantos de Lanbide. Además, las ayudas municipales no están todas informatizadas y tampoco dispone el Ayuntamiento de una aplicación informática imprescindible para realizar un adecuado seguimiento. “Pero tendremos resultados a corto plazo”, apunta. “Que ahora no tengamos datos no significa que no estemos luchando contra el fraude”, insiste.

Aun así, Maroto mantiene su anunciada recogida de firmas para endurecer el sistema de ayudas sociales, modificando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que depende del Gobierno Vasco. Una cruzada en la que el alcalde apela a la calle para presentar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP), ya que el PP no encuentra apoyo a su propuesta en el Parlamento Vasco. “Es escandaloso que el alcalde lleve meses denunciando abusos en el cobro de ayudas y que hoy hayamos tenido que escuchar cómo el PP admite que en el Ayuntamiento no se evalúa el fraude y que desconoce su cuantía”, censura el portavoz nacionalista, Gorka Urtaran.

Los datos aportados en la comisión de Políticas Sociales por el equipo de gobierno son que el 40% de los marroquíes residentes en Vitoria recibe ayudas sociales municipales y no el 70%. Y que la media de lo que perciben entre AES y ayudas municipales es de 266 euros al mes (no 800, como dijo Maroto). El volumen de dinero que gestiona el Ayuntamiento en este apartado es de 5,6 millones. “Maroto quiere recoger firmas de vitorianos contra vitorianos, pedir a los vecinos que firmen contra sus propios vecinos”, apunta Urtaran. Igualmente, el edil socialista Peio López de Munain acusa al PP de haber mentido y seguir haciéndolo tras escuchar las explicaciones de la concejala del PP. “¿Dónde están los datos de fraude?”, cuestiona. Domaica reitera que el PP está a la espera de que el Gobierno Vasco le haga llegar los casos de fraude en la RGI.