el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava (BOTHA) da cuenta de la solicitud del Departamento foral de Obras Públicas y Transportes a la Agencia Vasca del Agua (URA) para llevar a cabo la construcción de una carretera “de 4.600 metros de longitud, con una calzada de dos carriles, solapándose parcialmente sobre la carretera existente, dos nuevos enlaces viarios, tres puentes sobre el río Nervión (dos nuevos y uno de sustitución), obras de drenaje y varios ramales, conexiones, obras complementarias y medidas correctoras, en los términos municipales de Amurrio y Orduña”. Se trata de la polémica mejora del tramo de la A-625, que se ha dado a conocer como la variante de Saratxo, y que “está en trámite de licitación”.
Como siempre en estos casos, se ha abierto un plazo de un mes para que “quienes se consideren perjudicados con la autorización solicitada” puedan presentar sus reclamaciones. Una tarea a la que se dedica con ahínco la plataforma vecinal Saratxo Bizirik 2.0, consciente de que es, muy posiblemente, una de las últimas oportunidades legales que les quedan para intentar salvar la localidad de una obra que califican de “faraónica e injustificable”, y para que se apueste por una mejora “más amable y económica”. De hecho, llevan más de año y medio intentando hacer entender a todo el que haya querido escucharles que no están en contra de que se mejore el trazado de un vial que, desde el año 2008, ha visto perder la vida de una docena de personas. Todo lo contrario. Consideran que la reforma “es una necesidad urgente”. En lo que ya no están tan de acuerdo es en el diseño auspiciado por la Diputación Foral de Álava, pues lo consideran un “macroproyecto sobredimensionado” que les anula como pueblo.
“La gente está ya cansada de explicarlo. Esto es ya como una guerra de desgaste después de tantos años. Puedo asegurar que a nadie en el pueblo le importaría que le expropiasen terrenos si el resultado fuera una carretera acorde a las necesidades reales, y no esta barbaridad”, apunta Zaloa Quintana, una de las afectadas y miembro de Saratxo Bizirik.
En esta pequeña localidad, perteneciente al municipio de Amurrio, no terminan de entender por qué no se opta por una alternativa más sencilla y, por ende, más barata. “En la salida de la autopista de Arrigorriaga se ha solventado con una glorieta a nivel y en la de Areta hacia Arrankudiaga, igual. ¿Por qué aquí no pueden hacerlo? Nos hunden cualquier intento de variación con argumentos técnicos y legales que no entendemos. Sólo pedimos que se aplique la lógica”, insisten, conscientes de que “para el resto del mundo el proyecto planteado es muy bonito. Y claro que lo es. Lo que queremos hacer entender es que no somos cuatro vecinos intentando salvar nuestras tierras, sino todo un pueblo pidiendo auxilio porque vamos a ser colonizados por el hormigón. Pero claro, sumar adeptos a nuestra causa, cuando enfrente tienes un proyecto que va a solventar el pésimo estado de una carretera que afecta a tantas poblaciones, no es tan sencillo como cuando, en un pasado no muy lejano, toda la comarca hizo frente común en contra de la planta de residuos tóxicos que nos querían colocar”, recuerdan.
Con todo, lo están intentando por activa y por pasiva. Han puesto su problema en conocimiento del Ararteko, Iñigo Lamarka; del lehendakari, Iñigo Urkullu; de URA y del Departamento de Agricultura y Medio Ambiente. Tampoco hay que olvidar que el pueblo mantuvo una reunión con Antonio Aiz, viceconsejero del Gobierno Vasco. “Todas estas entidades y personas se mostraron dispuestas a estudiar la situación. Sólo nos falta la respuesta de URA, aunque es poco lo que han podido hacer al tratarse de una carretera de competencia foral”, apuntan.
También han acudido a Amurrio y Orduña a informar del proyecto. El pasado mes de abril lograron movilizar a 300 personas procedentes de municipios de todo el Alto Nervión en una marcha informativa en la que se recorrieron los mojones que indican el trazado previsto de la nueva carretera. La intención no era otra que “informar y denunciar las dimensiones de esta inasumible autopista que acaba en un paso de cebra”, explicó la presidenta de esta Junta Administrativa, Lourdes Cuadra, que aseguró que “si la superficie a expropiar prevista ya era inmensa” -en torno a ocho hectáreas de terreno de uso ganadero y agrícola, así como un caserío e incluso un molino considerado patrimonio rural-, “al ver los primeros mojones colocados por la Diputación alavesa es aún más llamativo el terreno que se va a destrozar. Nos anula como pueblo y ha saltado la alarma, porque si no tenemos terreno, no podemos tener vacas u ovejas, y sin ellas nos quedamos sin forma de vida”, subrayó.
Opinión foral De aquí que también hayan recurrido a la colocación de pancartas por los terrenos afectados por la expropiación, algunas de las cuales -en varias ocasiones, según han denunciado desde la plataforma- han sido retiradas por la Diputación alavesa. El Departamento foral de Obras Públicas, por su parte, asegura que “no se ha hecho con la intención de silenciar a nadie. Sólo se han quitado las que, en base a la estricta normativa al respecto, restaban visibilidad o podían crear distracciones en la conducción”.
Las mismas fuentes señalan, además, que “nuestra actitud está siendo totalmente abierta, correcta y hasta elegante. Ha habido y sigue habiendo múltiples contactos con todo el que nos lo ha requerido, todo lo contrario a la supuesta cerrazón que esgrimen los contrarios al proyecto, porque se está intentando que tenga el menor rechazo y haciendo entender que, de verdad, es el mejor proyecto posible para solucionar este altamente transitado punto negro que, no olvidemos, es el tramo de concentración de accidentes más importante de Álava y, por tanto, nuestra prioridad”.
Desde el ente foral no niegan el alto coste del proyecto. “Claro que es mucho dinero público, pero no más del que implica cualquier otra actuación de similares características. Y lo que queremos dejar claro es que no es sólo un proyecto de este Departamento, sino que hay muchos, como el de Medio Ambiente, implicados, que viene de la legislatura pasada, y que no es cosa de una sola persona como insisten en afirmar”, subrayan.
Desde la plataforma opinan que el ente foral “va a sepultar 35 millones de euros que no tenemos” en el pueblo de Saratxo. Por ello se niegan a quedarse de brazos cruzados ante lo que califican de “una obra faraónica e injustificable” que va por fases, ya que “ahora comienzan con 20 millones de euros y al final serán más de 35, a los que hay que sumar los imprevistos por errores de proyecto y otras causas (el incremento medio del costo de la Obra Pública en España es de 27,6%), para una mala solución”, insisten. En este sentido, piden a los responsables forales que “escuchen a la ciudadanía y no dejen hacer como si no fuera con ustedes. Queremos que nos arreglen la carretera actual, que ya es hora; llevan 30 años sin hacer nada serio en ella. Pero debemos permanecer atentos a lo que nos quieren hacer, luego no valdrá con lamentarlo. Al restaurante Dani, por ejemplo, le dejan sin aparcamiento, lo que es equivalente a la ruina del negocio”, remachan.
La de Saratxo Bizirik no es la única voz que se ha alzado en contra de este proyecto. También las Juntas Generales de Álava instaron el pasado mes de febrero al ente foral a tener en consideración las alegaciones efectuadas por el Ayuntamiento de Amurrio y Saratxo. En concreto, el acuerdo por el que la Diputación Foral de Álava aprobó el proyecto de lo que sería la primera fase de mejora de esta polémica carretera, así como el listado de bienes y derechos afectados por el mismo, fue publicado el 26 de agosto de 2013 en el BOTHA, tras haber considerado dividir el proyecto inicialmente aprobado en dos fases de ejecución. Los tres kilómetros en los que se va a actuar, frente a los 5,4 previstos inicialmente, son “los más peligrosos y accidentados”, y el Gobierno foral justificó su decisión en que “el deterioro de las finanzas públicas exige la reconsideración del gasto público y por eso se aborda la obra en dos fases”.
enlaces El proyecto recibió un recurso de reposición por parte del Ayuntamiento de Amurrio en septiembre de 2013, que fue rechazado en diciembre por el ente foral. Posteriormente, Amurrio optó por no recurrir de nuevo el proyecto, a pesar de considerarlo mejorable “por la necesidad del mismo y para no retrasarlo más”. En líneas generales, la alternativa amurrioarra estimaba necesario eliminar el tráfico pesado por el barrio de Los Mesones porque tiene viviendas que se verán afectadas, y asegurar al menos una distancia de 50 metros desde la carretera al río Nervión. En ese punto, la Diputación plantea un enlace con dos nudos a ambos lados de la carretera. Uno ocupa una superficie de seis hectáreas y el otro, de nueve. Los dos tienen estructura de scalextric y el Ayuntamiento planteaba una sola rotonda con una superficie total de seis hectáreas con todos los accesos al mismo nivel. Además, Amurrio consideraba que con su propuesta se podría asegurar la continuidad del parque lineal del Nervión, que ahora no está contemplada, así como comunicar los polígonos industriales ya que el proyecto foral no resuelve la conexión con las fábricas de la zona Sur.
En la comparecencia ante las Juntas Generales, la diputada de Obras Públicas, Alicia Ruiz de Infante, explicó que “se descartó la posibilidad de enlazar los dos polígonos industriales, porque además de ser mucho más caro, obligaría a construir un paso bajo la vía del ferrocarril que tendría una pendiente del 20% y sólo se podría rebajar hasta el 6%”. De igual forma, Ruiz de Infante avanzó que la conexión entre los polígonos de Kalzadako y Tubacex “es independiente de este proyecto”, y que “se ha ordenado que se inicie la redacción del proyecto de desdoblamiento entre Llodio y Amurrio porque es una vía con tramos de concentración de accidentes peligrosos”.
Sea como fuere, la plataforma Saratxo Bizirik 2.0 recuerda al ente foral que “todo lo que ustedes pretenden realizar en este macroproyecto será sin tener en cuenta la opinión de los habitantes de este pueblo”, subrayan. De opinión similar es el propio Ayuntamiento de Amurrio, que tiene la sensación de que “se busca imponer un proyecto cerrado y no dar la opción de abrir el debate a nivel técnico por miedo a que las opciones que se pudieran plantear fueran más posibilistas y acordes al medio sostenible y tiempos económicos que estamos”, manifestó la alcaldesa, Josune Irabien, que también acudió a la marcha de abril.
