La lucha contra el fracking acaba de llevarse un revés. El pleno del Tribunal Constitucional ha tumbado la ley que Cantabria aprobó el año pasado para prohibir el uso de la fractura hidráulica al estimar el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno español y considerar que la normativa autonómica invade competencias del Estado.
La sentencia del Constitucional no entra a valorar si el empleo de la técnica de la fractura hidráulica para la extracción de gas es o no adecuado, sino que declara la inconstitucionalidad de la citada norma porque invade la competencia exclusiva del Estado “para regular la ordenación del sector energético y gasístico”.
Cantabria fue la primera comunidad autónoma en aprobar una ley para prohibir el fracking, que fue recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional, que la suspendió de forma provisional el pasado mes de febrero. Además de la falta de competencia autonómica, el Gobierno Rajoy alegó que la legislación ambiental no ignora la protección en la utilización de la fractura hidráulica y que la legislación vigente ya sujeta los proyectos que utilicen esta técnica a la evaluación ambiental. Según el Constitucional, la ley estatal exige, además, “la previa declaración de impacto ambiental favorable” para autorizar proyectos que requieran la utilización de técnicas de fractura hidráulica.
Basándose en el carácter básico de la legislación estatal, el TC afirma que las comunidades autónomas pueden legislar en la materia en defensa de sus intereses y dentro de las competencias fijadas por sus estatutos, pero “respetando siempre las bases establecidas por el Estado”. En este sentido, la sentencia concluye que, de acuerdo con la doctrina constitucional y con el fin de proteger el medio ambiente, la comunidad autónoma “puede imponer requisitos y cargas para el otorgamiento de autorizaciones y concesiones no previstos por la legislación estatal, pero sin alterar el ordenamiento básico en materia de régimen minero y energético”.
En Álava, la noticia ha caído como un jarro de agua fría entre los opositores al fracking, quienes habían puesto en marcha una recogida de firmas para conseguir una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que vetase la perforación tanto en el territorio histórico como en el resto de Euskadi. Sin embargo, al mismo tiempo están convencidos de que la campaña de adhesiones tiene ahora “más sentido que ayer”, tras conocerse la sentencia del Constitucional.
La plataforma Fracking Ez Araba es consciente de que la sentencia “va a poner en peligro” las otras leyes aprobadas en Navarra y La Rioja, así como la normativa que propone para la CAV a través de la Iniciativa Legislativa Popular. Sin embargo, considera que la campaña de firmas ha adquirido ahora una importancia mayor “porque sólo un claro y mayoritario rechazo podrá detener los planes de perforación”. La plataforma opositora afirmó que “si existe voluntad política, el redactado de la ley podrá ser modificado de manera que se puedan eludir las implicaciones de la sentencia y redactarla de forma que Euskadi quede blindada”, al tiempo que sostuvo que “independientemente de las batallas legales, el fracking puede ser paralizado hoy mismo si el Gobierno Vasco quiere, ya que todos los pozos proyectados en la CAV han sido solicitados por la empresa pública Sehsa”.
En Cantabria tampoco se dan por vencidos. Su consejero de Medio Ambiente, Javier Fernández, admitió ayer que el fallo del Constitucional supone un “revés”, pero insistió en que con su gobierno no habrá fracking, ya que la región tiene “otros instrumentos” con una legislación rigurosa en ordenación del territorio y urbanismo, medio ambiente y protección de la salud. - Efe
Alternativas. Una vez que el TC ha señalado que no es viable una prohibición absoluta del ‘fracking’ en toda Cantabria, toca buscar otras alternativas legales. El Gobierno de esa comunidad aboga por hacer “más restrictiva” la normativa de la región e ir viendo “caso por caso” con la complicidad de todas las instituciones. Con esa unión y utilizando los recursos disponibles dentro de la doctrina del Constitucional, está convencido de que “en Cantabria no va a haber ‘fracking’”.
