"Sin embargo, el equipo de gobierno no está haciendo nada. Se está incumpliendo lo marcado en materia de subcontratación y las disposiciones en materia laboral, se sabe que la Inspección deTrabajo ha emitido informes y tramitado dos sanciones por infracciones de la normativa y el PP continúa mirando para otro lado”, ha señalado el portavoz nacionalista, Gorka Urtaran. No intervenir cuando la propia Secretaria General afirma que el Ayuntamiento puede y debe hacerlo podría llegar a considerarse dejación de responsabilidades y eso es muy grave. Si el alcalde saleen todas las televisiones diciendo que los bañistas tienen que cumplir la normativa, tendría que hacer exactamente lo mismo con las empresas que vienen a construir a Vitoria-Gasteiz para que tengan claro que aquí se penaliza a quienes pretenden marcar jornadas laborales de 11 horas diarias y sueldos de 300 euros al mes; o a quienes pretenden imponer cláusulas abusivas a las empresas locales subcontratadas. Sin embargo, en este caso el alcalde se alinea conlos infractores dejando en un segundo plano el interés general. Esfuerte con los débiles y débil con los fuertes”, añade elportavoz nacionalista.Además de reconocer la obligación municipal de vigilar el cumplimiento delos contratos, la Secretaria General reconoce en un segundo informe que, en caso de que la empresa vulnere las condiciones de adjudicación, el Ayuntamiento puede imponer las penalidadeseconómicas marcadas en los pliegos de condiciones. “Hay multas perfectamente estipuladas que, en función del tipo de incumplimiento, podrían llegar hasta el 10% del presupuesto delcontrato IVA incluido. Es el mejor modo de decir alto y claro que quien quiera venir de fuera a construir a Vitoria-Gasteiz tiene que hacerlo cumpliendo la normativa y estableciendo condiciones dignas a los trabajadores y empresas locales”, ha afirmado Gorka Urtaran.En este sentido, el PNV llevará al Pleno Municipal del próximo viernesuna moción donde insta al equipo de gobierno a que compruebe elcumplimiento de las obligaciones contractuales tanto de las obras deconstrucción de la estación de autobuses como del Centro Cívico deSalburua y, en caso de que se acredite el incumplimiento de alguna delas cláusulas, proceda a establecer las penalidades económicas quevienen recogidas en los contratos y en los pliegos de condiciones deambas obras.