Gasteiz - Es una obra pública licitada por un Ayuntamiento, que inaugurará un alcalde y disfrutarán los gasteiztarras, pero las condiciones en las que se construye el centro cívico de Salburua no son competencia del Ayuntamiento de Vitoria. Así lo repitió ayer el concejal de Urbanismo y Promoción Económica, Miguel Garnica, a quien el edil de EH Bildu David Pina preguntó por la situación de semiesclavitud en la que trabajan algunos operarios de subcontratas.

Después de que el sindicato ELA denunciara el caso concreto de una decena de operarios que trabajaban once horas diarias a cambio de mil euros y vivían hacinados en un piso al que DNA tuvo acceso hace dos semanas, el revuelo formado ha sido tal que incluso la Fiscalía ha tomado cartas en el asunto.

El hecho es que esa subcontrata en particular se ha adherido al convenio de la construcción en Álava y ha alquilado otro piso para que sus empleados vivan con un mínimo de dignidad, y en ese sentido el problema está solucionado. Ese problema sí, pero la denuncia de ELA aludía a un caso concreto porque era el único que podía probar, con la idea de poner sobre la mesa una situación generalizada. Las instituciones sobrevaloran las ofertas económicas en sus licitaciones, y las constructoras se tienen que agarrar a la obra pública para sobrevivir a una crisis que se desarrolló en su sector y que lo ha carcomido por dentro hasta casi hacerlo desaparecer.

Hay que ganar los concursos, y la vía más segura es poner sobre la mesa la mejor oferta económica. Luego, una vez se gana, toca cuadrar cuentas y ver de dónde se puede recortar para sacar beneficio. Ahí entran en juego las subcontratas que llegan de fuera de Álava y hacen lo mismo para las UTE que las de aquí por menos dinero, porque sus trabajadores no levantan tabiques ni rellenan encofrados en las mismas condiciones que los de aquí. Las adjudicatarias afirman que sólo pueden constatar si los papeles están en regla, y el Ayuntamiento dice que su celo por la protección de los trabajadores queda limitado por la falta de competencias.

cláusulas sociales "Hay que cumplir la Ley, y cuando no se cumple están la Fiscalía, los juzgados y la Inspección de Trabajo", señaló ayer Garnica, que dice haber emplazado a la UTE de Salburua para que estreche su vigilancia en el tajo. Cierto es que los agentes que cita son los responsables de que las cosas se hagan según dicta la norma, pero las instituciones también tienen la potestad de incluir cláusulas sociales en los pliegos de condiciones, llamadas a evitar situaciones de explotación, y que brillan por su ausencia en las contrataciones públicas.

Este caso ha destapado una situación que en Álava se ha dado desde siempre. El convenio de la construcción del territorio dice que no se puede trabajar el sábado sin una motivación suficiente por parte del empleador, o que los sueldos deben pagarse en una cuenta corriente para evitar fraudes al trabajador y a la Seguridad Social, pero en el territorio se vulnera ese pacto por doquier, también en las obras que encargan las instituciones.

Algunos trabajadores firman una nómina y luego cobran billete sobre billete, unas veces más y otras menos, y en cuanto a las horas y días de trabajo de los operarios, basta pasearse un poco por la capital alavesa para ver que el convenio es a día de hoy papel mojado.

Para garantizar su cumplimiento se estableció una mesa de control formada por los sindicatos, la Inspección de Trabajo y la Delegación de Empleo del Gobierno Vasco que llevaba un año sin reunirse, hasta que el caso de Salburua ha precipitado los acontecimientos. En breve se celebrará una reunión de este foro en la que se analizará el grado de cumplimiento del convenio en el territorio alavés, donde el Ayuntamiento de Vitoria es ahora mismo uno de los principales promotores.

El centro cívico, las obras de la Avenida, la reforma del Europa, la estación de autobuses o el nuevo Ayuntamiento de San Martín, sobre el que también pusieron el foco los sindicatos, son casi el único nicho de empleo para un sector que en seis años ha perdido alrededor de 8.000 puestos de trabajo.

La situación. Con jornadas de once horas diarias y pisos patera a cargo de algunas subcontratas se rentabilizan las enormes bajas económicas que presentan en los concursos municipales las UTE que trabajan en la ciudad.

Sector en crisis. En los últimos años la obra privada ha caído en picado en el territorio alavés, y las empresas del sector se refugian en los contratos con la Administración pública. Se estima que desde el principio de la crisis se han perdido unos 8.000 empleos en la construcción.