gasteiz - El policía local vitoriano que pidió la identificación a una funcionaria que durante varios días fichó por varios de sus compañeros en la Casa Consistorial se extralimitó en sus funciones, según el coordinador de Seguridad Ciudadana. Alfredo Piris aseguró ayer que la labor de este policía, asignado al control del acceso al Ayuntamiento, no va más allá de garantizar la seguridad del recinto, y que pese a ser un agente de la autoridad carece de potestad para pedir la documentación a nadie si no es para evitar una situación de peligro dentro del Consistorio.

Ante la demanda de respuestas por parte de la oposición por la actuación de esta funcionaria y el supuesto toque de atención desde las más altas instancias municipales al agente que reveló el abuso, el propio Piris tomó ayer la palabra en la comisión de Función Pública. El responsable de seguridad aseguró haberse dirigido "amigablemente" al agente para explicarle que aunque constatara día tras día la infracción de la técnico (que primero dio un nombre falso, y en jornadas posteriores se negó a identificarse) no podía pedirle sus datos.

El agente, de baja por ansiedad tras haber sido presuntamente amenazado en plena calle por el marido de la infractora, un alto funcionario municipal, se sintió también coaccionado por un subinspector de la Policía Local y por el propio Piris, que trató de hacerle ver a quién estaba denunciando. "Puede que me entendiera mal", señaló el responsable policial, que al igual que el concejal de Seguridad Ciudadana, Alfredo Iturricha, cree que el agente debió limitarse a denunciar el caso ante el Departamento de Función Pública.

También lo hizo, en todo caso, y por ello el equipo de gobierno ha abierto una investigación para "ir hasta el final" y "depurar las responsabilidades que existan porque es reprobable que un funcionario pueda fichar por otro", dijo Iturricha. Así pues, el episodio cuenta ahora con dos vertientes. Por un lado, la investigación interna por parte de Función Pública, y por otro la judicial, pues el policía denunció las supuestas amenazas recibidas por parte del marido de la funcionaria. A la oposición las explicaciones ofrecidas ayer no le convencieron, y así el PNV pidió que se aplique el protocolo de prevención de acoso laboral al agente y que se le preste asistencia jurídica.