la abogacía estatal se ha levantado contra el proyecto de Ley de Justicia Gratuita impulsado por el Gobierno central y que a día de hoy prosigue su tramitación en el Congreso de los Diputados. Una norma que, entre otros aspectos, pretende burocratizar al máximo el acceso a este servicio público, que reduce el tope de ingresos de las familias para tener derecho a él y que suprime la obligación de residencia de los letrados del turno de oficio en el lugar de asistencia al beneficiario. Los abogados denuncian que esta nueva ley socavará uno de los derechos fundamentales de los ciudadanos con bajos recursos, el de la asistencia letrada gratuita, y mermará tanto el contacto personal como la cercanía y la proximidad de los abogados con sus clientes. En definitiva, lo que se presupone a una justicia gratuita de calidad. Una realidad que se suma a las sangrantes tasas judiciales que también aprobó en su día el Ejecutivo de Mariano Rajoy y a las que cualquier ciudadano que desee ejercitar su derecho a demandar debe hacer frente desde finales de 2012. Esta deriva privatizadora que sufre la Justicia, al igual que la que se ha producido en otros servicios públicos esenciales, se acrecienta en plena crisis económica.

Los letrados alaveses no se han quedado atrás en el rechazo frontal hacia un proyecto que, en su origen, pretendía corregir los defectos que generó en el sistema la Ley de Justicia Gratuita de 1996, la primera que reguló este servicio prestado de manera altruista desde hace décadas y que financia la Administración. "Nos hemos encontrado con una nueva ley que, lejos de acoger los cambios que esperábamos, empeora la situación en todos los sentidos. Este proyecto es una amenaza para el sistema y no soluciona los problemas que ya teníamos". Habla Javier García Pascual, decano del Colegio de Abogados de Álava, que acaba de ser reelegido en su cargo tras el reciente proceso electoral que ha vivido esta institución. Le acompañan en su encuentro con DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA Natalia Barbadillo, su vicedecana, y el tesorero del colegio, Jorge Sánchez.

La Junta de Gobierno de los letrados alaveses, que afronta su segundo mandato, apuesta por un proyecto continuista, que se basa fundamentalmente en la lucha por "mantener el sistema" frente a las amenazas que se ciernen sobre él. La última, esta Ley de Justicia Gratuita que Madrid pretende justificar mediante el supuesto abuso que los ciudadanos realizan de esta figura. García Pascual no entiende que "se enfoque un servicio público dentro de la libre competencia", tal y como pretende realizarse en este caso.

"¿Cuál es el objetivo de todo esto? A mí que me lo expliquen. Lo que veo es una clara privatización a largo plazo, para que la justicia gratuita pueda prestarse por parte de una empresa enorme y a un coste muchísimo inferior de lo que la Administración paga ahora. Es una vergüenza", censura. A juicio de los letrados, este proyecto tampoco garantiza una financiación pública suficiente para mantener en pie el sistema, que el Gobierno vincula "sin sentido" a lo recaudado por las ya citadas tasas judiciales. "Sólo hay que mirar los Presupuestos Generales del Estado para ver que esa vinculación no es cierta", apunta García Pascual.

inconstitucional El decano del colegio alavés tiene también el "convencimiento" de que la Ley de Tasas Judiciales es "inconstitucional se mire por donde se mire". Precisamente, la norma se encuentra todavía a expensas de un pronunciamiento en este sentido por parte del Tribunal Constitucional (TC), una posición que se está haciendo esperar y cuyo retraso despierta la "preocupación" de García Pascual y sus compañeros. Según Natalia Barbadillo, esta ley comenzó a dificultar el acceso a la Justicia en un momento, crisis económica mediante, en el que los poderes del Estado deberían impulsar la creación de más juzgados y habilitar más medios humanos. "Pero el Gobierno lo ha hecho al revés. Cierro la puerta y así no se me colapsa la administración de Justicia. Lo que hacen las tasas es cerrar esas puertas a muchos ciudadanos que no pueden pagarlas y, por lo tanto, no pueden presentar una demanda y ejercitar su derecho ante los tribunales", enfatiza. Los letrados dan por hecho que las tasas han empujado a miles de ciudadanos a no acudir a los tribunales a defender cualquier causa que consideren justa, aunque todavía no existen datos fiables al respecto. Unos registros que, según advierte García Pascual, habrá que mirar con lupa cuando salgan a la luz para no llevarse a engaños.

No en vano, cada vez más personas se ven obligadas a tirar precisamente de la justicia gratuita debido a la crisis y sus beneficiarios están exentos del pago de la tasa. En definitiva, aunque a buen seguro esos datos reflejarán un descenso de la litigiosidad, ésta será todavía mayor si se descuentan los procesos sujetos a la justicia gratuita. Digan lo que digan las cifras y el propio TC, para García Pascual y su equipo el daño ya está hecho. "El Constitucional quizá diga que se moderen las tasas, que probablemente será lo que pase. ¿Pero cuánto tiempo ha pasado desde que se aprobaron? ¿A cuántas miles y miles de personas has dejado fuera de la Justicia? ¿Vale la pena ingresar 300 millones de euros para todos los derechos que se han visto cercenados? Yo lo tengo claro", critica el decano del colegio. Por el momento, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha establecido recientemente de forma unánime la improcedencia de la tasa judicial que se exige para interponer demandas de revisión de sentencias firmes.

Otra de las preocupaciones que asalta a los abogados alaveses tiene que ver con una tercera reforma legal que en este caso aún es anteproyecto, la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Un texto que, dentro de sus aspectos más polémicos, pretende establecer una cuota colegial máxima de 250 euros al año y eliminar los cánones de entrada, una cantidad fija que el profesional paga por inscribirse la primera vez. Aproximadamente el 75% de los colegios estatales supera ese umbral de 250 euros, lo que pone en riesgo la continuidad de un número incontable de estas instituciones.

En el caso del colegio alavés, cerca del 85% de su financiación corre a cargo de las cuotas de sus colegiados. "Apelando a supuestos mandatos europeos que no son ciertos al 100%, se intenta hacer desaparecer a determinados colegios. Hemos llegado a este punto de intervencionismo por parte del Estado", censura García Pascual. La consecuencia práctica de esta ley pasará, lógicamente, por una reducción forzosa de los gastos de los colegios al tener limitados sus ingresos y, por tanto, de los servicios que presta a la ciudadanía. "Si por ley te exigen que tus ingresos se vean limitados no podremos mantener esos servicios", avisa Jorge Sánchez. En el punto de mira, lógicamente, se encuentran de nuevo los que los colegios prestan de manera gratuita. "Nos están escondiendo un cambio general de modelo que va a afectar a los ciudadanos los primeros", zanja García Pascual.