gasteiz. Juan José Macho ha logrado una victoria total en los tribunales sobre su exempresa, Buruplast, tras un largo y desagradable proceso judicial que arrancó cuando este gasteiztarra fue despedido, en abril de 2012. No ha sido un plato de buen gusto para él verse inmerso en esta situación, pero al menos ahora puede celebrar que ha desenmascarado a un empresario "tramposo", según sus propias palabras, que le puso de patitas en la calle mediante un ERE por causas económicas que la Justicia ha puesto en tela de juicio.

Macho demostró en primera instancia que su exjefe fue capaz de presentar el citado Expediente de Regulación cuando la situación real del negocio era otra bien distinta. Así lo dictaminó en su día el Juzgado de lo Social número 1 de Vitoria y, posteriormente, ratificó el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) tras la denuncia presentada por este trabajador, tal y como adelantó hace dos meses DIARIO DE NOTICIAS DE ÁLAVA. Ahora, Macho ha logrado que su exjefe tenga que compensarle económicamente no sólo por haber sido víctima de un despido improcedente, sino también con todos los intereses generados durante este proceso. Un total de 620,03 euros que se suman a los más de 30.000 derivados de ese despido.

Valiéndose de la reforma laboral, Macho se fue a la calle con sólo 20 días de indemnización, poco más de 14.000 euros, junto con ocho compañeros. "No me importa tanto el dinero como haberle sentado en el banquillo", asegura este padre de familia. "Es triste tener que llegar a esta situación cuando no eres de las personas a las que les gusta moverte en estas aguas. Ojalá no me hubiese pasado esto", añade.

Macho sospechaba que su empresa simulaba encontrarse en una situación económica delicada y, para conseguirlo, desviaba gran parte de sus beneficios a otra sociedad, controlada por el propio administrador de la firma. Así sería posible justificar un ERE por causas económicas, que además podría saldarse con unas indemnizaciones a la baja aprovechando la reforma legal del PP.

Claro que existían sospechas, pero no certezas, así que Macho puso el caso en manos de los abogados para intentar acreditar que esas presunciones eran realidades. El Juzgado de lo Social declaró finalmente improcedente el despido de Macho al no quedar demostrada esa situación "crítica" en la que supuestamente se encontraba la empresa -éste es el término que empleó en su carta de despido y que permitió dar luz verde al ERE- y, en consecuencia, condenó a Buruplast a indemnizar a su exempleado con 45 días por año.

El tribunal dio por probado que Buruplast realizó "importantes desembolsos" a favor de Asoraba, esa otra sociedad controlada por el empresario demandado con el mismo domicilio y centro de trabajo que la primera, "por importe de más de 200.000 euros cada ejercicio", al menos en los años 2009 y 2010, en concepto de alquileres. La propia sentencia advirtió de que la actividad de Asoraba era "prácticamente inexistente" con carácter independiente de la de Buruplast. Se trataba, además, de desvíos que el juzgado dedujo que "se han continuado realizando en los dos últimos ejercicios".

Buruplast había declarado en 2011 unas pérdidas de 46.666 euros y de 43.193 en los dos primeros meses de 2012, cifras en las que sustentó la aplicación del ERE, pero el tribunal advirtió de que carecía de "datos objetivos" al respecto, más aún viendo esos trasvases de capital. "Aún encontrándonos formalmente con dos empresas asociadas, existe una confusión de patrimonios, por lo que se trata de una única realidad empresarial, un único empleador y un centro de imputación de las obligaciones y responsabilidades frente a los trabajadores de carácter unitario", rezó la sentencia, avalada después por el TSJPV al desestimar el posterior recurso de suplicación presentada por Buruplast.

Pese a la contundente resolución judicial, que condenaba también al empresario a hacerse cargo de los intereses generados durante el proceso, éste se ha resistido a pagarlos hasta hace apenas una semana. Primero abonó 334,12 euros pero quedaban pendientes otros 285,91, lo que ha supuesto según Macho "un último pulso a la Justicia". Tras un doble requerimiento del Juzgado de lo Social, ha ingresado todo el dinero pendiente bajo una doble amenaza de embargo y de una nueva obligación de pago de un máximo de 300 euros por cada día de retraso.